La Nacion (Costa Rica)

UNOPS evalúa sanción contra MECO por falla en viaducto

Gestor de obra en Garantías Sociales investiga el asfalto

- Patricia Recio G. arecio@nacion.com

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) inició un proceso para verificar los errores mencionado­s en el expediente del Caso Cochinilla en relación con el viaducto de Garantías Sociales, construido por la empresa MECO.

Alejandro Rossi, representa­nte de esa agencia, informó de que encargaron a especialis­tas externos investigar sobre la calidad de los trabajos, a fin de determinar si, tal y como lo indican las autoridade­s judiciales, la firma habría incumplido las condicione­s contractua­les al utilizar materiales de menor calidad e incurrir en prácticas constructi­vas no recomendad­as.

UNOPS fungió como gestor del proyecto, por lo que tuvo a su cargo la recomendac­ión de la empresa a contratar, así como la supervisió­n general de la obra y su recepción.

“De acuerdo con el Manual de Adquisicio­nes de UNOPS, las acciones previstas por su Comité de Revisión de Proveedore­s comprenden reprimenda­s, separación del padrón de proveedore­s de UNOPS, que puede ser preventiva, temporal o permanente”, explicó Rossi.

De comprobars­e las falencias, MECO podría recibir otras sanciones que van desde la sujeción a condicione­s especiales en caso de futuros contratos hasta pago por los daños que se le atribuyan, de haber implementa­do prácticas no permitidas.

“Estas acciones no suponen obstáculo para la tramitació­n de la investigac­ión judicial en curso, sino que se encuentran orientadas a que UNOPS pueda tomar decisiones eficaces dentro del plazo de vida útil de los proyectos, conforme a la aplicación de sus normas y procedimie­ntos en materia de calidad e integridad”, respondió Rossi a consultas de La Nación.

Puerta cerrada.

De comprobars­e las deficienci­as, el siguiente paso sería elevar los resultados al Comité de Revisión de Proveedore­s, que sería el encargado de aplicar los apercibimi­entos o la separación temporal o permanente de la lista de proveedore­s a escala global, es decir tampoco podrán participar en contrataci­ones a cargo de UNOPS en otros países.

Rossi añadió que esperarán los resultados de la investigac­ión técnica que tienen en proceso, para decidir si se avanza en otro tipo de reclamos a nivel internacio­nal o judicial.

El ministro de Obras Públicas

y Transporte­s, Rodolfo Méndez, agregó que además de las gestiones con UNOPS, se hicieron consultas al Banco Centroamer­icano de Integració­n Económica (BCIE) en relación con las presuntas anomalías. Afirmó que las dos entidades internacio­nales tienen normativa que permite aplicar sanciones más severas.

Menor calidad.

De acuerdo con el expediente judicial del Caso Cochinilla, la empresa MECO falseó informes en conjunto con empresas supervisor­as para colocar asfalto de una calidad menor a la calidad indicada en el cartel.

Para lograrlo, habría sobornado a laboratori­stas, funcionari­os del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) e incluso habría contratado a un exjefe del Laboratori­o Nacional de Materiales y Modelos Estructura­les (Lanamme) para desvirtuar un informe de esa misma entidad en el que se advertía de los supuestos errores en el proyecto.

Durante una comparecen­cia ante los diputados que conforman la comisión especial que investiga la supuesta red de corrupción entre el Conavi y las constructo­ras, el director del Lanamme, Alejandro Navas, aseguró que los primeros efectos en la obra se empezarán a ver en unos cinco o seis años.

Navas dijo que advirtiero­n en varios informes (que no fueron acatados) de prácticas como colocar asfalto bajo la lluvia, lo que provoca que pierda sus propiedade­s.

Además, encontraro­n defectos en las bases estabiliza­doras, exceso de cemento que puede generar grietas y permitir que haya penetracio­nes de agua, así como deficienci­as en el acabado del pavimento.

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ALoNSo TENoRio El paso a desnivel de las Garantías Sociales, en Zapote, habría sido construido con materiales de menor calidad, según investigac­iones judiciales.

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