PAC pagaría ¢159 millones adicionales por estafa al TSE
› Fue condenado en una primera sentencia a cancelar ¢627 millones
BÁSICAMENTE (LOS JUECES ALEGARON) QUE TUVIERON POR PROBADOS QUE ESTOS 81 CONTRATOS TAMBIÉN ERAN FALSOS Y SIMULADOS Y POR ESO SE RECONOCIÓ LA RESPONSABILIDAD CIVIL”.
Erick Gatgens Abogado del PAC
El Partido Acción Ciudadana (PAC) deberá pagar ¢159 millones adicionales por una estafa en perjuicio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al realizar cobros ficticios en la deuda política de las elecciones nacionales del 2010. A esa cifra hay que sumarle los intereses, cuyo monto no trascendió.
La decisión la dio a conocer la tarde de este jueves el Tribunal Penal de San José y fue confirmada a este medio por Erick Gatgens, defensor del partido político.
Este asunto ya había sido conocido en un anterior debate en el 2016, en el cual la agrupación fue sentenciada a sufragar ¢352 millones por presentar a cobro 179 facturas referentes a contratos por servicios especiales que resultaron falsos. Esa resolución quedó en firme.
En ese primer juicio los jueces no entraron a analizar otros 84 contratos, al alegar que no se presentaron los testigos que verificaran si esos convenios hacían alusión a prestaciones reales que fue- ron pagadas por el partido, o eran servicios gratuitos.
Ese detalle fue impugnado por la Procuraduría General de la República, razón por la cual el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, en diciembre del 2017, tomó la determinación de que si los 179 contratos analizados en el primer juicio eran falsos, los restantes 84 también eran fingidos.
En ese momento, los jueces de alzada ordenaron que el PAC tenía que pagar ¢570 millones y no ¢352 millones como se determinó en un principio.
No obstante, el partido acudió ante la Sala de Casación Penal que, luego de analizar el asunto, anuló lo resuelto por apelación y ordenó el juicio de reenvío donde solo se discutía el monto a pagar.
A raíz de eso, es que este jueves el Tribunal impuso el monto adicional. Erick Gatgens, defensa del PAC, indicó que responde a 81 facturas referentes a contratos, “puesto que el Tribunal de Apelación indicó que el juicio versaría sobre esa cantidad”.
Sobre las otras tres facturas restantes se desconoce qué ocurrió.
En cuanto a los argumentos de la sentencia, Gatgens puntualizó: “Básicamente (los jueces alegaron) que tuvieron por probados que estos 81 contratos también eran falsos y simulados y por eso se reconoció la responsabilidad civil”.
Al respecto de la sentencia, la defensa se mostró disconforme y aseguró que presentarán la apelación respectiva.
Caso en resumen. Este asunto llegó al área judicial luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) encontrará inconsistencias en la liquidación de gastos del partido Acción Ciudadana (PAC) en la campaña electoral del 2010.
Luego de analizar las pruebas, el Ministerio Público acusó al PAC de incluir 263 contratos por servicios especiales “falsos”, dentro de la liquidación de gastos que el TSE le reembolsó, una vez concluido el proceso electoral del 2010.
Por esos hechos se acusó al extesorero del PAC, Maynor Sterling Araya, así como al excolaborador Manuel Antonio Bolaños Murillo de los delitos de estafa mayor.
En un juicio que concluyó el 5 de diciembre del 2016 se condenó a seis años de prisión a Sterling y a tres años de cárcel a Bolaños. A este último le concedieron la ejecución condicional de la pena por un lapso de cinco años. Esas sentencias quedaron firmes en el 2017.
Asimismo, en ese fallo se condenó al partido al pago de los ¢352 millones por los 179 contratos ficticios, más los intereses y las costas procesales.
Además de los ¢352 millones de la estafa, el partido rojiamarillo debe cancelar ¢230 millones por los intereses de la deuda y ¢44 millones por las costas del proceso penal, para un total de ¢627 millones. Este monto no incluye los ¢159 millones adicionales impuestos este jueves.
Sobre esa primera sentencia, a principios de julio el PAC comunicó a los medios de prensa que el 16 de agosto empezará a pagar los primeros ¢627 millones que le adeuda al Estado.
Según un boletín de prensa, llegaron a un acuerdo con la Procuraduría General de la República que les permitió extender los pagos hasta el 16 febrero el 2024.