Legisladores rechazan por unanimidad revivir iniciativa de pesca de arrastre
Los diputados de la Comisión de Ambiente rechazaron por unanimidad una moción presentada por la legisladora María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que pretendía revivir la pesca de arrastre.
La propuesta fue planteada por la congresista dentro del proyecto de ley para recuperar la riqueza atunera nacional. Su idea era reformar el artículo 43 de la Ley de Pesca y Agricultura, para permitir “la extracción de camarón con red de arrastre”.
Votaron en contra de la moción Mario Castillo y Paola
Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Paola Valladares y David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN); Mileidy Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN); José María Villalta, del Frente Amplio (FA), y Erwen Masís, del PUSC.
Vega, quien preside la Comisión de Ambiente, criticó la moción y afirmó que el texto en discusión regula la pesca de atún, mientras que la idea de la socialcristiana está relacionada con la pesca de arrastre.
“Esta moción, además de inconexa, me parece que, lamentablemente, lleva una muy mala intención. El capítulo de la pesca de arrastre ya fue resuelto; además, es de camarón, una especie absolutamente distinta al atún, que es lo que estamos ordenando en este proyecto”, afirmó Vega.
Villalta añadió que tampoco se podría añadir la pesca de camarón en el proyecto sobre riqueza atunera, pues no se discutió ese punto con los entes responsables, pescadores y sectores; dijo que los congresistas interesados en revivir el debate deberían presentar un nuevo proyecto de ley.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó la iniciativa que obtuvo el apoyo de 28 congresistas al alegar que no existía un verdadero respaldo que garantizara la sostenibilidad de la pesca de arrastre.
La propuesta también revivía las licencias para barcos de hasta 21 metros de largo por seis de ancho, luego de que la Sala IV las suspendió en el 2013 por el grave daño ambiental que produce esa técnica.
No obstante, los jueces constitucionales dejaron la puerta abierta para reiniciar la práctica si se demostraba una salida sostenible.