OIJ: Constructora recuperó sobornos con facturas falsas
La constructora MECO supuestamente les pagaba sobornos a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para acelerar sus negocios, y luego recuperaba el dinero mediante la confección de facturas falsas que le cobraba al mismo Conavi, dice el expediente judicial del Caso Cochinilla.
Este esquema es descrito en el informe policial, el cual hace énfasis en el papel fundamental que jugaba un hombre llamado Tobías Arce Alpízar, a quien se atribuye ser el encargado tanto de entregar los sobornos como de crear las facturas falsas a nombre de una firma llamada Trac Pesados.
Al menos cuatro empresas habrían recurrido a los servicios de esta persona para pagar dádivas y justificarlas con sus facturas fantasma, dice el documento.
El expediente agrega: “Todas las empresas que contratan los servicios Tobías Arce, desde MECO, Cacisa, Constructora Herrera, LGC, Montedes, etc., constantemente le van a solicitar a Arce Alpízar la confección de facturas por prestación de servicios profesionales, facturados a nombre de la empresa Trac Pesados, la cual fue constituida por el mismo Tobías Arce Alpízar”.
“Tobías Arce Alpízar utiliza la colaboración de su hijo, Alex Arce Barrantes, para hacer las facturas de los trabajos aparentemente fantasma que dicha empresa les estaría haciendo a las empresas constructoras que pagan los sobornos”.
Padre e hijo fueron detenidos el lunes pasado durante un megaoperativo que incluyó 57 allanamientos y la detención de al menos 30 personas, entre ellos los propietarios de las empresas MECO y H Solís, así como empleados del Conavi.
Luego de efectuar intervenciones telefónicas entre el 7 de noviembre del 2019 y junio del 2020, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público pudieron reseñar varios casos en que la constructora MECO, al parecer, pagó sobornos y luego camufló los pagos con facturas de Trac Pesados.
Buen trato.
El documento añade que el objetivo principal de las dádivas era ganarse el favor de los empleados que tenían la posibilidad de dar trato preferente y expedito a pagos pendientes en el Conavi.
Si bien Arce aparece en el expediente, principalmente como empleado de MECO, también habría trabajado para otras proveedoras del Estado.
Según la Policía Judicial, para trasladar y encubrir las dádivas de MECO, Tobías Arce Alpízar coordinaba con Abel González Carballo, gerente de Operaciones de la empresa, y Alejandro Bolaños Salazar, gerente comercial y representante legal de MECO.
El expediente añade que tuvieron el aval de Carlos Cerdas Araya, gerente general de MECO, para “legitimar los dineros de las dádivas como egresos aparentemente legales de la empresa”.
“En el desarrollo de esta actividad delictiva, resaltan los roles del investigado Tobías Arce Alpízar, quien para llevar a cabo estas acciones ilícitas, en su función de intermediario entre MECO y el Conavi, es remunerado constantemente por la constructora, con aprobación directa del dueño, Carlos Cerdas Araya, e intermediación de su subalterno Alejandro Bolaños Salazar, quienes a través de este (Arce) materializan la obtención de beneficios para la empresa”, detalla el documento.
De acuerdo con la tesis del OIJ, para que Tobías Arce cobrara los supuestos servicios profesionales que debía traducir en dádivas, la gerenta financiera de MECO, Alejandra Bonilla Guillén, introducía en la contabilidad de la compañía los sobornos y la remuneración de Arce bajo “la mampara de que dichos gastos atienden la prestación de servicios profesionales de la empresa Trac Pesados”.
No obstante, el plan era “ocultar el verdadero motivo de estos egresos ante el Ministerio de Hacienda y finalmente cobrarlos ante la Administración”.
Como ejemplo de las facturas que cobraba Arce Alpízar, junto con su hijo Alex Arce, como propietarios de Trac Pesados S. A., constan dos facturas por ¢1,5 millones cobradas a MECO a finales del 2019 por supuestos servicios profesionales que, en realidad, correspondían a sobornos para funcionarios de Conavi.
Antes de la emisión de esas facturas, en noviembre del 2019, Tobías Arce se encargó de entregar dinero a Hugo Zúñiga Fallas, delegado de firmas de Conservación Vial del Conavi, así como a los analistas financieros Eliécer Rivera Campos y Luis Mata Madrigal.
