Inamu: Faltan cambios legales para atender nuevos tipos de acoso
››Caso denunciado por Karina ramos deja al descubierto vacíos en legislación
Luego de siete años de sufrir un acoso que comenzó con llamadas y mensajes por redes sociales en el 2015 y que desde hace un año se tornó presencial y más agresivo, la modelo y empresaria Karina Ramos Leitón, levantó la voz para decir que ya ha aguantado demasiado y que llegó a un punto donde las autoridades deben tomarse estos casos en serio.
“¿Necesitamos otro feminicidio, otra violación, para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer con esta persona?”, dijo en un video donde denunció cómo el sujeto, de apellidos Zamora Fonseca, burló la seguridad del complejo de apartamentos donde ella reside, en Santa Ana, y llegó a tocarle la puerta, el pasado sábado 27 de agosto, casi a la medianoche.
Adina Castro, coordinadora del Departamento de Violencia del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), reconoció que debería existir una normativa específica para atender este tipo de violencia contra las mujeres.
Lo anterior porque la Ley contra el acoso sexual callejero (N.° 9877) no se ajusta a estos casos particulares, donde al parecer se trata más bien de una fijación, con hechos repetitivos e injuriosos que incluso han llevado al sujeto a buscar a la víctima en México.
Esta norma, vigente desde agosto del 2020, no tipifica conductas de acoso cibernético, llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales o situaciones particulares como que un individuo intente ingresar a la propiedad de la víctima.
Castro aclaró que ella no conoce a fondo el caso de la modelo Karina Ramos; no obstante, sostuvo que la legislación vigente tiene vacíos que impiden atender mejor situaciones como esta: “Vamos a tener que ir viendo cada situación por separado, ver el contexto y buscar el tipo penal requerido. Lo que antes no era necesario, ahora se vuelve necesario, porque cambia el entorno y el Derecho necesita ir aplicando ajustes”.
Agregó que en una situación de acoso a veces hay salidas genéricas que no son oportunas. Por eso, si en este momento no tenemos normativa para atender estas situaciones, entonces tenemos que crearla, reiteró.
La exreina de belleza, de 29 años, había llevado el año anterior a Zamora a un proceso judicial. Esa vez el abogado de la modelo, Federico Campos, denunció al sujeto por el delito de coacción, estipulado en el artículo 193 del Código Penal y que contempla penas de hasta cinco años de prisión a quien “mediante amenaza grave o violencia física o moral compela a una persona a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado”.
Se denunció por este delito porque es el más afín a los hechos, de lo contrario, el asunto habría tenido que atenderse como una contravención, donde las sanciones son menores.
Es por lo anterior que el Inamu afirma que se debe repensar en hacer ajustes a la legislación. Por ejemplo, en España el Código Penal sanciona el ciberacoso y tipifica todas aquellas conductas de acoso, independientemente de que se hagan por medios electrónicos o no, explicó Campos.
En mayo del 2022, el proceso concluyó cuando Ramos accedió a una conciliación pensando que el sujeto iba a cambiar su actitud. En aquel momento, Zamora pagó una multa de ¢100.000, se comprometió a realizar a un curso psicológico, así como a no volver a molestarla ni a acercársele.
Sin embargo, la situación empeoró después. El 25 de junio, el hombre llegó a buscarla al apartamento en el que ella vivía en Ciudad de México y, la semana anterior, hizo lo mismo pero en su casa en Santa Ana, San José.
Lo debido. Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública y viceministro de Seguridad, afirmó que la Policía de Santa Ana atendió de manera adecuada la emergencia que afrontó Karina Ramos y que se hizo todo a cabalidad.
“Hicimos lo que corresponde, detener a la persona y solicitar la dirección funcional de un fiscal. Se puso al sujeto a la orden del Ministerio Público y, al día siguiente, le dejaron libre por orden del fiscal. Habría que ver qué otro tipo de medidas se van a tomar desde el ámbito judicial con el implicado”, afirmó.