Blindaje judicial
Los diputados tienen ante sí tres decisiones de gran relevancia para el Estado de derecho: nombrar magistrados titulares en las Salas Primera (civil, comercial y contencioso-administrativa), Tercera (penal) y Cuarta (constitucional) de la Corte Suprema de Justicia. La tarea siempre impone rigor, transparencia y sentido de la importancia que los cargos tienen para nuestra democracia. Por no haberlo hecho en otras oportunidades, las facturas han sido altas. Hoy ese imperativo se acrecienta por la coyuntura política que vivimos y la necesidad de blindar la integridad del Poder Judicial ante falencias internas y presiones externas.
Sin desconocer la importancia de cada Sala, lo anterior es particularmente importante en la Constitucional, por ser intérprete y guardiana de nuestra Carta Fundamental y, como resultado de ello, la mayor responsable de velar por los equilibrios necesarios para el quehacer republicano.
La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa emitió, el 4 de octubre del pasado año y el 21 de marzo de este, los dictámenes y recomendaciones para escoger los sustitutos de William Molinari y Nancy Hernández, en la Primera y Cuarta, respectivamente. Ambos habían renunciado a sus cargos: Molinari, luego de que se le abrieran dos procesos disciplinarios; Hernández, para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La vacante en la Tercera se produjo en abril, tras el fallecimiento del magistrado Álvaro Burgos. Aún el proceso formal para su reemplazo no ha comenzado.
En la Sala Constitucional, la elección no parece difícil: el mayor puntaje, y muy alto (93,7), lo obtuvo una mujer de muy sólidos atestados, por lo cual, además del factor clave de competencia profesional, se evitaría un deterioro del escaso equilibrio de género en ella, con cinco de siete magistrados hombres.
Para la Segunda, las notas son ligeramente menores, pero quien encabeza la lista casi llega a 90.
Las calificaciones numéricas resultan importantes, pero más aún lo es la independencia, firmeza e integridad de los magistrados. Las turbulencias externas lo demandan. En cuanto a quienes los escogen (los diputados), es hora de superar el secretismo de las votaciones, por deber de transparencia hacia los ciudadanos y factor de legitimidad para los poderes Legislativo y Judicial.