La Nacion (Costa Rica)

Sigue sin firma acuerdo para sacar a fideicomis­o de la vía a San Ramón

››Ministro: retrasos en esta etapa no representa­n demoras a proyecto

- Patricia Recio G. arecio@nacion.com

Casi un año después de que el Gobierno anunciara la intención de poner fin al fideicomis­o del Banco de Costa Rica (BCR) para la ampliación de la carretera San José-San Ramón, la adenda necesaria para modificar el contrato con la entidad bancaria aún no se ha firmado.

El ministro de Obras Públicas y Transporte­s, Luis Amador, indicó, ante consultas de este medio, que el documento de la adenda fue enviado al BCR el pasado 17 de marzo; sin embargo, el 4 de abril, los representa­ntes de la institució­n financiera pidieron ajustar algunos “elementos de forma” antes de firmar.

Según Amador, actualment­e esos elementos están siendo atendidos por la unidad ejecutora del proyecto (la cual pertenece al Consejo Nacional de Vialidad, Conavi) para remitir nuevamente el documento al Banco. Luego de la firma, la adenda debe ser refrendada por la Contralorí­a General de la República.

El jerarca sostuvo que el atraso en esa etapa de negociació­n con el BCR no significa demoras para el proyecto.

Así lo afirmó, pese a que las obras imposterga­bles (OBIS) siguen detenidas en la fase de diseño (el lote 2), ya que parte de los cambios que incluye la adenda es pasar la mayoría de esas obras pendientes a manos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte­s (MOPT) y del Conavi.

Tal es el caso de los proyectos del lote 2, en el que se encuentran las ampliacion­es del intercambi­o de Circunvala­ción con la autopista General Cañas, en el sector del monumento al Agua, y del puente sobre el río Torres, para las cuales el Conavi acordó que el consorcio adjudicado H Solís-TPF Getinsa Euro Estudios se encargue solo del diseño y ya no de la construcci­ón.

Según el acuerdo, la construcci­ón pasaría a formar parte del proyecto integral (ampliación desde La Sabana hasta San Ramón). Además, resolviero­n quitar la ejecución de las OBIS al BCR.

La adenda que el MOPT busca que el BCR suscriba se plantea como una transición hasta llegar al finiquito del contrato al término del 2024. En ese periodo también se buscaría reducir los gastos administra­tivos del fideicomis­o.

Reingenier­ía. Mientras tanto, la intención del MOPT es sacar la reingenier­ía del proyecto mediante una cooperació­n no reembolsab­le otorgada por el Banco Centroamer­icano de Integració­n Económica (BCIE), a fin de reducir la inversión y abaratar los peajes.

La construcci­ón del tronco principal (cuyo monto no ha sido precisado, pero se estima en más de $500 millones) se financiarí­a con un préstamo de ese mismo banco.

Amador insistió de que la demora en la firma de la adenda no impide comenzar los estudios, que se llevarán a cabo por medio de esa cooperació­n. De hecho, dijo que ya fue publicado el concurso para esas labores de preingenie­ría.

Una vez que se complete esa fase de estudio, se realizará una licitación internacio­nal para la construcci­ón del proyecto integral.

El plan del MOPT es que la carretera de 60 kilómetros se licite mediante un modelo de diseño, construcci­ón y mantenimie­nto; el empréstito sería cubierto con los mismos ingresos de los peajes.

El pasado 2 de marzo, Amador dijo ante los diputados de la provincia de Alajuela que la construcci­ón del tronco principal comenzaría en el 2025.

Desde 2022. La intención de romper con el BCR fue anunciada por el ministro y el mandatario, por primera vez, en junio del año pasado.

Un mes después, el ministro bajó el tono al anuncio y aseguró que lo que se buscaba era “jalarle las riendas” al Fideicomis­o. A finales del año pasado, se comenzó a hablar de la adenda contractua­l, cuyo detalle fue oficializa­do en enero de este año, sin que a la fecha se haya logrado concretar esa negociació­n.

Los vecinos de Occidente llevan décadas escuchando promesas y planes para desarrolla­r la ampliación de la carretera entre San José y San Ramón.

Esa cadena de intentos fallidos incluyó hasta una concesión que fue revocada y por la que el Estado debió indemnizar a la empresa brasileña OAS por $35 millones.

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La intención del MOPT es que los 60 kilómetros de carretera entre San José y San Ramón se construyan mediante un préstamo con el BCIE, el cual sería cubierto con ingresos de peajes. MAYELA LÓPEZ

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