Alcaldes deben usar sus fondos para impugnar ley
Si los alcaldes actuales quieren presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley que limitó su reelección, tienen que hacerlo con recursos propios, no con fondos públicos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), como pretenden.
Así lo advirtió el abogado constitucionalista Carlos Arguedas, quien desistió de continuar con un contratación de ¢6,8 millones de la UNGL para impugnar la legislación ante la Sala IV.
El exmagistrado y exdiputado confirmó que declinó cobrar sus honorarios porque concluyó que el objeto del contrato no era viable.
Explicó que la UNGL, como organización, carece de legitimidad para presentar la acción de inconstitucionalidad contra la ley y quienes sí la tenían, los alcaldes, no podían usar recursos de la organización para hacerlo.
La Unión de Gobiernos Locales se financia con recursos de las municipalidades, los cuales a su vez provienen de los contribuyentes.
“Lo que yo recomendé a la Unión es que no presentara una acción de inconstitucionalidad porque había un alto grado de probabilidad de que fuera inadmitida. Les dije que la UNGL tampoco puede proveer los medios económicos para que ellos (los funcionarios que sí están legitimados para presentar la acción) presentaran acciones porque se trata de recursos de origen público. La Unión, dada su naturaleza, no podía disponer de recursos con esa finalidad”, dijo Arguedas a La Nación.
Arguedas presentó el informe el miércoles, ante la Dirección Ejecutiva de la UNGL, representada por Karen Porras.
Según Arguedas, al establecer la inviabilidad del objeto de la contratación, no entró a analizar la ley por el fondo.
Porras indicó que el Consejo Directivo de la UNGL se encargará de dar seguimiento a la contratación, sus implicaciones o futuras acciones.
Fue Lissette Fernández, alcaldesa del PLN del cantón de Jiménez desde el 2011 y vicepresidenta del Consejo Directivo de la UNGL, quien sugirió contratar la asesoría legal, el 7 de abril, dos días después de firmada la ley por el entonces mandatario, Carlos Alvarado. Verny Valerio, alcalde del cantón de San Rafael de Heredia, respaldó su propuesta.
La ley que pretenden impugnar limitó la reelección de alcaldes a un máximo de dos periodos consecutivos.