Límite al gasto pone en riesgo funcionamiento del 9-1-1 en diciembre
››Problema no es escasez de dinero sino prohibición para subir gasto corriente
El Sistema de Emergencias 9-1-1 asegura que dejaría de funcionar a mediados de diciembre debido al límite de gasto impuesto por la regla fiscal. La institución argumenta que necesita sobrepasar el techo en ¢237 millones para terminar el año.
Según Elena Amuy, directora del 9-1-1, de no solucionarse la situación, el servicio entraría en un cierre técnico que afectaría la atención de las llamadas de emergencia.
Explicó que el problema no es de escasez de dinero, pues sí tienen fondos para los gastos, sino de que carecen de autorización para subir el gasto corriente en más de un 4,13%, como lo fijó la regla fiscal para el 2021, debido a la crisis del país. El servicio se financia con un impuesto del 0,75% incluido en los recibos de telecomunicaciones.
“¿Qué les vamos a decir a los usuarios si pagan todos los meses la tasa para el financiamiento del 9-1-1? Pero, en vez de mejorar el servicio, se va a dar un servicio más precario, porque no se pueden utilizar los recursos que están pagando los usuarios”, manifestó.
Para este año, el 9-1-1 tiene un límite de gasto de ¢4.477 millones y su incumplimiento conlleva sanciones.
“Los únicos gastos en los que estamos incurriendo son los esenciales para el funcionamiento del servicio: remuneraciones, pago de tiempos extraordinarios al personal operativo, reposición de plazas solo del personal operativo, y pago del alquiler del edificio y de los equipos”, dijo Amuy.
Agregó que, como consecuencia del techo de gasto, el 9-1-1 acumuló un superávit de más de ¢600 millones, los cuales no pueden ser transferidos a Hacienda ni ser utilizados.
Para el 2022, la funcionaria dijo que también hay problemas, pues en junio vencerán los contratos de los equipos que alquilan y el próximo presupuesto no incluye una partida renovarlos. Ante el impedimento de seguir alquilando los equipos con el gasto corriente, el 9-1-1 buscó comprarlos, contrario a lo que recomendado por la Contraloría General de la República.
El 9-1-1 busca un proyecto de ley que lo exonere de la regla fiscal para seguir funcionando. Según Amuy, el impuesto que se cobra en las facturas de telecomunicaciones pasa a las arcas del 9-1-1, por lo que, si elevan el gasto, no afectarían la situación del Gobierno.