Cerrar parques y polideportivos en pandemia ‘aumentó brechas socioeconómicas’
La medida del gobierno de mantener cerrados parques, polideportivos y demás espacios públicos de recreación durante la pandemia aun cuando ya había más apertura para el funcionamiento de sitios privados como gimnasios y salones de eventos, pudo haber contribuido a aumentar brechas socioeconómicas existentes, sostiene un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR) con apoyo del Programa Estado de la Nación.
Según el informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2021: Análisis del Impacto de la Crisis en el Hábitat y la Vivienda, la decisión de las autoridades de mantener los espacios públicos clausurados incluso cuando ya se había autorizado el retorno a espacios privados, no solo afectó la percepción de la ciudadanía respecto a los parques y plazas, sino que también incidió negativamente en la salud de quienes necesitaban tal recreación.
“Se considera aquí que estos eventos no solo tuvieron incidencias negativas en la salud física de poblaciones que dependían de estos espacios públicos para desarrollar sus actividades físicas (i.e. población de adultos mayores y poblaciones económicamente desfavorecidas, entre otras), sino que esta decisión puede bien haber contribuido a aumentar brechas socioeconómicas ya existentes”, indica el documento.
Los autores argumentan que el hecho de mantener cerrados estos espacios incluso hasta el primer trimestre del 2021, dificultó la posibilidad de recreación de muchos ciudadanos que no tenían otros lugares para divertirse, distraerse, descansar o alejarse por un tiempo del trabajo o las preocupaciones.
Además, advierten de que clausurar los parques y polideportivos con cintas amarillas con mensajes como “precaución” o “peligro” pudo haber evocado en los usuarios una imagen de inseguridad asociada al uso de los espacios públicos.
Otro aspecto preocupante, según destacan, es que este tipo de medidas también marcan una tendencia latente a acelerar la reducción de las responsabilidades del Estado en garantizar espacios sanitariamente seguros para la población, particularmente aquella más vulnerable, “tendencia que, finalmente, tiene una particular incidencia en la salud física y mental de la población en el largo y mediano plazo”.
“Se argumenta aquí que esta tendencia responde menos a una falta de interés de las autoridades municipales por mantener los espacios públicos en condiciones ideales, y más a la limitada capacidad operativa generalizada de estas autoridades, producto de sus limitaciones económicas y humanas”, detallaron.
Para los autores, es peligroso normalizar esta tendencia, porque se podrían incrementar las brechas de la población en áreas urbanas, ya que la gente percibe una presión creciente por migrar sus dinámicas de esparcimiento y actividad física del espacio público tradicional (percibido como inseguro, insalubre, desconfiable) a espacios privados de uso público (percibidos como limpios, ágiles y confiables).
“Coincidiendo así con la tendencia generalizada a asociar estos últimos espacios como alternativas más seguras que los espacios públicos en términos de seguridad ciudadana”, indicaron.
Señalaron que los espacios públicos son testigos de la vida en la ciudad y facilitadores de condiciones para el fortalecimiento de la salud física y mental, pero continúan siendo reducidos en área y cobertura, y su distribución, a nivel distrital y cantonal, refleja las grandes deficiencias de la planificación urbana.