Diputados exigen a Alvarado inhibirse de atentar contra la libertad electoral
››tributación cerró sede del PUSc previo a asambleas provinciales
Los diputados aprobaron este martes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, una moción de orden en la que exigen al presidente de la República, Carlos Alvarado, abstenerse de atentar contra el proceso electoral.
A favor del pronunciamiento votaron 36 congresistas, mientras que nueve lo hicieron en contra.
La moción es porque, el viernes, la Dirección General de Tributación cerró la sede del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en barrio Tournón, por un cobro tributario, dos días antes de que el partido celebrara asambleas provinciales, el domingo.
Los legisladores le solicitaron al ministro de Hacienda, Elian Villegas, un informe detallado de los hechos y de los responsables de la acción sobre la Unidad.
En la moción, se hace un “vehemente llamado de atención al presidente de la República” para que todos los altos jerarcas del Poder Ejecutivo se abstengan de promover actos que atenten contra la legitimidad, libertad y transparencia del proceso electoral.
El pronunciamiento fue apoyado por los diputados de prácticamente todas las fracciones parlamentarias, salvo los del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Pablo Abarca, jefe de fracción de la Unidad, aseguró que la moción busca enviar un mensaje directo al gobierno y que lo sucedido no quede como un hecho aislado.
Tributación cerró la sede del PUSC por cinco días naturales, según corresponde a las sanciones por clausura parcial de negocios.
Explicación. El partido alega que la acción obedeció a una retención vencida del año 2016, cuando efectuó con dos días de retraso el pago de un impuesto.
Se trata, según la agrupación política, del tributo correspondiente a una remesa enviada a un asesor externo que había sido contratado para una campaña.
El mismo viernes, el presidente del PUSC, Randall Quirós, presentó un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y este, de inmediato, emitió una primera resolución en la que aclara que el cierre de la sede central no impedía que la agrupación política celebrara sus asambleas provinciales.
Por su parte, el director general de Tributación, Carlos Vargas, replicó que la medida no tiene relación con lo electoral, sino que es el resultado del incumplimiento del pago de obligaciones pendientes.
Aunque el director de Tributación no detalló los impagos, la notificación al partido dice que la deuda en la actualidad asciende a ¢8,3 millones por incumplimiento de seis retenciones del impuesto de renta de los años 2014 y 2016.
Un monto por ¢723.900 data de enero del 2014 y un segundo, por ¢7,5 millones ,de marzo del mismo año. Ambos equivalen al 98% de la aparente deuda.
Los ¢95.510 restantes serían de cuatro fechas del 2016.
Procedimiento. El diputado Pablo Heriberto Abarca declaró que el ministro de Hacienda debe abrir un procedimiento administrativo sobre quienes ordenaron el cierre.
“Como partido, entendemos este cierre como un mensaje contrario a una práctica democrática, en un país que se pregona de ser democrático, que es ejemplo en el mundo y que, además, está a punto de cumplir 200 años de independencia”, dijo el turrialbeño.
La jefa del PAC, Laura Guido, justificó el voto negativo del oficialismo porque, si bien dijo que comparte la preocupación del PUSC, alegó que la moción hace afirmaciones muy graves.
“Ningún partido está por encima de la ley. Si un partido recibió una sanción, ni políticos, ni los diputados, ni el presidente de la República, como lo pretendía el jefe del PUSC, pueden evitar que esa sanción se aplique, si se dio a derecho”, apuntó.