Censura a Justicia se limita a cárcel de San Sebastián, aclara jueza
›Cartera debe evitar comentarios que afecten independencia judicial
Ante los cuestionamientos por la censura que le impuso, este jueves, el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José al Ministerio de Justicia y Paz, la jueza a cargo aclaró: no se trata de que la cartera tenga prohibido hablar de temas penitenciarios, sino que el fallo se limita únicamente a no brindar información a la prensa sobre la situación actual de la cárcel de San José, mejor conocida como San Sebastián, y esto será solo por un máximo de una semana.
A las 11: 26 a. m. de este viernes, la juzgadora Mayra Acevedo hizo esa adición a la resolución que ella misma emitió anteayer en la tarde. Allí se obligó a Justicia a “abstenerse de realizar manifestaciones, consideraciones u opiniones que pongan en entredicho la independencia judicial”, mientras se decide si se reabre o no esa prisión, que tiene orden de desalojo desde el 2016.
Además, ella explicó que esa medida atípica buscaba garantizar que la decisión judicial sobre el futuro de esa cárcel esté “libre de todo tipo de injerencia y control” y que, por ende, sea “absolutamente imparcial”.
Esas palabras fueron interpretadas por la ministra de esa rama, Fiorella Salazar, como una prohibición rotunda a brindar cuentas sobre todo tipo de asunto penitenciario, al punto de que, pasadas las 6 p. m. de este jueves, envió un breve video a la prensa argumentando que, desde ese momento, no podían hacer referencia a esos temas. De hecho, este medio solicitó ayer una entrevista con Salazar, pero su oficina de prensa insistió: “En acatamiento de la orden judicial, la ministra no se referirá ni a ese tema, ni a temas del quehacer penitenciario”.
Sin embargo, Acevedo dijo que su decisión aplica solo para asuntos relacionados con San Sebastián y que vencería en el momento en que se decida qué pasará con la medida correctiva de desalojo. Ella prevé que para la otra semana, eso esté resuelto.
Al respecto, la jerarca de Justicia apuntó que fue su despacho el que solicitó, desde el jueves, una aclaración de los alcances de ese fallo y que, en respuesta, se remite la información citada.
Dentro de la solicitud, el Ministerio también pidió conocer la fundamentación jurídica de esa conclusión, pero sobre este último aspecto aún no hay respuesta, arguyó la ministra en otro video.
De acuerdo con Acevedo, la sentencia nace a raíz de comentarios y aseveraciones que la propia Salazar ha hecho en diferentes medios, así como en redes sociales de la entidad, en donde insiste en la necesidad de abrir ese centro, porque les permitiría sacar a los reclusos que saturan celdas judiciales, a la espera de ser ingresados al sistema penitenciario.
En redes sociales. La juzgadora hizo mención a dos de esos comentarios en el Facebook y el Instagram oficiales de la institución:
hh1. “Confiamos en que las personas que pueden tomar decisiones para que esta situación no lleve al límite al país, las tomen en el momento oportuno. Tenemos más de 300 espacios sin utilizar en el CAI San José”.
hh2. “Nos preocupa que el Poder Judicial no comporta la urgencia que tiene el país por determinar si en el CAI San José se pueden recibir personas que se están acumulando en celdas judiciales y reprogramen por tercera vez, la visita del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José. Cada día que pasa aumentan las personas que ingresan al sistema penitenciario nacional y no pueden hacerlo, a pesar de los espacios que ese centro tiene disponibles”.
Esas publicaciones, recalcó Acevedo, tienen el único fin de ejercer presión sobre la decisión. “Tales comentarios, realizados en un proceso judicial en trámite, podrían ser considerados como una forma de ejercer presión para que quien tiene la potestad de adoptar la decisión final acoja la petición en los términos en que es cursada y genera, además, en la opinión pública una perspectiva que podría estar alejada de la realidad y del ordenamiento jurídico”, justificó.
Añadió que esa medida está sustentada en jurisprudencia relacionada “con el ejercicio del principio de independencia judicial y de juez natural” y que, de ninguna manera, se trata de una censura velada, como lo hizo ver Salazar.
La jueza concluyó: “En ese sentido, se insiste en que dicha medida tiene como único objetivo evitar que se ejerza algún tipo de control político y mediático al momento de resolver sobre la pertinencia o no de abrir el CAI San José, toda vez que se parte de que la justicia es aplicada de forma imparcial, objetiva y libre de toda injerencia”.
Pese a lo dicho por Acevedo, la oficina de prensa de la Sala Constitucional confirmó la recepción de dos recursos de amparo presentados en contra de lo dictado por la juzgadora. Uno es de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y otro de la misma jerarca de Justicia.
¿Reabrir o no? La cárcel de San Sebastián fue cerrada por el juez de Ejecución de la Pena de San José, Roy Murillo, en el 2016, tras calificarla como una “jaula humana”. Cuatro años después, en octubre del 2020, la jueza Irene Barrantes visitó esa infraestructura para darle seguimiento a aquella medida correctiva y valorar si se levantaba o se sostenía el desalojo. No obstante, debido a que las condiciones degradantes y el hacinamiento persistían, decidió mantenerla en firme.
Justicia alegó en días recientes que la inversión que le han hecho a ese recinto es millonario, por lo que lamentó que los jueces no levanten la orden de desalojo, en momentos en los que el Ministerio alega no poder recibir más reos porque no tiene espacio. Indicó que ese lugar les funcionaría para evitar que las celdas judiciales se abarroten de reclusos que están a la espera de ser ingresados a un centro penal. A este jueves, había 311 presos en esa condición.
Sobre esto, la Fiscalía General emitió un comunicado en que apoya la reapertura de esta cárcel, ya que, asegura, permitiría aliviar el hacinamiento en celdas judiciales. Por ello, el Ministerio insiste en pedir el cese de la norma correctiva y, como parte de ese llamado, la jueza de Ejecución nuevamente visitó este miércoles esa prisión para constatar cómo están las instalaciones. A partir de ese recorrido, la funcionaria solicitó una serie de informaciones a Justicia para determinar, en el plazo máximo de una semana, si reabre o no ese centro penal.
Entre los datos requeridos para mejor resolver se incluyen: el resultado de la vacunación contra la covid-19 en toda la población penitenciaria y las medidas adoptadas entre el 2016 y el 2021 para reducir la población en cárceles. En cuestiones más específicas del CAI San José, solicitó un informe sobre los arreglos de ese centro e indicar si existe posibilidad de modificar su infraestructura para crear más espacios para los reclusos.
También urgió las previsiones que se han considerado para respetar los protocolos de distanciamiento en las celdas, así como detallar “las previsiones, gestiones y proyecciones realizadas para la construcción de un nuevo centro penal para indiciados”.