Crisis en sistema penitenciario pone a celdas del OIJ al borde del colapso
››Policía Judicial aseguró que hasta juicios se verían afectados
La advertencia que lanza el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre la saturación de celdas judiciales no es nueva.
Desde el 31 de julio del año pasado, Wálter Espinoza, director de ese cuerpo policial, advirtió del hacinamiento que se está dando en esos espacios carcelarios debido a que el Ministerio de Justicia y Paz no recibía reclusos que ya tenían su situación jurídica determinada (fuera condena o prisión preventiva) y, por ende, debían estar en una prisión.
Poco más de un año después, la situación no mejora y eso obliga a la Policía Judicial a ser directa: si Justicia no recibe más reos, se estaría al borde del colapso.
De hecho, hasta los juicios se podrían ver afectados ya que no habría espacio en las celdas para albergar a reos que deben presentarse a dichas diligencias.
La observación la hizo Flavio Quesada, secretario general del OIJ, tan solo un día después de que Fiorella Salazar, ministra de Justicia, asegurara a La Nación que la sobrepoblación en el sistema penitenciario iba a poner aún más cuesta arriba la recepción de presos provenientes de celdas.
Quesada argumentó que, a la tarde de este lunes, había 127 personas en las celdas judiciales pendientes de ingreso a una cárcel de Justicia. De ellos, 108 tienen cuatro días o más de estar encerrados en esos espacios, pese a que plazo el máximo establecido por la Sala Constitucional son 72 horas (tres días).
La preocupación surge porque esa cantidad de reclusos posiblemente aumente a lo largo de la semana, mientras que Salazar, por su parte, señaló que a duras penas podrían recibir a unos 16 reclusos esta semana.
Es decir, 111 quedarían recluidos en los recintos carcelarios del OIJ y a ellos se les sumarían las nuevas aprehensiones que se realicen, lo que provocará más saturación.
Sin comunicación oficial. Quesada indicó que, hasta el momento, la ministra no les había informado de ningún problema en la recepción de privados de libertad.
No obstante, en el supuesto de que eso ocurra, aseguró que sería un tema de suma preocupación, máxime que en julio pasado la entidad atravesó una de las crisis más grandes relacionadas con este asunto.
“Estuvimos en serios problemas y con un colapso total a nivel nacional”, subrayó, al tiempo que expuso que el Ministerio logró acomodarse y alivianar el asunto.
Desde ese momento, la cantidad de reos que manejan oscila entre 70 y 100 personas.
El funcionario señaló que es “un número manejable”, siempre que la cartera de Justicia continúe con la misma dinámica de recepción y siempre que no se dé un trabajo grande que implique muchas detenciones.
“No hemos recibido información de que podría dificultarse la recepción. Pero si no los reciben, con los números que tenemos hoy, podríamos llegar a tener problemas en un muy corto plazo.
”Actualmente, el número es manejable, pero algunas sedes empiezan a tener un aforo importante y superado. Si a eso se suma la no recepción, tendríamos que notificar a autoridades judiciales que no vamos a poder realizar juicios por el aforo que tenemos en celdas y porque se nos imposibilita traer personas a celdas para que participen en juicios”, argumentó.
De manos atadas. Sin embargo, pese a eso, la ministra Salazar insiste en que es una situación en la cual ellos están con las manos amarradas ya que, por un lado, tienen el sistema penitenciario sobrepoblado y, por el otro, los jueces de Ejecución de la Pena les imponen cierres técnicos a cárceles, dejándolos sin oportunidad de maniobrar.
Las condiciones no son aptas. Actualmente, de las 127 personas que hay en celdas del OIJ, 69 tienen entre cuatro y nueve días; 30, entre diez y 15 días; nueve, entre 16 y 19 días.
Esa cantidad de días supera por mucho lo máximo permitido por la Sala Constitucional, la cual volvió a reiterar en diciembre pasado que lo más que puede pasar una persona recluida en esas celdas son 72 horas.
La razón es que esos espacios no cuentan con luz ni ventilación natural, y no hay disponibilidad de atención médica, ni espacios recreativos, entre otras condiciones mínimas.
Pasar más tiempo ahí es violatorio de derechos humanos y hasta podría considerarse tortura.