Municipalidades disparan gastos hasta un 142%
Durante el primer semestre del 2021, las municipalidades dispararon su gasto corriente hasta en un 142%, como ocurrió en el caso de Turrialba, gracias a una excepción hecha por los diputados.
El gasto corriente se destina a pagar salarios, servicios, transferencias e intereses.
En cambio, el dinero destinado para construir obra pública sufrió una reducción general en los ayuntamientos.
El municipio turrialbeño gastó ¢3.460 millones en los primeros seis meses del año, lo que implica un crecimiento de más de ¢2.000 millones en comparación con el mismo periodo del 2020.
Otro ayuntamiento con un fuerte crecimiento en las erogaciones es el de Montes de Oro, Puntarenas, con un 60%.
Estos dos gobiernos locales son dirigidos por alcaldes del Partido Acción Ciudadana (PAC).
El tercer mayor porcentaje se presentó en Turrubares, con un 49%. Le siguen Aserrí (35%), Santa Bárbara (35%), Limón (35%) y Naranjo (35%).
Estos datos fueron revelados por la Contraloría General de la República (CGR) en un informe publicado el 26 de agosto anterior.
Según la CGR, 37 gobiernos locales registraron una tasa de crecimiento promedio del 21%, cinco veces el tope establecido en la regla fiscal, que es del 4,13% para el 2021.
El promedio de variación del gasto corriente en las 82 entidades fue de un 3% para el primer semestre de 2021.
En cuanto al gasto de capital, el destinado a obras y equipamiento, la inversión promedio más bien se redujo en un -12,1% en relación con el mismo lapso del año anterior.
La situación se produjo luego de que, en mayo del 2020, los legisladores eximieron a las municipalidades de cumplir la regla fiscal en relación con el uso de sus recursos propios, pese a la oposición del Ministerio de Hacienda, de la Contraloría y del Banco Central.
La principal impulsora de eximir a las municipalidades de la regla fiscal fue la diputada María José Corrales, del Partido Liberación Nacional.
Esta decisión ya había pesado en la decisión de la calificadora de riesgo, Standard & Poor’s, de disminuir la calificación de riesgo de Costa Rica en el mercado internacional y colocarlo como un país “más vulnerable” a incumplir sus compromisos financieros.