Exgerente recibió donativos a cambio de ‘trato preferencial’
Con la finalidad de que el Departamento Financiero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) les diera un trato “preferencial y expedito” a las facturas que tenían en cobro, múltiples empresas habrían dado en, al menos 43 ocasiones, dádivas a Carlos Solís Murillo, quien se pensionó en mayo pasado como gerente de esa dependencia.
En el registro de escuchas del Caso Cochinilla, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detectó que a finales de noviembre del 2019, personeros de las empresas MECO, Cacisa, Also Frutales, Constructora Hermanos Bustamante, Diccoc y FCC le prometieron, por separado, al ahora exgerente dinero y regalos en especie.
El reporte incluso indica que, en apariencia, le dieron 70 kilos de carnes (res, cerdo, pollo, chorizo y salchichón) y 50 paquetes de tortillas, 10 botellas de licor (whisky, ron y tequila) y decenas de cervezas, para una fiesta de empleados del Conavi.
Además, según el informe, le prometieron ¢1,2 millones para pagar los gastos de la celebración, incluyendo el alquiler de un toro mecánico.
Según expediente judicial, funcionarios de MECO, con la intermediación de Tobías Arce, también le habrían dado de manera constante a Solís Murillo “licores, pago de almuerzos costosos, pago de servicios sexuales, patrocinio para la fiesta y mensualidades en efectivo”.
A cambio, señala el informe, los empresarios pretendían que el entonces gerente acelerara la ejecución de un presupuesto extraordinario, el cual incluía ¢200 millones que aseguraban la continuidad de los trabajos que MECO tenía en curso.
Los hallazgos de la Fiscalía y del OIJ indican que esta firma, presuntamente, fue la que más dádivas ofreció y entregó, principalmente, por medio de sus gerentes, Abel González Carballo y Alejandro Bolaños Salazar.
La investigación también menciona como emisores de las dádivas a Carlos Cerdas Araya, presidente de la firma, así como a Tobías Arce, quien cumplía un papel de intermediario.
En otras ocasiones, los sobornos tenían como fin eliminar la competencia de MECO en los proyectos que el Estado sacaba a concurso.
Por ejemplo, en marzo del 2020, Solís Murillo habría aceptado un almuerzo a cambio de usar su posición para apartar a la empresa Pedregal de la adjudicación de la reparación de la vía a Nosara, en Guanacaste.
Y entre el 20 y el 21 de febrero del año pasado, MECO accedió a que Tobías Arce y un representante de la empresa Diccoc pagaran los gastos del viaje que Carlos Solís, su secretaria y la proveedora del Conavi, Madrigal Rímola, realizaron a Puerto Viejo, a cambio de que la institución agilizara los trámites que la empresa tenía en proceso.
La Nación contactó a los abogados Erick Ramos y Fernando Apuy, defensores de los investigados de MECO y de Carlos Solís Murillo, respectivamente, para solicitarles una declaración sobre la investigación. Sin embargo, al cierre de este artículo, solo Apuy había contestado.
Textualmente dijo: “Hasta este momento, el Ministerio Público no ha demostrado ninguna dádiva recibida por don Carlos Solís, ya que las pruebas sobre sus afirmaciones no las han presentado. El informe del OIJ que leyeron, como solicitud de prisiones preventivas, es comprensivo de hechos, aún sin comprobación de la recepción de dádivas”.
Salario adicional. En julio del 2020, en una conversación telefónica, Juan Carlos Abarca Quesada, gerente operativo de la empresa Also Frutales, le dijo a Mélida Solís Vargas, dueña de H. Solís, que MECO le pagaba un salario mensual de $5.000 (unos ¢3 millones) al entonces gerente financiero de Conavi, Carlos Solís Murillo.
Tanto Abarca Quesada como Solís Vargas figuran en el expediente judicial del Caso Cochinilla entre quienes aparentemente le dieron dádivas a Solís Murillo. En el informe, se citan dos pagos de ¢1,2 millones y ¢1,8 millones para que el entonces gerente de Conavi modificara los presupuestos a favor de H Solís.
Además, en abril del año pasado, Mélida Solís le habría prometido a Solís Murillo darle prioridad a la contratación de un sobrino suyo en la compañía, a cambio de que el Consejo le diera un trato preferencial a las facturas que la empresa tenía al cobro.
Al respecto, Erick Gatgens, abogado de la investigada, cuestionó que la Fiscalía presuma que su representada entregó los sobornos a cambio de la agilización de pagos.
Señaló que el sábado pasado, en la audiencia preliminar del caso, presentó pruebas que acreditan que las facturas de H Solís se pagaron con mayor demora de la usual.
La investigación judicial sobre el Caso Cochinilla asegura que MECO y Carlos Solís Murillo, entonces gerente financiero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), se pusieron de acuerdo para sacar del camino a la empresa Quebradores Pedregal de un concurso para otorgar un contrato de obra vial.
