Los jueces deben ser los mejores
« Solo es hombre el que tiene derechos», nos dice la sexta estrofa del Himno patriótico al 15 de setiembre, compuesto en 1883 por Juan Fernández Ferraz y musicalizado por José Campabadal.
Ya en el siglo XIX Costa Rica lo tenía claro: para no ser «siervos menguados» debemos vivir con vocación por el derecho y la eficacia de la ley. Son las mejores armas para defender la libertad de cada mujer y hombre.
Esa era la visión de los independentistas de América: «Las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad», dijo
Francisco de Paula Santander el 30 de agosto de 1821.
Si no todos, la mayoría de los países consagran derechos para mujeres y hombres en sus constituciones políticas y leyes. Pero esa formalidad no hace que los derechos ciudadanos existan.
La simple lectura de las normas de distintos países nos impide separar las democracias de regímenes autoritarios y de Estados fallidos, porque hasta la más dura tiranía se ha encargado de autodefinirse normativamente como democracia y de legislar acerca de los más elevados derechos políticos y sociales de cada individuo.
De nada sirve tener derechos en el papel si no tienen eficacia en la realidad. Esto
Una campaña pretende debilitar al Poder Judicial para arrodillarlo ante la clase política
implica que mujer u hombre es ciudadano en la medida en que sus derechos sean respetados, pueda ejercerlos y —en caso de violación— le sean repuestos.
En un régimen republicano, quienes velan por los derechos ciudadanos son los jueces. Desde esta perspectiva, es un derecho contar con jueces independientes de toda influencia política y poderes fácticos, objetivos en la valoración de la prueba de cargo y descargo e imparciales para velar por el respeto de los derechos de defensa. Por ello, los jueces deben ser los mejores profesionales en derecho —hombres y mujeres dotados de sindéresis— para resolver con justicia las causas sometidas a su conocimiento.
Podemos afirmar que los derechos ciudadanos valen más cuanto más independientes sean los jueces.
Pero servicios de profesionales de excelencia y criterio independiente no son baratos, y esa es la razón por la cual los funcionarios judiciales deben ser bien pagados.
Los jueces deben tener ingresos que les permitan suplir sus necesidades familiares; un salario no tan alto para hacerse ricos ni tan bajo para vivir sin decoro. De igual modo, la perspectiva de una jubilación digna motivará la carrera judicial.
Pero se ha orquestado una campaña para debilitar al Poder Judicial con el objetivo de arrodillarlo ante la clase política. Reducción de la suma pagada por la prohibición de ejercer privadamente la abogacía e impuestos al salario y a la jubilación son algunos de los golpes más fuertes; falta el cañonazo del proyecto de ley de empleo público que —inconstitucionalmente— permitirá al Poder Ejecutivo irrumpir en decisiones propias del Poder Judicial, sepultando con ello la república.
Es difícil que un profesional de excelencia aspire a una carrera judicial mal pagada y a una jubilación indigna. A mediano plazo, los jueces costarricenses no serán tan independientes y los costarricenses ostentaremos una ciudadanía de poco o de ningún valor.
De seguir el curso actual —de no darse un golpe de timón— el Himno patriótico al 15 de setiembre será mitología.