Exjefa judicial usó subalterno para redactar tesis de grado
También envió a notificador para inscribir hijo en una escuela de fútbol
La exdirectora jurídica del Poder Judicial utilizó, durante tres meses del 2016, a un subalterno para que la ayudara a investigar y redactar una tesis para optar al grado de doctorado en Derecho.
La situación anómala se presentó entre los meses de mayo a agosto del 2016, según determinó una investigación del Tribunal de la Inspección Judicial, cuyo resultado fue conocido y confirmado en la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial apenas el pasado 18 de marzo.
De acuerdo con el acta del Consejo, se trata de una exfuncionaria de apellidos Monge Molina, a quien desde el 2016 se le abrió una investigación interna tanto por ese hecho, como por utilizar a notificadores judiciales para que inscribieran a un hijo en la escuela de fútbol del Club Sport Herediano, y para que llevaran incapacidades de su esposo a la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia.
Al cerrar la pesquisa, el Consejo Superior determinó que la sanción que se justifica “conforme a los principios de proporcionalidad y racionalidad que inspiran el derecho laboral sancionatorio y en este caso por la gravedad de las conductas en que incurrió la investigada, es el despido, pues en este caso se ha generado una pérdida objetiva de confianza”.
Sin embargo, la sanción no se pudo imponer pues Monge Molina renunció el 3 de setiembre del 2018.
Por estos mismo hechos, la Fiscalía Adjunta de Probidad,
Transparencia y Anticorrupción allanó la Dirección Jurídica, el 20 de noviembre del 2017, y abrió un proceso penal.
Sobre ese proceso, el Ministerio Público informó: “La causa 17-000113-1218-PE se mantiene en investigación, por el presunto delito de peculado, en contra de una mujer de apellidos Monge Molina.
La Dirección Jurídica del Poder Judicial fue creada en febrero del 2015 y, desde ese momento, se encomendó a Monge Molina dirigir la oficina. Ella fue relevada del cargo el 21 de noviembre del 2017, cuando la suspendieron durante tres meses y renunció en el 2018. En ese momento, tenía 15 años de laborar para el Poder Judicial.
La Nación intentó contactar a Monge, pero no fue posible localizarla en los teléfonos asignados a su nombre.
El caso de la exdirectora jurídica del Poder Judicial lo conoció el Consejo Superior en la sesión del pasado 18 de marzo, pues Monge había apelado la revocatoria de su nombramiento.
Según la investigación, los hechos tienen su origen entre abril y mayo del 2016, cuando la exfuncionaria le pidió a Bolaños, un técnico judicial, que le prestara colaboración para la confección de un documento de orden personal, o sea, la tesis para optar por el grado de Doctorado Académico.
“Encargo que debía realizar como parte de sus funciones dentro de la jornada laboral en la Dirección Jurídica”, señala la documentación.
Para que el subalterno realizara la labor le aportó insumos tales como “libros para trabajar en la tesis y le indicó que el tema a desarrollar era sobre la crisis del Estado benefactor y la creación de la Sala Constitucional y (...). Además, le indicó que manejara con discreción ese asunto y que no le contara nada a nadie”.
De acuerdo con la pesquisa, entre los meses de mayo a agosto del 2016, Bolaños utilizó aproximadamente un 80% de su tiempo laboral para trabajar en la tesis.
Para ello, usó una computadora de escritorio del Poder Judicial en una oficina de la Dirección Jurídica, que estaba en el quinto piso del edificio de la Defensa Pública.
A inicios de agosto del 2016, la exdirectora jurídica le agradeció a Bolaños la labor hecha y le pidió que le entregara el avance de la investigación.
Se trató de un documento de aproximadamente 300 hojas, que se encontraba capitulado pero que tenía partes pendientes de redacción, determinó la investigación del Tribunal de la Inspección Judicial.
Asimismo, la documentación señala que en los meses de junio o julio del 2017 un notificador judicial de apellido Hidalgo, que laboraba para la Dirección Jurídica, a pedido de Monge “se trasladó a las instalaciones del Estadio Eladio Rosabal Cordero (en Heredia), propiamente a la Oficina de Reclutamiento, a fin de inscribir a un menor hijo de la denunciada Monge Molina, como participante en una actividad denominada “visoría de liga menor”.
En el recurso de apelación que presentó ante el Consejo Superior, Monge Molina argumentó que en el proceso administrativo se violó el debido proceso, pues cuando tuvo conocimiento de la denuncia anónima no le permitieron el acceso al expediente.
También cuestionó que se violentaron los deberes de confidencialidad y privacidad. pues dijo que sin ser notificada de la investigación en su contra, ya la prensa había informado de que la directora jurídica había sido suspendida temporalmente de su cargo.
La exfuncionaria rechazó que Bolaños colaborara en la confección de la tesis, pues afirmó que durante la investigación “no fue posible acreditar que yo llamara al señor Bolaños a mi oficina para ordenarle que trabajara en mi tesis doctoral. Yo realicé la tesis mucho antes de la fecha acusada, cuando me desempeñaba como auxiliar judicial”.
Sin embargo, el Consejo Superior del Poder Judicial estimó que: “Este órgano no encuentra (...) infracción al debido proceso, ni al derecho de defensa de la parte apelante” y determinó que la sanción correcta era la revocatoria de nombramiento.