País reclama recortar salario de $17.000 a delegados en el BCIE
Por tercera vez rechazan revisar pago. Su presidente ve petición como un tema del pasado
Los gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se negaron a conocer este viernes una propuesta de Costa Rica para reducir en un tercio la remuneración mensual de $17.000 (¢10,5 millones) que recibe cada representante de los países miembros.
La iniciativa pretendía dejar en $11.449 (¢7 millones) el ingreso de cada representante, más aguinaldo.
Con ese ajuste, se podría generar un ahorro de $857.000 al año (¢531 millones), entre los 13 directores, dinero que podría ser destinado a ayuda técnica para todos los países miembros en el contexto de la pandemia.
Así lo había expuesto la jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y anterior gobernadora, Pilar Garrido, en la reunión desarrollada hace un año, donde la 60.a Asamblea de Gobernadores discutió la iniciativa, pero la rechazó.
Este viernes, en la reunión anual 61, realizada en Tegucipalga, Honduras, los gobernadores nuevamente no quisieron discutir la moción, informó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, actual delegado del país.
“La propuesta contemplaba una reducción sustantiva de un tercio. Es la tercera vez que se intenta; el año pasado se había presentado y se había rechazado. Ahora, nuevamente se presentó y la Asamblea decidió no conocerla”, comunicó el ministro sin dar más detalles, alegando razones de confidencialidad.
La moción fue redactada por Ottón Solís, exrepresentante de Costa Rica ante el BCIE, quien calificó los salarios como vergonzosos.
En la sesión inaugural, sin señalar directamente la propuesta de Costa Rica, el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, instó a las delegaciones “en ver la esencia en nuestra gobernanza corporativa y no enfocarse en temas ya abordados en el pasado”.
“El Banco es más que remuneraciones ejecutivas”, machacó Mossi.
El argumento de Costa Rica al plantear el ajuste es que la remuneración de los directores está totalmente exenta del pago de impuestos y contribuciones sociales.
Además, es significativamente superior al salario de un ministro de Hacienda o presidente de cada Banco Central. Incluso, señalaba la moción, los representantes ante el BCIE devengan más que los mandatarios.
Carlos Alvarado, por ejemplo, recibe por mes en salario ¢4,8 millones, unos $7.700.
La moción tica pedía eliminar del paquete de compensación, el bono de medio año, el beneficio social, el subsidio familiar, el bono vacacional, el bono por resultados y el aporte al Fondo de Retiro.
Los primeros cinco incentivos dejaban un ahorro promedio de $55.500 anuales (¢34,4 millones) por cada representante, incluidos $28.850 del paquete de pagos variables y $3.816 (¢2,3 millones) por diez días de vacaciones.
A eso se le suman los $24.200 (¢15 millones) anuales aportados por el Banco al Fondo de Retiro que también el país pidió eliminar.
Para la representación de Costa Rica, este rubro es parte de la remuneración y se convierte en uno de sus disparadores, al elevarlo en algunos casos hasta los $19.000 mensuales (¢11,7 millones) por cada funcionario.
Como muestra, el país indicó que en el 2019 el representante costarricense recibió $190.529 (¢118 millones) solo por concepto de nómina, cifra que subió a $214.700 (¢133 millones) con el plan de retiro.
La idea de la moción era dejar en $137.389 la remuneración anual base, unos ¢85 millones más el aguinaldo, lo que equivale a una remuneración mensual de $11.449.
Como alternativa, se proponía ajustar la compensación de los directores un máximo del 10% cada vez que la inflación en Estados Unidos acumule 10 puntos porcentuales.
La justificación de la moción alegaba que, para recibir una remuneración neta de ese monto, por ejemplo en Costa Rica, donde la legislación obliga a tributar y contribuir con la seguridad social, se necesitaría recibir una remuneración bruta mensual de $26.000 (¢16,1 millones).
“Esa remuneración es significativamente superior a la de funcionarios públicos de la región que desempeñan cargos de mucha más responsabilidad, tales como ministros (secretarios) de Hacienda (Finanzas) o presidentes de Banco Central e, inclusive, muy superior al salario de los presidentes de la República”, señalaba.
Aunado a lo anterior, cada director tiene acceso a “montos elevados de gastos discrecionales y a otros beneficios, tales como vehículo de lujo para uso personal, chofer, gastos de representación y subsidios familiares”, decía.
Además de lo monetario, de acuerdo con la justificación, los directores del BCIE no son nombrados por concurso de antecedentes competido sino que, al igual que un ministro de Estado, se designa con criterios políticos.
“El BCIE es un ente público, propiedad de países en su mayoría pobres y los gobernadores somos los únicos responsables de fijar la remuneración de los directores”, instaba la iniciativa.
Solís, exrepresentante ante el BCIE, dijo que, durante su paso por el ente, libró una batalla para bajar los elevados salarios que se pagan en la institución, pero nunca recibió apoyo. “A las seis semanas, cuando me percaté de algunos de los privilegios que teníamos los directores, no solo renuncié a ellos, sino que envié una carta para que, en conjunto, los elimináramos; no hubo reacción, en octubre envié una carta y en diciembre, otra”.