MECO y H Solís se adjudicaron 64% de dinero del Conavi para obras
¢237.000 millones desde enero del 2015 a hoy
Mitad y mitad de fondos
Cada una recibió casi que mismo monto por arreglos viales y otros
Firmas ‘hermanas’
Sociedades afines a constructoras también concursaban por contratos
¿Y el otro 36%?
Otras 81 empresas, entre ellas, 7 investigadas, obtuvieron el resto
Las constructoras MECO y H Solís se adjudicaron ¢237.370 millones del dinero que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) destinó para obra pública desde enero del 2015 y hasta el 18 de junio pasado.
Ese monto equivale al 64% de los recursos que esa institución gastó, a lo largo de esos seis años y medio (¢371.672 millones), en proyectos viales, incluyendo mantenimiento de caminos, construcción de carreteras, puentes nuevos, diseño y supervisión de obras.
A esa conclusión llegó un equipo de La Nación, luego de analizar las contrataciones que hizo el Conavi y que fueron registradas en los sitios web de la Contraloría General de la República y del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
No se incluyeron los proyectos viales que, si bien son gestionados por el Conavi, son financiados con recursos que provienen de créditos internacionales, como el paso a desnivel en la rotonda de la Garantías Sociales, por $17 millones, por citar un caso.
Las dos constructoras son investigadas por el Ministerio Público por supuestamente pagar sobornos a funcionarios del Conavi para obtener millonarios contratos financiados con fondos públicos.
Incluso, pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le atribuyen a los personeros de esas dos compañías el aparente desembolso de dádivas –en efectivo o en especie– para acelerar el pago de facturas pendientes, o bien, para descalificar de los concursos a otros oferentes con precios más bajos.
Así consta en el expediente judicial del Caso Cochinilla, en el cual se investiga una aparente malversación de ¢78.000 millones del Conavi entre el 2018 y los dos primeros trimestres del 2020.
MECO y H Solís, en conjunto, consiguieron 52 de los 325 contratos que el Conavi adjudicó desde el 2015 a la fecha, es decir, el 16%.
Sin embargo, lograron adjudicarse la mayoría de los proyectos más cuantiosos, los de mantenimiento de la red vial nacional pavimentada, que pueden ascender a $250 millones anuales (¢155.000 millones a tipo de cambio actual).
Por ejemplo, en el 2016, esas dos constructoras se repartieron casi que en partes iguales el 94% de esos contratos de conservación, o sea, ¢120.792 millones de los ¢128.431 millones que el Conavi destinó para ese fin.
Dentro de este conteo se incluyó a dos empresas que aparecen como “hermanas” o subsidiarias de MECO y H Solís en el expediente judicial de este caso, el 19-000025-1218, las cuales también son investigadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Se trata de Also Frutales, donde figura como secretaria Sonia Solís Vargas, hermana de Mélida Solís, la dueña de H Solís.
La otra sociedad anónima es Concreto Asfáltico Nacional (Conansa). El OIJ sostiene que el propietario de MECO,
Carlos Cerdas, tiene “dominio y dirección” sobre esta compañía, aunque no aparece visiblemente como su personero.
Uno a uno. En específico, MECO, como persona jurídica, obtuvo 18 contratos por ¢118.455 millones. Ese monto equivale al 32% del dinero adjudicado por el Conavi desde enero del 2015.
H Solís, por su parte, ganó nueve obras por ¢99.595 millones, es decir, el 27% del gran total de ¢371.672 millones.
Also Frutales recibió 23 contratos por ¢14.182 millones (4%) y Conansa dos proyectos por ¢5.138 millones (1%).
Si vemos los datos en conjunto, H Solís y Also Frutales se adjudicaron el 31% (¢113.777 millones) y MECO y Conansa el 33% (¢123.593 millones).
El 36% restante, unos ¢134.302 millones, se lo consiguieron otras 81 empresas o consorcios, contabilizando a las otras siete compañías que también figuran como investigadas en el Caso Cochinilla. Para esas siete, el Ministerio Público pidió una anotación e inmovilización de persona jurídica en el Registro Nacional, para evitar modificaciones o desintegraciones.
Bajo la lupa. Si al cálculo, además de MECO y H Solís, se le suma el dinero adjudicado a las otras siete empresas bajo la lupa de la Fiscalía, la concentración del mercado asciende al 72% (¢266.984 millones).
En otras palabras, se les contrató siete de cada diez colones que el Conavi gastó en obra pública en los últimos seis años y medio.
Las autoridades judiciales investigan a Constructora Herrera, que recibió 13 contratos por ¢7.162 millones; y a la constructora Montedes, que ganó diez obras por ¢6.793 millones.
Aparecen, además, las empresas de supervisión, diseño y administración: Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería (Cacisa), con ¢5.510 millones; Vieto y Asociados, con ¢4.889 millones; Diccoc, con ¢2.854 millones; Castro y de la Torre, con ¢1.583 millones, y LGC Ingeniería de Pavimentos, con ¢822 millones.
El Gobierno reconoció este viernes por la noche que recibió en 18 ocasiones en Casa Presidencial a Roberto Acosta y su esposa Mélida Solís, dueños de la constructora H Solís, investigada por presunta corrupción en la obtención de contratos de obra pública.
En un comunicado de prensa, el Gobierno alega que los encuentros fueron parte de una mesa de coordinación para trasladar a las familias del precario Triángulo de la Solidaridad, ubicado entre Tibás y Goicoechea.
El desalojo de esas familias se dio en el marco de obras del proyecto del tramo norte de la carretera de Circunvalación,
cuya finalidad es unir La Uruca con Calle Blancos mediante cuatro carriles.
Estas obras fueron otorgadas a H Solís por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“Informamos que entre junio y noviembre del 2018 se conformó una mesa de coordinación para reubicar las familias del asentamiento humano Triángulo de la Solidaridad”, indicó el Ministerio de Información.
Esta mesa de coordinación tuvo 18 sesiones de trabajo en Casa Presidencial.
“Según se ha determinado en una revisión, los datos de ingreso en 2018 y 2019, que está en curso, Roberto Acosta participó en nueve ocasiones y la señora Mélida Solís en una ocasión, como representantes del consorcio Estrella-H Solís, que había sido adjudicado desde marzo 2014 para construir ese tramo de la obra. Su participación nunca se dio en encuentros bilaterales, sino en reuniones con un equipo de trabajo”, dijo el Gobierno.
El desalojo del asentamiento Triángulo de la Solidaridad implicó la reubicación de 523 familias (más de 2.000 personas), según censo al 2012 que registraba la población total estimada de ese asentamiento, y que fue ejecutado en tres etapas entre el 20 de agosto del 2018 y el 9 de setiembre del 2019.
En dichas sesiones, tanto en las que participaron representantes de H Solís como en las restantes, solo se conocieron temas relacionados con la reubicación de las familias y el avance de la obra, indicó el Gobierno.
“Después de que se inició la reubicación de las familias, las reuniones de la mesa de trabajo continuaron, en el 2019, pero ya no participaron representantes del consorcio encargado de la construcción”, manifestó el Gobierno.
Según su comunicado, ese proceso de reubicación se logró gracias a la existencia de dicha mesa de coordinación, en la cual participaron siete instituciones gubernamentales, la unidad de inspección del proyecto (Unops), representantes de la comunidad, y representantes del sector privado, quienes coordinaban la logística del traslado de las familias, “acción de la cual dependía, a su vez, el avance de obras de la carretera”, justificó el Gobierno.