Cese por embarazo es el principal abuso contra empleadas domésticas
› Solo el 14% están aseguradas ante la Caja Costarricense de Seguro Social
Despedirlas por quedar embarazadas o por estar en periodo de lactancia es el principal abuso laboral que cometen los patronos ticos contra las empleadas domésticas.
Según cifras dadas a La Nación por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), del total de infracciones detectadas por la entidad desde 2020, la mayor parte (27,35%) se trató de trabajadoras que fueron cesadas ilegalmente por esta razón.
La Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes) indicó que recibe hasta 100 denuncias al mes de parte de empleadas y una gran mayoría son relacionadas a pérdida de empleo por el embarazo, pero rescató que muchas quejas no son elevadas al MTSS por el temor de las mujeres a perder su empleo. Esto podría explicar que la cartera solo haya recibido 117 quejas en total en los últimos tres años.
En 2020 fueron 39 denuncias y el año pasado se incrementó a 53. En el primer semestre de este 2022 ya se han tramitado 25 quejas y en todos los años la mayor parte de líos se presentaron en la región central del país. Del total de casos, solo en 44 se detectó una infracción y en el proceso de revisión 23 patronos cumplieron lo prevenido, pero otros 17 quedaron “sin efecto” por retiro de denuncia o no haber localizado al empleador.
Un solo caso se logró resolver por “arreglo entre las partes” y en otros tres los patronos no cumplieron lo prevenido, por lo que se elevaron ante sede judicial y una acusación ya se encuentra en proceso.
En cualquier escenario, si se demuestra que la persona empleadora no cumplió la legislación laboral, debe pagar todos los rubros adeudados a la trabajadora por el periodo en que incurrió en el incumplimiento.
Carmen Cruz, presidenta de Astradomes, explicó que muchas de las empleadas embarazadas son despedidas porque los patronos alegan que ya no les funcionan para las labores. “Esto pasa muy seguido, más cuando las compañeras tienen que estar yendo mucho a la clínica o les mandan muchos exámenes. Entonces, la empleadora no les permite y simplemente no les pagan incapacidades y las despiden”, dijo.
La representante agregó que han ayudado a mujeres a presentar denuncias por este tema y han logrado casos en los que los patronos deben pagar a la empleada todos los meses retroactivos de salario no percibido y los rubros de pre y posparto. “Normalmente las despiden cuando se dan cuenta porque van por el cuarto mes de embarazo y a veces nace el bebé y aún no se ha logrado nada, pero al final se logra”, añadió.
La cartera de Trabajo aseveró que la segunda infracción más común en los casos de servicio doméstico atendidos por la Dirección Nacional de Inspección (DNI), es cuando a las empleadas no les entregan su certificado de conclusión de contrato, el cual es determinante para que la trabajadora pueda solicitar que le calculen sus extremos laborales, solicitar una conciliación y, si no hay arreglo, ir a tribunales.
Luego, en tercer lugar figura la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indicó a La Nación que en el país hay 113.691 mujeres ocupadas en la rama de actividad “hogares como empleadores”, pero la Caja señaló que solo 15.987 están aseguradas, es decir, apenas un 14% del total. Para ellas, no estar protegidas socialmente implica aspectos como no tener acceso a consulta médica, métodos de planificación familiar o a una pensión.
Abusos comunes. Entre las otras infracciones constantes detectadas por el Ministerio de Trabajo están la no entrega del comprobante de pago tras depositar el salario, la falta del seguro de riesgos del trabajo y el no pago de aguinaldo, salario mínimo (¢214.000), horas extra, días feriados, vacaciones, así como la falta de respeto al trabajador, atraso en el pago del salario, modificaciones irregulares del contrato y la suspensión ilegal.
Se consultó a la institución cuánto dinero se paga al año en resoluciones por este tipo de reclamos, pero la oficina de prensa alegó no tener el dato.
También se preguntó al Poder Judicial la cantidad de procesos abiertos, el tiempo que llevan en trámite y el detalle del tipo de reclamos, pero respondió que no cuenta con ese grado tan específico de datos estadísticos. “En los datos automatizados no se tienen contemplados los oficios, profesiones o demás de las personas. Se tendría que revisar expediente por expediente”, dijo.
La fundadora de Astradomes, Rosita Acosta, comentó a La Nación que otro caso común, que no siempre se denuncia formalmente, es la agresión física y verbal de patronos contra las trabajadoras domésticas, especialmente si son migrantes.
“Muchas no denuncian por no perder el trabajo. Aunque saben que les están violentando sus derechos, no denuncian para no perder su sustento; esa es la realidad”, argumentó
Acosta dijo que para las trabajadoras extranjeras es más complicado defender sus derechos porque muchas no logran obtener un permiso de trabajo o documentos migratorios.
“Eso es un problema porque si es indocumentada más le violentan sus derechos”, detalló, al agregar que varias logran obtener una licencia laboral gracias a la firma del contrato de un patrono en específico, que si la despide, pierde el permiso.
Cruz recordó que otro tema por revisar es que a muchas trabajadoras las contratan por tiempo parcial para no pagarles las prestaciones, o les ordenan hacer labores ajenas al trabajo doméstico como jardinería, lavar carros y el cuido de menores de edad o adultos mayores.
“Algunas trabajan hasta 14 horas al día y les piden que limpien casas ajenas”, citó.