Los hechos habrían ocurrido en torno al concurso para desarrollar obras en la ruta 160, en Nosara, Guanacaste.
Según el expediente judicial, el ahora exgerente del Conavi habría actuado por solicitud de Abel González Carballo, gerente de Operaciones de MECO, empresa a la que, finalmente, le fue adjudicado el trabajo.
Según el documento, Solís Murillo emitió un informe descalificando a Quebradores Pedregal y justificando la resolución en “los compromisos de la empresa”.
Tal decisión, dice la pesquisa, la habría tomado el alto jerarca del Conavi “previo acuerdo con González Carballo” y pese a que Pedregal representaba la opción “de menor costo para el Estado”.
Las otras oferentes eran las constructoras MECO y H Solís.
El expediente judicial señala que uego de dejar por fuera a Pedregal, el gerente financiero redactó otro informe en el que recomendó adjudicar la licitación a MECO.
En dicha resolución también participó Carmen Madrigal Rímola, directora de Proveeduría Institucional del Conavi, afirma el expediente judicial.
La investigación judicial recalca que, en el caso del ahora exgerente del Conavi, por esa gestión habría recibido como dádiva el pago de un almuerzo.
Por otra parte, el documento cita que Madrigal Rímola recibía dádivas “de diversa naturaleza” por parte de los personeros de MECO, como premio por brindar información y estimular, desde adentro, procesos de adjudicación.
Entre los beneficios que habría obtenido la directora de Proveeduría del Conavi, se encuentra la asesoría, por parte de uno de los abogados de MECO, para renovar la visa de una mujer salvadoreña que trabaja como empleada doméstica en su casa.
Según el documento del OIJ, un elemento fundamental para presumir la responsabilidad penal de Solís Murillo y Madrigal Rímola “es el hecho de haber concretado sus expectativas ilegales en la exclusión programada de un participante a partir de la solicitud de González Caballo”.
A partir de ahí, reseña el expediente judicial, “cualquier eventual competencia empresarial es materialmente imposible, si se cuenta con los recursos internos para evitar que esto sea una realidad”.
Además, agrega la indagación del OIJ, “más allá de Ia promesa de dádiva y la consabida propensión y relación de confianza que Solís Murillo ha establecido en favor y con González Carballo y MECO, se pueden afirmar resultados tangibles que amenazan el interés público, el deber de probidad y la sana competencia empresarial”.
Asimismo, cita el expediente, se dan adjudicaciones a partir de solicitudes clandestinas, correspondidas con beneficios económicos y materiales que conducen al funcionario público a integrarse al “modelo corruptor”.
“Bastan unas llamadas telefónicas y algunos ofrecimientos ilegales de una cuantía, que no es especialmente significativa, para producir resultados como los que se describen en el informe”, reza el documento.
Diálogo. La siguiente es una conversación telefónica entre el exgerente financiero del Conavi (Carlos Solís) y el gerente de operaciones de MECO (Abel González).
Abel González: Mae, vamos a almorzar mañana. Es que hoy acaba de llegar Carlos y quiere que haga una reunión y no sé qué, y que esto y que lo otro, entonces, no sé si vamos a almorzar mañana.
Carlos Solís: Mae, yo estaba revisando (...). Es que no sé cuáles son los compromisos de Abel, Pedregal.
Abel: Ajá.
Carlos: Pero Pedregal, la capacidad es limitada, huevón. Abel: Es muy limitada, es muy, muy limitada.
Carlos: Ah, no. En serio, yo es que aquí tengo que pedirle unos compromisos, pero… Abel: ¿Para cuál decís vos? ¿Estás analizando cuál licitación?
Carlos: Pero... estoy revisando uno de suministro de mezcla, mae.
Abel: Ajá.
Carlos: Uno de suministro de mezcla, huevón.
Abel: Mae, pero no tienen ni planta.
Carlos: ¿Ah?
Abel: No tienen la planta.
Carlos: No, no tienen ni verga. Eso es lo que estaba viendo, huevón.
Abel: Sí, no tienen planta.
Carlos: Mae no tienen equipo, huevón. No tienen equipo. Vea, mae…
Abel: Ojalá te Io pudieras volar, mae.
Carlos: No tienen equipo, mae, no tienen equipo. Es que yo, técnicamente, no puedo, huevón. Pero voy a hablar, voy a hablar porque ¿con qué equipo van a hacer eso? Ofreció 13 vagonetas, pero no las tienen.
Abel: No, es que las vagonetas se las tienen embargadas; no son de ellos, son de otra gente, del hermano, de Alejandro.
“CUALQUIER EVENTUAL COMPETENCIA EMPRESARIAL ES MATERIALMENTE IMPOSIBLE, SI SE CUENTA CON LOS RECURSOS INTERNOS PARA EVITAR QUE ESTO SEA UNA REALIDAD”.
