2 gasolineras ilegales vendían combustible ‘ordeñado’ a cisternas
Dos gasolineras clandestinas localizadas en Siquirres, Limón, vendían combustible de dudosa procedencia “ordeñado” a camiones cisternas.
A dos de los hombres que operaban los negocios, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) les decomisó 3.000 litros de diésel, bombas y recipientes.
La venta de diésel y gasolina, a más bajo precio que el oficial, estaba camuflada desde hace dos meses en un lubricentro en La Herediana, distrito de Germania, y en un puesto de reparación de llantas en el distrito de Pacuarito.
Wálter Espinoza, director del OIJ, dio a conocer este miércoles que los dos comerciantes se habían puesto de acuerdo con los choferes de los cisterna que trasladaban los productos derivados del petróleo entre Limón y el Valle Central, por la vía del túnel Zurquí (ruta 32), con el fin de robar parte de ellos durante el trayecto.
La clientela del lubricentro y el taller de llantas eran personas de la comunidad que conocían, desde hace pocas semanas, que en esos sitios los precios eran mucho menos onerosos en relación con los oficiales.
Los dos hombres detenidos fueron identificados como de apellidos Cubillo Carranza y Cruz Briones.
Por otra parte, se informó de que un tercer sospechoso, apellidado Sánchez Cordero, es buscado por las autoridades, pues no estaba en los sitios allanados.
Posibles cargos. Espinoza dejó claro que a los sujetos aprehendidos se les presentó a la Fiscalía como sospechosos de hurto agravado, así como venta, almacenamiento y receptación de combustibles.
Desde el año pasado, el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó una nueva legislación que castiga con más fuerza los delitos referidos al robo de combustible estatal, así como por traficar o recibir producto obtenido de manera ilegal.
Por el transporte y distribución ilegal de combustibles, las penas van de uno a cuatro años de prisión, mientras que por receptación de combustibles obtenidos de forma anómala, son de uno a cinco años de cárcel.
La investigación sigue adelante pues, de acuerdo con la Policía Judicial aún faltan por aplicar varias acciones operativas, así como la captura y presentación a la Fiscalía del tercer sospechoso.
Sobre este tipo de hechos, las autoridades consideran que a través de las tomas ilegales, los individuos que se dedican a esta labor, han sustraído a los costarricenses, en un plazo de 18 meses, más de ¢1.200 millones en combustible.