La maraña
Más allá de su gravedad, no puedo, a estas tempranas al‑ turas, juzgar la investigación abierta por el OIJ sobre una posible megarred de corrupción en las contrataciones de obra públi‑ ca. Pero sí me atrevo a plan‑ tear qué espero de ella. Sobre su desarrollo, que sea sólido, enérgico, eficaz y esté blinda‑ do técnica y jurídicamente, y que, con apego al Estado de derecho y el debido proce‑ so, abra un camino expedito para juzgar y castigar a los posibles culpables y exonerar a quienes no lo sean (justicia pronta y cumplida). La impu‑ nidad no se vale.
Sobre sus implicaciones, que no sea convertida en un show político con simples propósitos electorales. Lo que se impone, además de sentar responsabilidades, es utilizar la coyuntura para corregir los factores estruc‑ turales —leyes, métodos, estructuras y normas de re‑ lación— que han propiciado la corrupción. En el camino, no debemos perder de vista que nuestro sistema ha dado más muestras de su capaci‑ dad para descubrirla —algo que acaba de reconocer la So‑ ciedad/Consejo de las Améri‑ cas— que para evitarla.
Ningún otro ámbito, como el de las obras públicas, acu‑ mula tantos elementos propiciadores de corrupción. Existe concentración de la demanda (solo el Estado) y de la oferta (muy pocas compañías), altas barreras de ingreso y mínima competencia. Cada proyecto es un «mundo», poco compa‑ rable con otros, aunque casi to‑ dos oscilan entre las decenas y los centenares de millones de dólares. Del lado público, el Es‑ tado y sus «agentes» (los fun‑ cionarios) manejan fondos sin dueño claro y con rendimien‑ to de cuentas diluido; gozan de gran protección jurídica y reinan sobre enmarañados procesos, con controles más formales que reales. Del priva‑ do, las mayores empresas son familiares y, por ende, cerra‑ das, su capacidad de maniobra es ilimitada y los eventuales beneficios, casi también.
Como resultado, los estí‑ mulos para el arbitraje, la colusión (incluso entre em‑ presas) y la corrupción son exorbitantes; también, para asumir sus riesgos.
La tarea esencial, junto con el rigor de las autoridades y la actuación de los tribunales, es corregir los males sistémicos y sustituirlos por un esquema moderno, con procesos efi‑ cientes, competitivos, ágiles y transparentes. Este objetivo sí merece una sólida comisión le‑ gislativa, bien asesorada y con ruta clara.