Diputados aprueban reforma integral a ley antiburocracia
››Entidades tendrán solo dos días para resolver denuncia de silencio positivo
Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, un proyecto de ley que cambiará las reglas para recurrir al silencio positivo en beneficio de la ciudadanía, al momento de gestionar trámites y de cumplir requisitos exigidos por las diferentes instituciones del Estado.
Se trata de una reforma integral de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de la diputada liberacionista Silvia Hernández, cuyo objetivo es fortalecer la normativa que, en casi 20 años de existencia, no ha logrado debilitar totalmente la burocracia excesiva.
La reforma reduce de tres a dos días el plazo para que los entes emitan una resolución luego de que un usuario presente una declaración jurada acusando a la Administración de silencio positivo. Esa declaración puede presentarse después de que, vencido el plazo para resolver una solicitud sobre un permiso o una licencia, la entidad no se haya pronunciado.
“Procederá el silencio positivo de pleno derecho y se tendrán aprobadas las solicitudes, siempre y cuando se cumpla con los requisitos legalmente establecidos”, dice la nueva normativa.
Lo mismo sucederá si un funcionario incumple el plazo para resolver un trámite o requisito necesario para otro trámite, lo que permitiría al habitante seguir con las gestiones siguientes.
Requisitos. La declaración jurada en la que el ciudadano acuse el incumplimiento del plazo podría ser autenticada por notario público, o bien, firmada por el administrado frente al funcionario, así como vía electrónica, con firma digital, indicando que la Administración no resolvió en tiempo.
Emitida esa declaración, la institución solamente tendría dos días para autorizar la aplicación del silencio positivo. En el caso de trámites realizados mediante plataformas digitales, se podría aplicar el silencio positivo sin declaración jurada, siempre que se cumplan todos los demás requisitos.
El proyecto aprobado establece que no se podría utilizar el silencio positivo en licencias, permisos o autorizaciones relacionados con salud pública, ambiente o materias en que, por disposición constitucional, legal o jurisprudencia legal, así se indique.
El plan de Hernández, firmado por 17 diputados más, crea un Catálogo Nacional de Trámites, para que contenga todos y cada uno de los trámites que estén obligados a cumplir los ciudadanos en diferentes circunstancias, y que no sean forzados a gestiones sin fundamento legal, o no existan en decretos, reglamentos o disposiciones administrativas.
Según la liberacionista, la iniciativa fue trabajada junto con las autoridades del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y no exime a los ciudadanos de los requisitos, pero protege de su exceso, buscando una mejor aplicación de la ley vigente.