Defensa se aferra a plan de ley para frenar demolición en Portete
› Iniciativa extendería por tres años la moratoria para ocupantes de zonas protegidas
La defensa de Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, se aferra a un proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa para intentar frenar la demolición de un enclave portuario en Portete, Limón, construido de manera ilegal entre el 2014 y el 2015.
Así consta en el recurso de apelación presentado ante el Tribunal Penal de Limón, en el cual se procura dejar sin efecto lo dispuesto por un juez, el pasado 16 de junio, cuando ordenó derribar las estructuras ilegales para que todas las personas puedan disfrutar de la playa, pues se trata de un espacio público.
El documento judicial firmado por el abogado Álvaro Enrique Moreno Gómez, fue entregado el 13 de julio a ese despacho judicial.
Moreno fundamenta su petición en que la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 1.° de julio una reforma a la ley N°. 9577, la cual protege a los ocupantes de las llamadas zonas especiales, como son la Zona Marítima Terrestre (ZMT), la milla fronteriza y aquellas áreas declaradas patrimonio natural del Estado.
Esa normativa suspende los desalojos y demoliciones durante tres años, mientras las instituciones correspondientes ordenan esos territorios, o bien, los diputados aprueban una legislación en ese sentido.
El plan ya recibió primer debate y está pendiente del segundo para convertirse en ley. La iniciativa lleva la firma de 32 diputados y se tramitó en el expediente 22.309.
“Por el plazo de 36 meses se suspenderá el desalojo o la demolición de obras en zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme, fundamentándose en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza de daño al medio ambiente”, señala el proyecto.
En el caso de Portete, todavía la orden judicial para demolerlo no está firme.
Antecedentes. El enclave portuario de Portete fue construido de manera ilegal durante las noches y fines de semana entre los años 2014 y 2015, en un área de 22.000 metros cuadrados.
A pesar de la enorme actividad de construcciones que se desarrollaron en el lugar, pocas personas se dieron cuenta de las obras que allí se levantaban.
Tras una denuncia presentada por un oficial de la policía administrativa, la Fiscalía Adjunta de Limón y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrieron una investigación por posibles delitos ambientales y el 18 de agosto del 2015 allanaron el sitio.
Se desalojó a las personas del lugar, con excepción de dos pescadores adultos mayores que tenían sus casas ahí.
En el sitio hay seis atracaderos pequeños y sobresale un muelle de cemento de 55 metros de largo, que ocupa un área de 712 metros cuadrados y que permite el atraque de navíos de gran tamaño.
Desde el 18 de agosto del 2015, el lugar permanece bajo custodia del Servicio Nacional de Guardacostas y muchas de las construcciones, en estos seis años, se han deteriorado.
La Fiscalía en este caso acusó a nueve personas del delito de usurpación de bienes de dominio público. Los identificó como Gilbert Bell, dos hermanos suyos, uno de apellido Vel Fernández y otro Álvarez Fernández. Así como seis personas apellidadas Garita Lara, Rivera Salazar, Guevara Mondragón, Picado Grijalba, Lindo Royes y Buchanan Sthepens.
Sin embargo, en junio del 2019 se dictó sobreseimiento por prescripción de la acción penal a favor de siete implicados, con la excepción de Lindo y Buchanan, a quienes se les juzgó en junio pasado.
Precisamente el Tribunal Penal de Juicio de Limón los absolvió bajo la figura de error de prohibición invencible, es decir, que ellos no pudieron evitar el delito, pues no tenían otro lugar donde vivir y por tanto, no les cabe responsabilidad penal.
En ese último fallo, el juez ordenó el derribo de las construcciones, el cual dijo deberá ejecutarlo la Municipalidad de Limón, en un plazo de tres meses después de que la sentencia adquiera firmeza y autorizó al ayuntamiento cobrar los gastos de esos trabajos a las nueve personas que figuraban como imputadas en el proceso.
Fundamentos. El abogado Álvaro Moreno en la apelación estima que la decisión del juez de obligar a sus representados a pagar los trabajos de demolición es ilegal, ya que no estuvieron presentes en el juicio.
“No tuvieron la mínima oportunidad de ser oídos y ejercitar su derecho constitucional de defensa técnica y material en juicio, sencillamente porque el Tribunal de Juicio sin ninguna fundamentación, arbitrariamente no quiso recibirlos ni brindarles o tutelarles ese derecho y, más bien, en sentencia, en forma ilegal y contrario al artículo 1 de la ley 9577, ordena la demolición de lo que ocupan y la paralización total de su actividades pesqueras artesanales en Portete.
”Se provocó una indefensión absoluta de los civilmente interesados y de los imputados que no es posible subsanar y, que por ello, se debe ordenar la nulidad de todo lo actuado en el debate (...).
”Pido que se ordene la desocupación inmediata del Servicio Nacional de Guardacostas de las estructuras (...). Y que se les entregue a los terceros civilmente interesados (...) que ocupaban en forma pacífica, pública, continua y a título de dueños desde antes de los años 2012, para que si es del caso normalicen su ocupación con la municipalidad de Limón mientras dure la vigencia de la ley (...) aprobada el 1.° de julio del 2021”, señala el recurso de apelación.