Recibieron ¢250.000, ¢200.000 y ¢158.000, respectivamente, para darles trámite expedito a facturas de MECO en Conavi, dice el expediente.
Encubrir.
El legajo agrega que los gerentes fnanciero, de Operaciones y comercial de MECO, “a sabiendas de la falsedad del documento, utilizaron la factura falsificada para darle apariencia de legalidad y poder justificar la salida del dinero que se entregó como dádivas a varios funcionarios públicos del Conavi”.
En febrero del 2020, la empresa de los Arce emitió otra factura de ¢520.000 y, luego, entre febrero y marzo, los mismos funcionarios públicos al parecer recibieron ¢250.000, ¢200.000 y ¢70.000 por dar trato preferencial a facturas de Meco.
En marzo del 2020, los funcionarios del Conavi, Hugo Zúñiga, Eliécer Rivera y Mauricio Ortiz recibieron ¢50.000, ¢70.000 y ¢50.000 por acelerar otras facturas.
En consecuencia, Trac Pesados creó una factura por ¢200.000.
“Tobías Arce Alpízar, en conjunto con Abel González Carballo (de MECO), una vez que tienen la sumatoria de todo lo gastado en coimas, factura en este caso a MECO, argumentando venta de supuestos servicios profesionales, los cuales salen facturados a nombre de la empresa Trac Pesados, de la cual Tobías Arce y su hijo Alex son los propietarios, justificando contablemente, de manera lícita las dádivas a los funcionarios”, cita.
Constructora MECO y la empresa Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles (Diccoc) les entregaron dádivas a tres gerentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) durante un viaje que estos realizaron a Puerto Viejo, en Limón, y a Guabito, en Panamá, dice el expediente judicial del Caso Cochinilla.
La investigación judicial menciona a Carlos Solís Murillo, entonces gerente financiero del Conavi y a Carmen Madrigal Rímola, gerenta de Proveeduría.
También cita a Marcela Monge Hernández, gerenta de Adquisición y Finanzas del Conavi.
Todos ellos fueron detenidos este lunes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía junto con otras 27 personas.
En febrero del 2020, dice el expediente judicial, el hombre y las dos mujeres debían ir a Limón por funciones institucionales. Sin embargo, la compañía Diccoc pagó los gastos de viaje de los tres empleados.
El recorrido realizado.
Una vez en Puerto Viejo, los funcionarios salieron hacia Sixaola, cruzaron la frontera con Panamá y pasaron a Guabito, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, donde realizaron compras.
El documento judicial agrega que esas compras luego fueron internadas a Costa Rica en autos de la firma MECO.
Guabito es una comunidad panameña, colindante con Sixaola, donde se pueden realizar compras de electrodomésticos, ropa y alimentos a más bajo precio que en Costa Rica.
Precisamente, ambos poblados están separados por el río Sixaola, sobre el cual MECO construyó el llamado puente Binacional, de 260 metros de largo y dos carriles.
Coordinación.
El documento señala que el traslado de las compras de los tres trabajadores del Conavi había sido previamente coordinado con Abel González Carballo, gerente general de MECO, también detenido este lunes, así como con Eloy Alberto Matamoros Loría, funcionario de esa empresa que, a la fecha, no figura como investigado.
“Compraron diversos bienes, siendo que para trasladar esto desde el lugar hasta donde se encontraban hospedados, faltando a su deber de probidad en la función pública, aceptaron la dádiva previamente acordada con los imputados Abel González Carballo y Eloy Alberto Matamoros Loría (MECO), consistente en el transporte de los bienes adquiridos en un vehículo de la empresa MECO desde el sector de Changuinola, Guabito, Panamá, hasta el sector de Talamanca”, menciona la pesquisa del OIJ.
Al respecto, el OIJ señaló que esta retribución fue entregada a Carlos Solís y Marcela Monge con el fin de que se diera un “trato preferencial y expedito” de facturas y trámites que la empresa MECO tenía pendientes en el Departamento Financiero de Conavi.
Bien informados.
