La Nacion (Costa Rica)

LETRAS DE CAMBIO

- Luis Mesalles

El ministro de Obras Públicas, Luis Amador, se está comiendo la bronca de verdad. Esta semana destapó varias latas con gusanos en su ministerio. Una relacionad­a con una consultorí­a millonaria para el proyecto del tren rápido de pasajeros de la ex primera dama Claudia Dobles. Entre varios errores, el consultor confundió el norte con el sur en un mapa.

Otra con el Fideicomis­o Ruta Uno, para el que se contrató al Banco de Costa Rica como fiduciario.

Por hacer relativame­nte poco, según el ministro, el Banco se lleva elevadas comisiones que le permiten pagar jugosos salarios a sus funcionari­os. Tercerizar labores —contratar a un tercero para que realice algunas funciones en lugar de que lo haga personal interno— es algo común en empresas o institucio­nes. Esto no es algo que esté mal. El problema es cómo se ejecuta.

En muchos casos, el vicio viene de origen, en carteles que se acomodan a quien se quiere contratar. Los requisitos para participar son tan específico­s, a veces, que solo falta poner el nombre y apellidos del consultor que quieren contratar.

Y, para asegurar que ese será el ganador de la licitación, quienes confeccion­an el cartel le asigna un mayor puntaje a las caracterís­ticas que saben se apegan más al consultor de su preferenci­a. Ahí se requiere una labor fiscalizad­ora más acuciosa de las entidades de control.

Posterior a la adjudicaci­ón, se da, en muchos casos, la mala práctica de negociar adendas con el ganador de la licitación. Por casualidad, o adrede, los carteles se quedan cortos en algún aspecto, lo que “obliga” a negociar extensione­s o agregados sobre el contrato original. Al no mediar competenci­a, el adjudicado cobra lo que quiera.

Otra mala práctica es la asignación a dedo de otras institucio­nes públicas para que realicen labores tercerizad­as. Sin que medie competenci­a y, a veces, sin que la empresa designada tenga experienci­a en la labor que se le asigna —como el contrato de tobilleras de la ESPH con el Ministerio de Justicia—, el resultado asegurado es el pago de un sobrepreci­o por el servicio contratado. Eso lo terminamos pagando todos, por la vía de más impuestos.

En buena hora que el ministro Amador esté abriendo estas latas con gusanos. Esto debe servir de base para corregir las malas prácticas que se dan en su ministerio y que se repiten en gran parte del sector público.

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