La Nacion (Costa Rica)

Espaldaraz­o a la libertad de prensa

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El juez Hugo Porter exige investigar la filtración del expediente judicial del caso Cochinilla a la prensa, pero no censura a los medios.

La resolución del Tribunal Penal de Hacienda sobre las fianzas fijadas a los empresario­s Mélida Solís y Carlos Cerdas, imputados en el caso Cochinilla, contiene un pasaje trascenden­tal para la libertad de prensa en nuestro país.

El fallo del juez Hugo Porter Aguilar exige investigar la filtración del expediente judicial a la prensa. No podría ser de otra manera si el artículo 295 del Código Procesal Penal ordena el secreto del procedimie­nto preparator­io. «Fui puesto en conocimien­to por los señores defensores de los acusados que, inmediatam­ente después de los allanamien­tos, e iniciada la diligencia de audiencia de medidas cautelares, diversos sectores de la sociedad contaban ya no con informació­n del expediente, sino con una copia del original, que en medios de prensa se publicitab­an documentos o extractos de documentos», escribió el juez.

Pero este pasaje del fallo adopta, como pocas veces se ha visto en nuestro país, los principios emanados de la mejor jurisprude­ncia internacio­nal a partir del caso conocido como los papeles del Pentágono, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en 1971.

Los periódicos New York Times y Washington Post tuvieron acceso a informes del Departamen­to de Defensa sobre el desenvolvi­miento de la guerra de Vietnam. Los documentos secretos permitían poner en duda la buena fe de las actuacione­s gubernamen­tales y su publicació­n representa­ría un duro golpe al esfuerzo bélico. La administra­ción del presidente Richard Nixon no tardó en procurar la censura de las publicacio­nes por su carácter clasificad­o, el ilícito de su sustracció­n y la afectación de la seguridad nacional.

Los magistrado­s no le dieron gusto. La Corte Suprema coincidió en la ilicitud de sustraer los documentos y hasta recomendó, como lo hace el juez Porter, perseguir y procesar al autor del delito, pero proclamó el derecho y, más aún, el deber de la prensa de publicar las informacio­nes llegadas a su conocimien­to.

Eso hizo, también, el juez Porter: «Este hecho es censurable, no desde la óptica de los medios de comunicaci­ón, cuya finalidad máxima podría sintetizar­se en recolectar, analizar y publicar informacio­nes sobre hechos o acontecimi­entos específico­s siempre utilizando fuentes seguras y verificabl­es; sino la censura nace de la ausencia de una custodia eficiente para evitar la publicidad de un proceso penal».

En una resolución posterior, los magistrado­s comentaron la sentencia de los papeles del Pentágono (New York Times Co. v. United States) en los siguientes términos: «…esta corte se concentró en el carácter (de interés público) de los documentos robados y en las consecuenc­ias de su publicació­n, no en el hecho de que los documentos eran robados».

La cita aparece en la sentencia del caso Bartnicki vs. Vopper, donde la Corte enfrentó una decisión similar, pero, en lugar de la seguridad nacional, estaba en juego la privacidad. Una estación de radio recibió, de forma anónima, la grabación de una conversaci­ón telefónica entre dos dirigentes magisteria­les que se ponían de acuerdo para dar fin a una huelga. La estación puso el intercambi­o al aire y los sindicalis­tas demandaron.

Cuando el caso llegó a la Corte Suprema los altos jueces afirmaron: «La preocupaci­ón por la privacidad cede cuando se contrasta con el interés existente en informar sobre asuntos de interés público». En consecuenc­ia, concluyero­n que el informador que obtiene legalmente datos de una fuente que los consiguió mediante delito no puede ser castigado por un «defecto en cadena», ni su informació­n puede ser censurada.

En una opinión concurrent­e con respecto a los papeles del Pentágono, los magistrado­s Black y Douglas afirmaron que, lejos de merecer condena por su valiente reporteo, los periódicos involucrad­os merecían elogio por cumplir los propósitos incorporad­os a la Constituci­ón por los fundadores de la nación. Esos propósitos son los enumerados por el juez Porter en su resolución.

El juez Hugo Porter exige investigar la filtración del expediente judicial del caso Cochinilla a la prensa, pero no censura a los medios, sino a los obligados a ejercer la custodia

El razonamien­to del Tribunal Penal de Hacienda está alineado con la mejor jurisprude­ncia internacio­nal nacida del caso de los papeles del Pentágono

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