En cuanto a Carmen Madrigal, señala la investigación, el trato era que esta funcionaria “los tuviera informados con respecto al tema de los trabajos de La Galera (construcción de paso en Curridabat, San José) y las mezclas asfálticas de Guanacaste” que se veían en la Proveeduría de Conavi.
El expediente agrega que, de regreso de Limón, los tres funcionarios del Conavi utilizaron un vehículo oficial de la institución para traer sus compras hasta San José, utilizando recursos públicos en beneficio propio.
Para este viaje, al entonces gerente financiero de Conavi, Carlos Solís, se le brindó un vehículo Toyota Land Cruiser, año 2012, “a fin de realizar funciones
“COMPRARON DIVERSOS BIENES, SIENDO QUE PARA TRASLADAR ESTO DESDE EL LUGAR HASTA DONDE SE ENCONTRABAN HOSPEDADOS, FALTANDO A SU DEBER DE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, ACEPTARON LA DÁDIVA PREVIAMENTE ACORDADA CON LOS IMPUTADOS ABEL GONZÁLEZ CARBALLO Y ELOY ALBERTO MATAMOROS LORÍA (MECO), CONSISTENTE EN EL TRANSPORTE DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN UN VEHÍCULO DE LA EMPRESA MECO DESDE EL SECTOR DE CHANGUINOLA, GUABITO, PANAMÁ, HASTA EL SECTOR DE TALAMANCA”.
OIJ investigación
propias de su cargo”.
“El 21 de febrero de 2020, actuando conjuntamente con Marcela Monge Hernández y Carmen Madrigal Rímola, violentando el deber de probidad y sin relación alguna con sus funciones, utilizaron en provecho propio dicho vehículo institucional para transportar los bienes adquiridos por ellos en el sector de Changuinola, Guabito, Panamá, hasta la provincia de San José”, describe el informe.
El expediente judicial agrega que las dádivas de las empresas fueron entregadas a cambio de la agilización de trámites que MECO y Diccoc tenían pendientes en el Conavi, así como información sobre proyectos.
El pago del viaje, según la pesquisa judicial, al parecer fue ofrecido por Tobías Arce Alpízar y Alister Cervantes Morales. Ambos hombres forman parte de la lista de detenidos.
Trato preferencial.
Indica el documento que, en el caso de Solís y Monge, a cambio del viaje, estos dos dieron “un trato preferencial y expedito a las facturas de la empresa inspectora Diccoc, que en ese momento se encontraban en cobro en el Departamento Financiero de Conavi”.
Además, Diccoc tenía trámites pendientes en el Departamento de Proveeduría del Conavi.
Viajes.
Estos tres gerentes también habrían recibido un viaje pagado a la localidad de Jacó, en Puntarenas, donde se hospedaron en el hotel Best Western; todo esto fue cubierto por la empresa Constructora Herrera.
Según el expediente judicial, el pago del viaje fue ofrecido por William Herrera, gerente general de la empresa constructora.
“Según lo acordado con William Herrera Chacón, representante de Constructora Herrera, aceptaron una dádiva consistente en el pago de los gastos del viaje que realizaron el 5 y el 6 de agosto del 2020 al hotel Best Western, en Jacó”, menciona la investigación.
Herrera, quien figura como uno los empresarios detenidos en los allanamientos de este lunes, emitió esta retribución a cambio de que Carlos Solís y Marcela Monge ayudaran con facturas de la constructora que estaban en el Departamento Financiero.
Mientras tanto, el trato con la gerenta Madrigal habría consistido en que ella ayudara con la agilización de trámites en Proveeduría, y diera acceso a “información privilegiada” sobre los procesos de contratación administrativa.
Madrigal y Marcela Monge también recibieron un viaje con todo pagado a la zona norte por parte de la Constructora Herrera, cuya sede está en San Carlos, Alajuela.
“Aceptaron una dádiva consistente en el pago de los gastos del viaje que realizaron entre el 14 y el 16 de abril del 2020 a la zona norte del país, específicamente San Carlos”, se puede leer en el documento judicial.
El objetivo del viaje, según el OIJ, era que se agilizara el pago de facturas a la empresa constructora.