Tribunal resolverá por escrito las apelaciones del Caso Cochinilla
››Aún pendiente resolución sobre empleados estatales suspendidos
El Tribunal Penal de Hacienda, con sede en Goicoechea, al concluir la audiencia de revisión de medidas cautelares de 28 implicados del Caso Cochinilla, anunció que la decisión que tomará sobre las apelaciones será notificada por escrito, en una fecha próxima.
Así lo señaló el juez Hugo Porter Aguilar, a cargo del tribunal, a los abogados e imputados presentes en la diligencia judicial que se realiza en salas del tercer piso de los Tribunales de Goicoechea.
La audiencia comenzó el lunes anterior y entre los hechos más relevantes que se discutieron está el levantamiento o no de la caución real, también conocida como fianza, que se impuso a Melida Solís Vargas, dueña de la empresa H Solís y a Carlos Cerdas Araya, propietario de la firma MECO.
En este caso la defensa de los implicados sostiene que las fianzas de $3 millones y $5 millones, dispuestas para Solís y Cerdas, respectivamente, son razonables, pero el Ministerio Público estima que a ambos se les debería fijar prisión preventiva. La Fiscalía había solicitado un año de cárcel.
Juan Marcos Rivero Sánchez, uno de los defensores de Solís, manifestó: “La Fiscalía considera en el caso de Mélida, que la medida de $3 millones no es razonable conforme a las exigencias del caso.
”Nosotros consideramos que esa posición es literalmente insostenible, porque no es cierto que estemos enfrentando un proceso de ¢78.000 millones, porque ese es presupuesto íntegro del Conavi. Aquí a nadie le están atribuyendo que se robó ¢78.000 millones.
”Si vos tomas las supuestas dádivas que se le atribuyen a todos los ochenta y resto de investigados, no sobrepasan los $100.000. Todas juntas. Suena a broma pero es lo real, incluidos los ¢200.000 que dicen se comieron en salchichón”, argumentó.
Otro aspecto sobre el cual debe pronunciarse el tribunal es respecto a los empleados estatales que fueron suspendidos del cargo. Los defensores sostienen que esa separación debe ser con pago de salario. La Fiscalía objeta que solo sea marginarlos del cargo, impedimento de salida del país y otras disposiciones, sino que algunos deberían ir a prisión y sin goce de salario.
Asimismo, se discute el tiempo de la suspensión, pues el Ministerio Público insiste que debe ser por un año, en tanto el Juzgado Penal de Hacienda dispuso que fuera por cuatro meses.
Hay algunos imputados sobre quienes ni la Fiscalía ni los defensores apelaron las medidas, por el momento se desconoce de quienes se trata, pues las audiencias son privadas.
En cuanto a la fecha en que se dará a conocer la decisión del juez Porter, por el momento es incierta. Empero, algunos juristas sostienen que podría ser este viernes, pues se trata de temas muy puntuales. En cambio, otros estiman que será hasta mediados de la próxima semana cuando se revelen.
El Caso Cochinilla trascendió el 14 de junio, con más de 50 allanamientos que permitieron la detención de 30 personas; otras 40 también están siendo investigadas.