Transparencia y claridad
Una vez más, la harto conocida dificultad para alcanzar acuerdos que ha caracterizado al sistema político costarricense amenaza con pasar factura: la probable nueva posposición del proceso de ajuste en las finanzas gubernamentales.
¿Qué condujo, nuevamente a este punto? En esta ocasión, primero, la fragilidad, los titubeos, los errores y la falta de empeño de un Ejecutivo débil políticamente, poco convencido de buscar el ajuste por el mecanismo del Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a sus prejuicios ideológicos y tempraneros guarismos electorales, pero a la vez incapaz de diseñar un ajuste presupuestario e impositivo consecuente con su pretendido progresismo, y muy calculador, al pensar que los resultados fiscales darían para llegar a mayo.
Como si las carencias del Ejecutivo no fueran suficientes, una refriega electoral con actores poco estructurados, excesivamente oportunistas, desconectados de la realidad y poco reflexivos en sus posturas de política pública y, particularmente, tomados por una visión competitiva de la política basada en el cálculo mercadológico y, en consecuencia, muy proclive a la evasión y a la ausencia de compromisos colectivos; mucho más dedicada al postureo, al mensaje vacío y canjear por espacios presupuestarios o de política pública a grupos de interés.
El resultado de este triste cóctel es el tiempo perdido, por fortuna en un momento con un poco más de espacios para maniobrar el deterioro de la confianza y el desempeño macroeconómico que los que se tenían en 2018, lo cual no significa que no haya costos por esta manía procastinadora, especialmente en crecimiento económico, en espacios de financiación para los hogares y las empresas y, sobre todo, en dos dimensiones relevantes: la reducción de la inestabilidad y vulnerabilidad macro-financieras –internas y externas – y la construcción de espacios para ganar resiliencia y capacidad de reacción ante los retos conocidos y por conocer.
¿Qué debemos demandar de los actores políticos? Del Gobierno –en particular, del Presidente y su equipo político – responsabilidad para impulsar hasta el último minuto la agenda de ajuste. De los candidatos y los partidos se debe demandar aún más. A quienes vayan saliendo de la irrelevancia del margen de error de las encuestas se les debe exigir responsabilidad y transparencia para señalar, con claridad meridiana cuáles son sus posiciones en diferentes políticas públicas, incluyendo las económicas, cómo piensan ejecutar lo que ofrecen y cómo lo financiarán.