Contraloría advierte sobre deficiencias en auditorías del MOPT y Conavi
Dos informes de la Contraloría General de la República (CGR), divulgados el viernes anterior, advirtieron sobre una serie de deficiencias relacionadas con la planificación y operación de las auditorías del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Ambas oficinas velan por el cumplimiento de normas, el control interno y la gestión de riesgo dentro de las entidades, por lo que a criterio de la Contraloría la labor de ambos departamentos es de gran importancia en el manejo de fondos públicos. Precisamente, su gestión cobró relevancia luego de los hallazgos evidenciados como parte del Caso Cochinilla, donde se investigan supuestos hechos de corrupción con obras de infraestructura vial.
En el caso del MOPT, la CGR determinó en el informe DFOE-CAP-IF-00002-2022 que existen debilidades relacionadas con las normas de desempeño y con la planificación estratégica y operativa de sus labores. Esto porque a criterio del ente, el proceso que se ejecuta no es sistemático ni se encuentra documentado.
“Además, existen debilidades en cuanto a la identificación, análisis y evaluación de riesgos, la definición de las unidades auditables y del ciclo de auditoría, lo que limita la fundamentación metodológica de la priorización de su plan de trabajo anual; así como de los recursos disponibles de la Unidad para la atención de las áreas con mayor exposición a riesgos”, agrega el documento.
El análisis determinó que los planes de trabajo para los años 2019 a 2022, no se ajustan al marco normativo vigente, al ver aspectos como tipo de auditoría, prioridad, nivel de riesgos indicadores de gestión, los cuales se detallan de manera incorrecta o se omiten.
En el informe N° DFOECAP-IF-00001-2022, cuya evaluación se desarrolló entre del 1.° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, se indicaron las deficiencias de la Auditoría del Conavi.
Sobre ese departamento, la CGR halló debilidades relacionadas con la estructura y documentación de los procesos de planificación, pues no se define de manera metódica la información asociada a los riesgos institucionales.