OIJ informe caso Cochinilla
Carlos: No, es que yo estaba viendo que, diay, lo que tienen son una capacidad ahí de…
Abel: No, no, no. Si podés echártelo al suelo, dale camino, mae; dale camino.
Carlos: Es que presentaron una línea de crédito, entonces ahí es donde se están salvando, huevón.
Abel: ¿De veras?
Carlos: Sí, pero voy a ver cuáles son los compromisos, porque si tiene compromisos altos, los saco, mae. Es decir, hay que pedirle cuentas, a ver cuáles son los compromisos, porque no presentó ni mierda, mae.
Abel: No, no. Si podés volártelo, mucho mejor, mae.
La constructora MECO le habría ofrecido ¢30 millones al alcalde de Heredia, José Manuel Ulate Avendaño, cuando faltaban apenas dos meses para las elecciones municipales de febrero del 2020, en las que pretendía reelegirse por cuarto periodo consecutivo.
La cifra millonaria consta en el expediente del Caso Cochinilla, que investiga posibles actos de corrupción entre empresas constructoras de obras viales y funcionarios.
El presunto negocio entre MECO y el alcalde se desprende de una de las escuchas telefónicas consignadas en el expediente 19-0000251218 PE.
En el extracto de una conversación registrada el 27 de noviembre el 2019, entre el gerente de operaciones de MECO, Abel González y Luis Fernando Gutiérrez, gerente de la unidad de asfaltos de esa misma empresa, se detalla que el “negocio” total era por ¢98 millones, dinero obtenido posiblemente de una licitación.
De ese total, agrega la conversación, ¢60 millones eran de la empresa, ¢30 millones del alcalde y ¢8 millones restantes “del carajo que hizo todo el menaje (sic) del reajuste”.
Sin embargo, al parecer la empresa no le entregó el dinero a Ulate Avendaño y este se vio obligado a sacar un préstamo.
“Diay, se hizo el maje huevón y ahí está el alcalde que está en lo más y mejor de la campaña. Ahora tuve que ir de carrera y hacer un cambalache con él, oiga, oiga lo que tuvimos que hacer para que sacara un préstamo privadísimo con soporte de que va ir pagando el préstamo a poquito para sacar los 30 millones Pero, diay, ahora hay que pagar un 18% de interés y los tiene que perder el alcalde y la plata la tenemos nosotros, entonces ya el hombre está resfriado”, indicó el gerente de asfaltos.
Posteriormente, ambos empleados de MECO hacen referencia a que el alcalde tenía a su favor las encuestas por lo que les convenía quedar bien con él.
“El carajo va a ganar y luego nos dicen vayan pélenle el diente, vayan pélenle el diente, no se vale…”, concluye Luis Fernando en la conversación registrada.
Según el OIJ, de ese diálogo se desprende la postura de “preocupación y hasta molestia que externa Luis Fernando Gutiérrez al intervenido Abel Gonzalez, dando a entender claramente que todo lo referido a los dineros que Luis Fernando entrega de forma ilegal a funcionarios públicos corruptos, Carlos Cerdas Araya (presidente y dueño de la empresa MECO) no solo tiene conocimiento de ello, sino que es quien les dice cómo administrarlo”.
En su análisis, los investigadores añadieron que Gutiérrez le relata a González que ya había adquirido compromisos con los funcionarios públicos y laboratoristas, mencionando a un ingeniero de la Municipalidad de San José y al alcalde de Heredia.
Además, en una línea de esa misma conversación, Gutiérrez le indica que “en Cartago es todo lo mismo y ahora no quiere pagar y ahora que le di aquello el hombre casi me agarra a besos”, pero no se ahonda sobre ese tema; ni si se trata al igual que en Heredia de un jerarca municipal.
La Fiscalía señala en el expediente que era común que las empresas realizaran acuerdos ilícitos con funcionarios para obtener licitaciones, modificar facturas, ajustar presupuestos a conveniencia y exigir el pago expedito de gestiones de cobro que presentaban ante entes como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Además de los contratos de conservación, empresas como MECO y H Solís también acaparan un alto porcentaje de las contrataciones que realizan las municipalidades de todo el país para atender las rutas cantonales.
En la causa que la Fiscalía mantiene en contra de funcionarios públicos y empresarios de constructoras, no aparece como investigado Ulate Avendaño.
Ulate fue detenido, en abril de este año, tras una denuncia por violación y privación de libertad agravada en contra de una menor de edad.
El alcalde quedó en libertad con medidas cautelares, entre ellas que debe acudir a firmar una vez al mes y tiene prohibido salir del país.
La causa del llamado Caso Cochinilla trascendió el lunes anterior. Ese día, luego de allanamientos simultáneos en empresas constructoras, casas de habitación y el Conavi, el OIJ detuvo a un total de 30 personas.
Entre estos, destacan 17 funcionarios públicos, de ellos 13 trabajadores del Conavi; así como 13 empleados y empresarios de las constructoras.