20 abogados aspiran a ser fiscal general de la República
››Viene revisión de atestados, entrevista y calificación; la Corte decide
Un total de 20 personas, todos abogados, se inscribieron para convertirse en el nuevo fiscal general de la República.
El Poder Judicial, al anunciar que se cerró el proceso, comunicó que todos entregaron un currículo resumido, aportaron una declaración jurada sobre conflictos de interés e igualmente hicieron otra declaración sobre sí tienen parentesco con alguna persona empleada judicial o litigante en materia penal.
Las 20 personas aspiran a reemplazar a Emilia Navas, quien dejó el cargo el 29 de junio, cuando se acogió a la pensión. Esta es la lista:
hhWagner Molina Ruiz. Tiene 57 años, es actual fiscal general interino. Antes fue el fiscal adjunto contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes. hhMiguel Ramírez López. De 57 años, fiscal adjunto de Fraudes, quien tiene a su cargo la investigación del Caso Cochinilla. hhGuillermo Hernández Ramírez. 61 años, exfiscal adjunto de la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios, jubilado judicial y actualmente abogado litigante. hhRonald Segura Mena. 48 años, fiscal de juicio en Cartago. hhJosé Francisco Mena Castro.
De 43 años, fiscal adjunto de Pococí, Limón. hhÉdgar Ramírez Villalobos.
Tiene 56 años, actual fiscal adjunto de Pérez Zeledón. hhJorge Esteban Pérez Cedeño. 53 años, juez penal de Hacienda. hhÁlvaro Fernando Cubero Pérez. De 58 años, jubilado judicial y quien ocupó el cargo de fiscal. Actualmente es abogado litigante. hhCarlos Eduardo Cárdenas Chinchilla. Tiene 50 años, fiscal auxiliar del Ministerio Público y anteriormente fue defensor público. hhDouglas Iván Rivera Rodríguez. 53 años, jubilado judicial, exjuez de Flagrancia y actual abogado litigante. hhEwald Acuña Blanco. 56 años, laboró en el Poder Judicial como juez de Instrucción y le tocó llevar la causa penal del extinto Banco Anglo Costarricense (BAC). Luego fue juez de Tribunal Penal. Es abogado litigante. hhYara Quirós Soto. De 45 años. Laboró como fiscal auxiliar. Renunció y en los
últimos 15 años afirma que ha laborado a nivel internacional como investigadora de fraude y corrupción para las Naciones Unidas y el Banco Mundial hhFrancis Giovanni Porras León.
Tiene 53 años, era abogado litigante, pero desde 2007 ingresó al Poder Judicial, donde ocupó cargos como juez civil y desde el 2016 se desempeña como juez notarial. hhGaudy Johanna Murillo Garita.
43 años, solo mencionó que es abogada y notaria. hhManuel Gerardo Fallas Calderón. 51 años, fue investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en la actualidad es juez penal.
hhAndrés Olsen Villegas. 41 años, también es juez penal, pero con anterioridad ocupó el cargo de fiscal. Asimismo, durante la administración de
Laura Chinchilla (2010-2014) fue el jefe de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada en el Ministerio de Seguridad Pública. hhRodolfo Corrales González.
50 años, fue abogado de planta del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y luego se dedicó al trabajo privado y es especialista en Derecho Registral y Notarial.
hhChristian Ulate Durán. 45 años, fue fiscal, pidió un permiso sin goce de salario y viajó a Guatemala para trabajar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), puesto al cual renunció en el 2015. Ahora es litigante.
hhEdwin Retana Carrera. 58 años, jubilado judicial ocupó el cargo de exfiscal adjunto y ahora es litigante. hhCarlo Díaz Sánchez. 48 años, actual fiscal adjunto de Ejecución de la Pena.
Lo que viene. El Poder Judicial comunicó que la Unidad de Reclutamiento de Gestión Humana revisará la documentación aportada, para constatar los requisitos solicitados.
Luego se les calificará su experiencia laboral, la supervisión de personal y estudios universitarios.
Las personas que obtengan una nota igual o superior a 80 serán sometidas al escrutinio público, para que particulares emitan comentarios o información de interés.
Posteriormente, se les realizará un estudio sociolaboral y de antecedentes y se les hará una entrevista pública, a cargo de la Comisión de Nombramientos, la que elaborará una nómina a la Corte Plena.