Legisladores resaltan la ‘justicia salarial’ de la iniciativa de ley
Diputados de diferentes tiendas políticas resaltaron las virtudes de la reforma al empleo público, aprobada en primer debate por 32 votos a favor y 15 en contra.
Laura Guido y Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), señalaron que el plan nivelaría las distorsiones salariales en el Estado provocadas por el esquema de pluses.
Agregaron que el proyecto de ley regularía las convenciones colectivas, ayudaría a estabilizar las finanzas públicas y mejoraría la calidad de los servicios prestados por las instituciones.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, agregó que la reforma es necesaria para darles sostenibilidad a las finanzas públicas, más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Hablar de una agenda de sostenibilidad fiscal sin abordar el tema de empleo público es imposible”, declaró la también economista y expresidenta de la Comisión de Hacendarios.
Laura Guido, actual jefa del PAC e integrante de esa comisión, resumió: “Hemos aprobado en primer debate este importantísimo proyecto que permite revisar desigualdades que han existido en el sistema de empleo público. Que quienes recién ingresan al sistema lo hagan con una mejor remuneración y que existan mejores condiciones para que las remuneraciones sean justas”.
Benavides, por su parte, declaró que el proyecto es una reforma estructural del Estado que pretende justicia salarial.
“La reforma trata de eliminar las odiosas diferencias salariales que existen entre personas que hacen lo mismo y trabajan en distintas instituciones, o eliminar salarios oprobiosos de ¢8 millones y ¢9 millones que hoy existen en el Estado.
”Me parece que hace un ajuste necesario para servidores del futuro, respetando los derechos adquiridos de los actuales servidores públicos”, manifestó el expresidente legislativo.
La votación de este jueves, según él, es una señal política “contundente”, al lograrse reunir 32 votos a favor.
“La votación en favor de la reforma ha sido más del doble de diputados que votaron en contra. A pesar de estar en una época electoral, en la que algunos diputados, lamentablemente, se han comportado claramente con poses electoreras, la inmensa mayoría de diputados hemos votado a favor, pensando una mayor justicia, mayor equidad en el país”.
Víctor Morales, quien presidió la Comisión de Gobierno y Administración, donde en la anterior legislatura se dictaminó la iniciativa y se hicieron los principales ajustes, destacó la importancia de avanzar en un proyecto donde todo es un “ganar ganar”.
“Va a permitir ordenar el servicio público, tener reglas más claras, definir políticas de remuneración, de capacitación, de reclutamiento a partir del concepto de que hay un régimen único de empleo público dividido en familias”, puntualizó. Morales recordó que, si bien es una reforma estructural del Estado, la iniciativa no trae consigo despidos, no rebaja salarios ni cierra instituciones.
En la acera de enfrente, persistieron las objeciones planteadas desde la etapa de comisión.
Los socialcristianos Pedro Muñoz y Pablo Heriberto Abarca criticaron el fortalecimiento de la rectoría del empleo público en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y la imposibilidad de incrementar el salario de inmediato a los funcionarios actuales que ganen por debajo del salario global. ■