Jueces instan a reubicar reos en el régimen de confianza
Plantean a Justicia dejar salir a quienes cumplan requisitos para este beneficio
Si algo tienen claro los jueces de Ejecución de la Pena es que si el Ministerio de Justicia reubicara a más reos en el régimen de confianza, las cárceles se desahogarían.
Para los juzgadores, esa es la opción más viable, ya que sus resultados se verían en el corto plazo y eso ayudaría a disminuir el hacinamiento carcelario, ahora en 20,4%.
Bajo esa convicción fue que el pasado 2 de julio varios jueces instaron a la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, a reactivar las políticas del Instituto Nacional de Criminología (INC), órgano encargado de otorgar los beneficios carcelarios, para agilizar la salida de reclusos.
Irene Barrantes, jueza coordinadora del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, lamentó que los frutos de esos acercamientos “no han sido los esperados”.
“Se instó a activar las políticas del Instituto Nacional de Criminología, en temas de ubicación de población privada de libertad en los Centros de Atención Seminstitucional (CASI), dado que, pese a las órdenes de los jueces (de Ejecución de la Pena), las recomendaciones aprobadas entre el 2020 y 2021 no han sido las esperadas.
”Esta (la reubicación) es una importante opción con la que cuenta el Ministerio de Justicia para solventar problemas de hacinamiento”, aseguró la jueza.
Pero Barrantes fue más allá y dijo que no solo tenían la posibilidad de enviar presos al régimen semiabierto, sino que también podían echar mano de la nueva cárcel, llamada Terrazas, la cual fue entregada en diciembre del 2020 pero que, hasta hace una semana, Justicia no tenía presupuesto para ponerla a funcionar. Es decir, está en desuso.
“A la fecha, aún teniendo el Centro Terrazas (...), sigue sin ser ocupado aduciéndose problemas de presupuesto y recurso humano, siendo este un espacio que podría utilizarse”, reprochó Barrantes.
Apoyo. El Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT), por su parte, aplaude que se consideren ese tipo de reubicaciones, ya que “fueron creadas como una medida de reinserción”.
Róger Víquez, director ejecutivo del MNPT, recalcó que sería una medida “paliativa”, ya que si bien ayuda a aliviar la crisis, se tendría que analizar bien el porcentaje de personas que podrían pasar a un nivel semiinstitucional y la incidencia que podría tener en el hacinamiento que se vive hoy.
Se intentó obtener una postura de la cartera al respecto, así como conocer en detalle si se ha analizado la posibilidad de reubicar personas en el régimen semiinstitucional, pero, al cierre de esta edición, la oficina de prensa no había dado respuesta.
Culpas. Si bien estos juzgados le brindan esa solución de reubicar reos, Salazar solo insiste en señalar a esos despachos como los responsables del colapso al que se acerca el sistema penitenciario.
La jerarca de Justicia ha indicado en repetidas ocasiones que, en gran medida, el problema de sobrepoblación se agrava porque jueces de Ejecución de la Pena imponen cierres técnicos a cárceles, lo cual significa que ni un solo reo puede ingresar a esos centros porque no hay más espacio.
Actualmente, señaló Salazar, solo una de las 21 prisiones nacionales (la Gerardo Rodríguez, en Alajuela) no cuenta con una orden de cierre y eso les imposibilita cualquier margen de reacción ante el hacinamiento, al punto de que no tienen espacios de aislamiento para colocar a reos provenientes de celdas judiciales.
No obstante, Barrantes refuta categóricamente lo dicho por la jerarca de ese Ministerio, porque los jueces no emiten esos cierres para entorpecer la labor de la cartera, sino que lo hacen para evitar la violación a los derechos fundamentales de los presos.
“Desde el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José se mantiene una posición categórica en el tanto el colapso por el cual atraviesa el sistema penitenciario nacional no obedece estrictamente a fallos de los jueces de Ejecución de la Pena”, aseveró.
Por el fondo. Por eso, la juzgadora instó a las autoridades penitenciarias a atacar la raíz del hacinamiento y no así los fallos judiciales que ellos emiten, ya que, de seguir por esta misma ruta, la sobrepoblación no mermará y, por el contrario, aumentará.
Ella hizo alusión, por ejemplo, al reproche de Salazar porque jueces de Ejecución de todo el país han prohibido la utilización de gimnasios y otras áreas comunes para albergar reos.
“El problema no es que no se permita utilizar los gimnasios o las aulas por parte de los jueces, sino que estos no son espacios adecuados para albergar población privada de libertad. Debe buscarse solución al problema, atacando el punto principal del hacinamiento”, recordó la juzgadora por medio de su respuesta.
En relación con este asunto, Salazar interpuso, en conjunto con Pedro González (ministro a. i. de Salud), un recurso de habeas corpus contra el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, el 6 de setiembre.
Los jerarcas pidieron el “cese de los efectos de las órdenes judiciales que impiden la utilización de los espacios
de aislamiento temporal establecidos como medio para preservar la salud y la vida, así como el cumplimiento de las medidas sanitarias durante la emergencia nacional por covid-19”.
Crisis. En el 2015, la sobrepoblación carcelaria sobrepasaba el 50%, lo cual alertó a las autoridades.
Por eso, en ese entonces, el Instituto Nacional de Criminología (INC) empezó a realizar valoraciones extraordinarias para aliviar las muy saturadas prisiones.
La población objetivo eran los sentenciados que hayan cometido un delito menos lesivo, que tuvieran una sola condena, una oferta laboral y que cumplieran la pena en cinco años o menos.
Pese a que se indicó que darían salida a reos “no peligrosos”, la noticia no fue bien tomada por diferentes sectores, como la Fiscalía, la Policía Judicial y el Ministerio de Seguridad.
El 11 de noviembre del 2015, Justicia dio a conocer que un 63,3% de los reos (361 de los 570) que fueron sacados cumplían condenas por delitos contra la propiedad y, pese a la disposición de la cartera, la sobrepoblación solo se pudo bajar a un 45,85% (salieron 1.270 personas).
Por ello, en abril del 2016, Justicia emitió un nuevo documento en el que flexibilizó los criterios con los cuales se les daba beneficios a los reclusos. Ahora, los presos podían salir si eran reincidentes y aunque no tuvieran una opción laboral. Esta nueva disposición derogó la primera directriz.
Sin embargo, en junio de ese mismo año, la circular fue suspendida, ya que la reincidencia en los beneficiados se volvió asunto común.
Medidas correctivas. El Código Procesal Penal establece que los jueces de Ejecución de la Pena tienen dentro de sus competencias realizar visitas a los centros penitenciarios al menos una vez cada seis meses y es a raíz de esos recorridos que se observan lo refrente a violación de derechos de los presos.
También los defensores públicos pueden hacerles llegar preocupaciones para que ellos lo analicen y tomen cartas en el asunto.
Entonces, cuando se constatan esas situaciones de riesgo es que los juzgadores imponen medidas correctivas inmediatas, al tiempo en que solicitan a la autoridad la elaboración de un informe en que se rinda cuentas de lo que ocurre.
“Esta función, bajo ninguna circunstancia, se constituye una intromisión a la división de poderes, debe quedar claro que los jueces de Ejecución somos jueces de garantías, y las medidas correctivas que implican cierres técnicos son una facultad dada por ley y es nuestra obligación ética hacer velar su cumplimiento”, dijo Barrantes.