Sistema de inversión pública requiere 38 votos de diputados
››Magistrados ven que iniciativa incide en funcionamiento del Poder Judicial
La Corte Plena determinó este lunes que un proyecto en trámite en la Asamblea Legislativa, que pretende crear un sistema nacional de inversión pública, requerirá del voto de 38 diputados para que pueda convertirse en ley de la República.
La decisión la tomaron los magistrados al emitir criterio ante una consulta del Congreso sobre el proyecto de ley número 22.470, que se denomina Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Por mayoría de 20 votos se estimó que la iniciativa influye en la administración y funcionamiento del Poder Judicial. Solo hubo un voto que consideró que el plan no afecta al Poder Judicial. En total votaron 21 de los 22 magistrados de la Corte Plena.
Para esta votación se inhibieron de conocer el asunto cinco magistrados titulares de la Sala Constitucional, pues argumentaron que posiblemente en una fecha próxima tendrán que determinar si este proyecto es contrario a la Constitución Política, razón por lo cual se integraron a la Corte cinco magistrados constitucionalistas suplentes.
El proyecto de Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es impulsado por el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo garantizar un adecuado control en el uso de los recursos públicos.
El plan consta de 19 artículos y sugiere que los presupuestos, antes de ingresar a la fase de inversión, puedan contar con una evaluación técnica económica por el SNIP.
Entre las entidades que deberán someterse a estos lineamientos están “el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las dependencias y los órganos auxiliares de estos.
“La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado, excepto aquellas que operen en competencia, y municipalidades”.
Descoordinación. Luego de conocerse el resultado de la votación, el presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, dijo: “La impresión que tengo es que se ha hecho como una costumbre de tener planes legislativos que ni se coordinan con el Poder Judicial, ni se hacen estudios previos, pero que tienen una incidencia determinante (...) el otro tema tiene que ver con la independencia.
“Yo debo señalar que en estos tres años que ya llevo cumplidos (como presidente) nunca he visto una orientación parlamentaria o del Poder Ejecutivo (...) hacia una política de incidencia, sin coordinación, con el Poder Judicial y este proyecto va en la misma línea de la Ley de Empleo Público”, agregó.