Luto y acciones
El país está de luto: 57 allanamientos, 14 de ellos en instituciones públicas, incluida la Casa Presidencial, y la posible pérdida de una millonaria suma de dinero apuntan a prácticas indeseables que corroen la institucionalidad y toca las puertas hasta el más alto nivel. No pretendo adelantar criterio, pues todos gozan del derecho a la defensa.
Lo único bueno de lo sucedido es que, a diferencia de otros países, contamos con autoridades investigadoras fuertes e independientes, que con sus acciones nos llenan de esperanza, porque en Costa Rica nadie está por encima de la ley y quienes sean responsables enfrentarán el rigor de la justicia.
Abrir una investigación legislativa resulta inconveniente, porque se va a politizar y será un interminable desfile de personas que se abstendrán de declarar. Los medios de comunicación son los llamados al seguimiento sin entorpecer y la ciudadanía está clara de las responsabilidades políticas. El silencio de los garantes éticos, sin embargo, es muy elocuente.
El Poder Legislativo debe garantizar los recursos para una justicia pronta y cumplida, y si de control político se trata, lo constructivo es una revisión del Estado y de las razones por las cuales anteriores casos de presunta corrupción terminaron en impunidad o no progresan, como el del cemento chino.
La Asamblea debe apoyar mediante la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio, instrumento contra el narcotráfico y lavado de dinero, pero debe valorar hacerlo extensivo a hechos relevantes de corrupción como excepción.
Deben reforzarse los entes de supervisión y regulación, llámese Contraloría, auditorías internas e incluso la Comisión para Promover la Competencia, y transparentar aún más los sistemas de contratación administrativa.
Evitar otro doloroso capítulo depende de la responsabilidad de todos. Como en Suiza, debemos evolucionar hacia una ciudadanía activa, en donde se ejerce responsablemente la denuncia cuando se detectan manifestaciones inusuales de riqueza y conductas sospechosas.
La corrupción es un desafío global por erradicar, entre otros, porque empobrece a las naciones, de ahí que Costa Rica debería ser proactiva en apoyar la idea de una Corte Internacional Anticorrupción, poderosa y necesaria creación de carácter multilateral.