Empleados de Alunasa piden a Maduro pagar sus salarios aquí
›Empresa los mandó para sus casas desde el 15 de setiembre
Los trabajadores de la empresa Alunasa, cuyo propietario es el Estado de Venezuela, le pidieron al presidente de ese país, Nicolás Maduro, que salve el trabajo de las 183 personas que laboran para la compañía en Juanilama de Esparza, en Puntarenas.
Mediante una carta, los empleados le expusieron al líder chavista las penurias que afrontan desde el pasado 15 de setiembre, cuando la empresa los envió para la casa sin pagarles la quincena y, posteriormente, tampoco les desembolsó el pago del 30 de ese mes.
En la carta, elaborada por una mesa de trabajo que representa a los empleados de esta fábrica de productos de aluminio, también se consigna que el patrono nos les da ninguna información sobre lo que ocurrirá.
José Luis Rosales, presidente de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en Alunasa, informó de que la nota fue enviada el miércoles anterior, pero desconoce si el mandatario suramericano la recibió.
De acuerdo con el representante laboral, su intención es que la misiva genere algún tipo de empatía en Maduro y que intervenga para resolver la situación.
Dos semanas antes, la mesa de trabajo le escribió también a Pedro Maldonado, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) –casa matriz de Alunasa– y a Jorge Arreaza, ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, quienes hasta este viernes tampoco habían respondido.
“No estamos en una actitud de pelea, hostil; estamos dispuestos a trabajar juntos en procura del beneficio de la empresa, porque son 183 familias que quedarían desempleadas o sin salario en una zona ya deprimida desde antes de la pandemia (...). Perder 183 fuentes de empleo era antes un desastre, pero ahora sería casi que apocalíptico”, afirmó Rosales, quien labora en el departamento de Tecnologías de Información de Alunasa.
La carta a Maduro fue enviada mediante los mismos representantes de la compañía del Estado venezolano. La solicitud fue remitida al tiempo que el régimen chavista eliminó seis ceros de la moneda venezolana para facilitar operaciones en un país golpeado por la hiperinflación.
Culpa del bloqueo. En la conciliación que medió el Ministerio de Trabajo la semana anterior, los venezolanos que dirigen la empresa alegaron que la planta no tiene dinero para operar ni para pagar salarios, supuestamente a causa del bloqueo económico que Estados Unidos mantiene sobre Venezuela.
Alunasa incluso tramitó la suspensión de los contratos de 180 empleados hasta marzo del 2022. Sin embargo, la solicitud fue denegada y, más bien, el Ministerio de Trabajo le ordenó a la empresa pagar lo adeudado a los empleados a más tardar este lunes 4 de octubre. Le advirtió, además, de que que si incumple la orden, procederá “a plantear formal acusación ante los Tribunales de Trabajo”.
Las actas de las reuniones entre las partes reseñan que Pablo Emilio José Gregorio Turmero Astros, presidente de la compañía, y Carlos Peña Díaz, asesor corporativo, pidieron tiempo para que la casa matriz de la compañía en Caracas revise los documentos que detallan la cantidad de dinero adeudado a los trabajadores. No obstante, los empleados rechazaron dar más plazo.
“Si a uno le dijeran: ‘Deme una semana porque aquí hay un plan bien desarrollado, se ve de dónde viene el dinero, este día se va a firmar tal cosa’, qué sé yo, no hay ningún problema, pero es que nos dicen que necesitan una semana más para que en casa matriz valoren la información y vean si es posible (...). O sea, esa incertidumbre es irrespetuosa para los trabajadores a los que estamos representando, que no tienen qué comer”, detalló Rosales.
La Nación procuró consultarle al presidente de Alunasa sobre el avance en la búsqueda de dinero para pagar los salarios; sin embargo, al cierre de esta edición, Turmero Astros no respondió las llamadas ni el mensaje que se envió a su teléfono celular.
Sin aluminio. Una trabajadora del área de producción de Alunasa narró a este diario que, desde el 2019, la empresa arrastra problemas con el suministro del aluminio, el cual proviene de Venezuela y lo provee un grupo de compañías estatales que controla el régimen chavista.
Según dijo, el último cargamento de este año llegó en marzo y, desde mayo, la planta permanece apagada, pues no hay con qué trabajar.
Según relató, durante los últimos meses, la empresa pagó los sueldos sin que los empleados supieran de dónde se obtenía el dinero, y sin que tuvieran mayores labores que ejecutar además de barrer, chapear y darles mantenimiento a las instalaciones. De repente, el dinero se acabó.