Gerente con larga trayectoria movía hilos de dádivas en Conavi
OIJ indica nexo con jerarcas de constructoras
El nombre de Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), es, quizá, uno de los que más veces se repite en el expediente de 574 páginas, bajo el cual se tramita la causa del llamado Caso Cochinilla, relacionado con corrupción en obras viales.
Solís, quien trabajó más de 30 años en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), aparece citado en múltiples ocasiones en el informe, cuando se detalla el recibimiento de dádivas. Pero también figura como enlace directo con altos mandos de las constructoras ligadas a la pesquisa.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) evidencia, en la prueba recabada a través de escuchas telefónicas, que cuando Solís trabaja en el Conavi mantenía una relación tan cercana con esos representantes de compañías, que le permitía solicitarles carne y salchichón para la fiesta de fin de año del Conavi, reunirse para almorzar, ver partidos de fútbol y hasta compartir intimidades.
Solís Murillo es administrador de empresas con énfasis en contaduría pública e ingresó a trabajar en el MOPT en 1991; ahí ocupó puestos directivos y jefaturas relacionadas con el área financiera. Allí se mantuvo hasta agosto del 2001, fecha en que llegó al Conavi.
Dentro de ese consejo, él también ocupó cargos como jefe de análisis financiero y ejecución presupuestaria, director administrativo, subdirector ejecutivo y director financiero.
En dos ocasiones, el hombre quedó al mando del Conavi pues fue nombrado como director ejecutivo interino en el 2003 tras la salida del entonces jerarca José Luis Salas y en el 2017, cuando German Valverde dejó el puesto para ser ministro del MOPT.
Actualmente, Solís está pensionado.
En el expediente judicial, la Fiscalía apunta que el hombre abusó de su cargo como gerente financiero para realizar actos como intervenir para apurar el pago de facturas de las empresas que le ofrecían dádivas, realizar modificaciones presupuestarias en favor de las constructoras, incluir montos falsos en órdenes de servicio, trasladar recursos de distintos destinos y privilegiar con información financiera relativa a procesos de contratación no adjudicados para las empresas interesadas; entre otras cosas.
“Ayuda”. Según la prueba recabada por el OIJ, Solís pidió a varias empresas “colaboración” para una fiesta de empleados del Conavi que tuvo lugar en el centro de recreo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en Coronado, el 29 de noviembre del 2019.
El expediente detalla que compañías como H Solís, MECO, FCC, Cacisa, Hermanos Bustamante, Dicooc y Also Frutales, habrían dado montos desde los ¢200.000 hasta los ¢600.000 para la actividad, así como aportes en especies como cervezas, carnes, tortillas y licores variados.
Por otra parte, el documento señala que la relación cercana que tenía con los empresarios le permitió, en al menos dos ocasiones, solicitar la colocación de allegados suyos en MECO y H Solís.
De momento, este es el único de los detenidos a quien la pesquisa judicial asocia con posibles favores sexuales que habrían sido pagados por las empresas en retribución por sus acciones.
Según se lee en el expediente, Solís Murillo “ha demostrado hasta el momento, ser una persona altamente manipulable ante las motivaciones sexuales y etílicas que se le presenten”.
De los datos incluidos en el legajo se extrae que habría recibido al menos $2.000 provenientes de H Solís a cambio de una modificación presupuestaria y por pagar de forma expedita facturas del proyecto de Circunvalación norte.
En otro apartado del escrito, se mencionan otros $3.000 girados por esa misma empresa en retribución por una modificación presupuestaria.
Para esa misma firma habría realizado, conforme al expediente, ajustes en contratos de trabajo a su conveniencia.
Entre los montos que el OIJ logró acreditar, se indica que el funcionario habría aceptado ¢300.000 de parte de MECO, ¢100.000 de la empresa LGC, ¢150.000 de Constructora El Guarco y ¢100.000 de Grupo Almendro; todos estos en retribución por el pago expedito de facturas que las empresas tenían presentadas ante Conavi.
A esto se suman numerosos almuerzos en restaurantes costosos y pago de cuentas en bares no tan exclusivos; así como un viaje con gastos pagos a un hotel en Jacó, los gastos de un paseo a Puerto Viejo de Talamanca a donde se acompañó de otros funcionarios, botellas de whisky y otro tipo de regalías.
“Entre Ios meses de noviembre y diciembre del 2019, el investigado Carlos Solís Murillo recibe constantemente dádivas dadas por los gerentes y colaboradores de MECO, Alejandro Bolaños Salazar, (gerente comercial y representante legal de MECO), Abel González Carballo (gerente de Operaciones de MECO) y Tobías Arce Alpízar (intermediario entre empresas y Conavi), consistentes en la entrega de licores, el pago de almuerzos costosos, pago de servicios sexuales, patrocinio para la fiesta del Conavi, así como mensualidades en efectivo”, expone el legajo.
Tras esa enumeración, el documento lo menciona como un funcionario que estaba “siempre al servicio de los intereses de MECO”.
En repetidas ocasiones, el expediente señala que gracias a los actos indebidos de Solís Murillo, MECO y H Solís lograban el pago de facturas por miles de millones, correspondientes a trabajos de mantenimiento y conservación de carreteras, las cuales recibían trato preferencial y expedito dentro del departamento.
Hueco presupuestario. Según relata la causa judicial, en diciembre del 2019, el funcionario y otro de los encausados identificado como Francisco Molina Salas, quien es director financiero del MOPT; dirigieron solicitudes presupuestarias ante el Ministerio de Hacienda para lograr la aprobación de un presupuesto extraordinario por ¢51.000 millones, de los cuales Solís usaría una parte para cubrir fondos malversados en el Conavi.
“Para ejecutar el ilícito, Carlos Solís Murillo y Francisco Molina Salas contaron con la intervención esencial del asesor presidencial y encargado de los temas de infraestructura de Casa Presidencial Juan Camilo Saldarriaga Jiménez, quien influiría sobre el ministro de Hacienda, en ese momento el viceministro lsaac Castro Esquivel, para que se produjera el resultado pretendido por los funcionarios públicos”, reza el informe.
Posteriormente se añade que nuevamente, en julio del 2020, el gerente de adquisiciones del Conavi habría dirigido una moción presupuestaria ante la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en la que planteó la aprobación de ¢22.500 millones de los cuales usaría una parte para cubrir el déficit ,que para entonces era de ¢42.000 millones a causa de los dineros malversados en el Conavi, y así poder continuar destinando los fondos a conveniencia según los intereses de las empresas contratistas.
Solís Murillo fue detenido, el lunes pasado, durante los allanamientos que tuvieron lugar de manera simultánea en el Conavi, las oficinas de las empresas investigadas y casas de habitación de funcionarios y empresarios.
Desde ese día, Solís así como otros 29 detenidos, se encuentran en la fase de audiencias preliminares en donde se determinarán las medidas cautelares para cada uno ellos.
Dos de esas personas salieron este sábado de celdas del OIJ, una de ellas con medidas alternativas a la prisión preventiva, mientras que a otro se le dejó en total libertad.
Contra todos ellos se sigue la causa 19-000025-1218-PE por los delitos de cohecho, penalidad de corruptor, tráfico de influencias y otros en perjuicio de los deberes de la función pública y otros.