Un solo funcionario del MEP aprueba ¢26.700 millones a Juntas de Educación
› CGR reitera que ministerio carece de controles para dirigir recursos
Un solo funcionario del Ministerio de Educación Pública (MEP) aprueba hasta 212 presupuestos para Juntas de Educación y Juntas Administrativas por un monto de ¢26.700 millones o aún mayor, situación que, para la Contraloría General de la República (CGR), revela la falta de controles efectivos sobre estos recursos.
En este caso, se trata de un trabajador de la Dirección Regional de Educación de Guápiles, en Pococí de Limón, que además tampoco cuenta con la capacitación necesaria para concretar el proceso de manera adecuada. Sin embargo, no es un caso único, pues lo mismo ocurre en un 89% del total de direcciones a lo largo del territorio nacional.
Estos son hallazgos de una auditoría realizada por el órgano contralor y divulgada este miércoles, en la que se afirma que los mecanismos implementados por el Ministerio no aseguran la aprobación y seguimiento de los recursos conforme al marco regulatorio aplicable.
Según la CGR, tales acciones tampoco se definen y ejecutan de manera sistemática y planificada, en concordancia con los fines institucionales. “Existen debilidades en la conformación y los niveles de interrelación formal entre la Dirección Financiera, las 27 direcciones regionales y las otras dependencias del Ministerio que deben interactuar en el proceso”, apunta el texto.
Tal falta de coordinación ha generado que se transfieran recursos a las Juntas sin verificar previamente que se cuenta con el presupuesto aprobado y se conozcan los objetivos y metas formulados para su aplicación, según el fin para el cual fueron establecidos.
El MEP tiene la responsabilidad de aprobar y dar seguimiento a los presupuestos de 3.747 Juntas de Educación (de escuelas) y 734 Juntas Administrativas (de colegios), que durante el periodo 2020 ejecutaron ¢323.113 millones, de los cuales un 68% (¢219.532 millones) corresponde a transferencias del Estado.
Una de las grandes preocupaciones para la Contraloría es la ausencia de perfiles específicos de los puestos a cargo de esta labor y la gran demanda de servicios, conforme a la cantidad de Juntas a cargo de cada dirección. Por ejemplo, en casi todos los centros solo existe uno o máximo tres funcionarios que se encargan de autorizar los dineros.
Para el total de 4.481 Juntas en el país, solo hay 52 trabajadores del MEP que se encargan de avalar los presupuestos, que en conjunto suman alrededor de ¢400.000 millones. El monto mayor (¢29.990 millones) se dirige a la Dirección de San Carlos, con 356 Juntas, y su revisión está a cargo de únicamente dos personas.
En las direcciones de San José Norte, Sarapiquí, Nicoya, Sulá y Los Santos hay un solo funcionario que se encarga de la aprobación de los recursos. Solamente en la Dirección de Heredia hay cuatro colaboradores encargados de esta labor, pero es una excepción.
Para Carol Zúñiga, jefa de despacho de Planificación del MEP, los controles sí existen pero son manuales, es decir, las juntas entregan sus presupuestos en papel a los encargados para la revisión y aprobación. Así ocurre porque el sistema nunca cambió, luego de que en el 2009 en vez de juntas por cantón se crearon esos órganos por centro educativo, con lo cual se multiplicaron.
“La respuesta que le estamos dando a la Contraloría es que hay que rediseñar el proceso, eso pasa por desarrollar un sistema informático que nos permita darles las herramientas a esas personas, para que no tengan que hacerlo manual, porque hasta el día de hoy lo hacen por medio de de Excel, con formas más rudimentarias”, manifestó la jerarca a La Nación.
Según Zúñiga, lo que falta no es aumentar el número de personas a cargo, sino automatizar el proceso. Agregó que desde el 2018 han desarrollado un sistema para informes mensuales de saldos, pero hasta ahora trabajan en el diseño del software para aprobación de presupuestos.
“EXISTEN DEBILIDADES EN LA CONFORMACIÓN Y LOS NIVELES DE INTERRELACIÓN FORMAL ENTRE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, LAS 27 DIRECCIONES REGIONALES Y LAS OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO QUE DEBEN INTERACTUAR EN EL PROCESO”.
Contraloría Auditoría
Sin controles. Otro aspecto que se criticó en la auditoría es que, aunque la cartera ha definido controles para la aprobación de los presupuestos, no son ejecutados o se aplican de manera parcial. Actualmente, un 89% de las direcciones ni siquiera considera los resultados de la aplicación presupuestaria de las Juntas.
Además, el 41% no dispone de mecanismos para garantizar que los recursos ordinarios se tramiten en el plazo; el 56% no dispone de estos para el trámite de los presupuestos extraordinarios y el 63% tampoco para modificaciones externas. Asimismo, el 17% no notifica la resolución de los documentos presupuestarios a las Juntas y quienes lo informan no cuentan con un formato estandarizado para esa comunicación.
“El 85% de las direcciones regionales no ejecuta la gestión de los riesgos asociados a la aprobación y seguimiento presupuestario y no se dispone de insumos integrados para la toma de decisiones, la retroalimentación y la mejora continua”, agregó la CGR.
Dichas limitaciones provocan que no se tenga información oportuna sobre los recursos aprobados a cada una de las Juntas, el cumplimiento de las metas establecidas en sus planes de trabajo y la orientación final de los fondos según los objetivos para los que fueron destinados.
“Por lo anterior, se requiere el rediseño de los procesos de aprobación y seguimiento presupuestario para que se definan mecanismos sistemáticos, claros y estructurados que permitan orientar la ejecución de actividades basadas en el control interno, la calidad, la gestión para resultados y de riesgos, así como el cumplimiento del marco regulatorio aplicable”, dice el informe.
Igualmente, advirtió de la necesidad de promover el control, direccionamiento y acompañamiento requerido por las juntas en la gestión de los recursos públicos, los cuales, desde el 1.° de enero de 2015 hasta el 30 de junio del 2021 ascendieron a ¢1.664.603 millones, de ellos, actualmente las Juntas mantienen sin ejecutar ¢104.767,5 millones en la Caja Única del Estado, “lo que evidencia deficiencias en la gestión y, consecuentemente, en la prestación de los servicios citados”.