Ministra denuncia a jueza por prohibirle hablar sobre cárcel
›Demanda por supuesto prevaricato se presentó este jueves ante Fiscalía
“Hemos presentado una denuncia penal por el delito de prevaricato en relación con la orden que recibió el Ministerio (de Justicia y Paz) para que sus autoridades no se refirieran en todo o en parte a la información penitenciaria.
”La denuncia va en relación con dos grupos de derechos que sentimos que se afectaron . El primero tiene que ver con la libertad de expresión de las personas que trabajamos en la institución, y el segundo, con la responsabilidad que tenemos como funcionarios de rendir cuentas sobre el cien por ciento de nuestra actuación”.
Con esas palabras, Fiorella Salazar, ministra de esa cartera, confirmó a La Nación que este jueves denunciaron penalmente a la jueza de Ejecución de la Pena Mayra Acevedo, luego de que esta les prohibiera, mediante un fallo judicial, brindar a la prensa información relacionada con la cárcel de San Sebastián, mientras se resolvía si se mantenía o no el desalojo definitivo de dicha infraestructura carcelaria.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Según la jerarca, esta acción penal en contra de la juzgadora “no es un tema personal”, sino que es una manera de, dijo, sentar un precedente tanto para la entidad como para el país en general.
LIBERTAD
TODOS SOMOS LIBRES DE DECIR LO QUE PENSAMOS (...) Y, AL MISMO TIEMPO, SOMOS RESPONSABLES DE ELLO. NO PUEDE EXISTIR UNA PROHIBICIÓN DESDE ANTES PARA QUE NO EMITAMOS COMENTARIOS SOBRE UN TEMA EN EL QUE TRABAJAMOS”.
Fiorella Salazar titular de Justicia
“Todos somos libres de decir lo que pensamos, de emitir opiniones y, al mismo tiempo, somos responsables de ello. No puede existir una prohibición desde antes para que no emitamos comentarios sobre un tema en el que trabajamos”, reprochó Salazar.
Se le consultó al Ministerio Público sobre la apertura de la causa contra Acevedo, pero al cierre de esta edición, la oficina de prensa de esa entidad no había respondido a las consultas de este medio.
Por su parte, la Sala Constitucional confirmó que, hasta el momento, han recibido siete recursos de amparo en relación con esta aparente censura, entre los cuales está el presentado por la ministra, Diana Posada y Viviana Boza, las dos últimas, viceministras de la cartera.
El alto tribunal precisó que seis recursos fueron interpuestos contra la resolución puntual de la jueza y uno, contra la ministra, a quien se le pidió que no acatara lo dispuesto por la juzgadora.
Origen de lío. Debido a que sobre la cárcel de San Sebastián pesaba una orden de desalojo definitivo desde el 2016, Justicia se propuso conseguir su reapertura para poder usar los espacios que tenían desocupados allí y, de esa manera, aliviar la crisis de hacinamiento.
Empero, pese a la inversión millonaria que hicieron para mejorarla, las condiciones por las cuales ordenaron su cierre continuaban para el 2020. La infraestructura era cuestionable y la sobrepoblación apremiaba, según criterio del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José.
Por ello, en octubre del año pasado, esa instancia mantuvo esa medida de cierre definitivo. Un año después, el hacinamiento se empeoró al punto de que Justicia dejó de recibir reos provenientes de celdas judiciales, pues alegaba que no tenía espacio ni para un reo más, y por ello volvió, más insistente que nunca, con la idea de reabrir San Sebastián.
Ante ello, el Juzgado coordinó una nueva visita al centro penitenciario, mediante la cual la jueza Acevedo determinaría si se reabriría o no; no obstante, el 30 de setiembre, ella ordenó una medida atípica, con la cual le prohibía a Justicia referirse en medios de comunicación a la situación que rodeaba a esa cárcel.
En su justificación, brindada un día después mediante una adición y aclaración al fallo anterior, la jueza indicó que esa censura sería solo por una semana, mientras se resolvía la situación en la vía judicial. Añadió que dictaba ese fallo porque no quería que los comentarios dados por Salazar en días anteriores a la prensa afectaran la eventual resolución. Es decir, aseguró que se trataba de un escudo para la independencia judicial.
Este miércoles, la juzgadora emitió su criterio sobre San Sebastián, en el que acata lo dispuesto por la Sala Constitucional el 4 de octubre. Ese día, los magistrados avalaron la reapertura de ese centro, de forma temporal y como medida extraordinaria para descongestionar las celdas judiciales.
En la resolución, Acevedo pide una aclaración a la Sala en relación con el plazo por el cual estaría reabierto San Sebastián, y levanta la prohibición a Justicia para abordar con la prensa este asunto.