12 funcionarios del Poder Judicial buscan magistratura en Sala III
››Persona elegida en plenario ocupará cargo dejado por Álvaro Burgos
Un total de 13 funcionarios judiciales postularon sus nombres para el cargo de magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de casación penal del país.
Sin embargo, una quedó fuera de concurso por entregar sus documentos fuera del plazo.
Ellos participan en el proceso para elegir al sustituto de Álvaro Burgos, exmagistrado de 60 años que falleció el pasado 13 de abril y quien había sido elegido para ese cargo en diciembre del 2019.
Todos los aspirantes provienen del propio Poder Judicial, según lo detalla la lista de los aspirantes establecida por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, órgano que empezó el estudio de los atestados de los postulantes.
Quiénes. La lista la forman ocho hombres y cuatro mujeres. Entre los nombres, hay personas que ya habían aspirado anteriormente a una magistratura.
Las cuatro mujeres que se postulan al cargo son Patricia Vargas González, Cynthia Dumani Stradtmann, Rosa María Acón Ng y Yendry Patricia Portuguez Pizarro.
Los aspirantes hombres son William Serrano Baby, Rafael Segura Bonilla, Edwin Salinas Durán, Juan Carlos Morales Jiménez, Norberto Garay Boza, Miguel Ernesto Fernández Calvo, José Miguel Zamora Acevedo y Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal.
Por su parte, Gemma Elizabeth Montero Mena quedó fuera de la competencia, puesto que entregó los documentos fuera del plazo que habían fijado los diputados para la recepción de documentos, que era el jueves 4 de agosto, a las 7 p. m. Ella los entregó el viernes 5 de agosto.
De esos 12 postulantes aprobados, la Comisión de Nombramientos enviará una lista con seis nombres recomendados para que el plenario decida, finalmente, a quién escogerá.
Documentos. Entre la documentación exigida a los candidatos, están certificaciones de la Contraloría General de la República sobre sanciones, investigaciones o procedimientos disciplinarios, administrativos o penales, de que tenga registro esa entidad.
También, debían aportar certificación similar de la Defensoría de los Habitantes, y una del Ministerio de Hacienda para verificar que se encuentren al día con el pago de obligaciones tributarias a título personal o como parte de una sociedad, así como con la Caja Costarricense de Seguro Social.
Se exigieron certificaciones de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Dirección Nacional de Notariado, la Procuraduría de la Ética Pública, el Colegio de Abogados y Abogadas y la Corte Suprema de Justicia.
Igualmente, se solicitó, entre otros requisitos, una certificación municipal de propiedades a su nombre, referencia bibliográfica de sus publicaciones y resumen de sentencias más relevantes de los últimos cinco años.
Esto último, en caso de tratarse de un juez.