Ente de lucha contra VIH cerró por freno de recursos de la JPS
› Dinero enviado por Junta de Protección financiaba todas sus operaciones
La Asociación Demográfica Costarricense (ADC), que trabaja por la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), entró en cierre técnico por falta de recursos para operar, en especial los provenientes de la Junta de Protección Social (JPS).
Según la organización civil, la JPS había presupuestado hacerle un depósito semestral desde setiembre pasado, pero el proceso se vio cargado de trabas, retrasos y negativas; y a la fecha no han entrado los fondos.
La ADC fue fundada en marzo de 1966. Además de prevenir el VIH, ha trabajado por casi seis décadas por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, así como el combate de enfermedades de transmisión sexual.
Ante la falta de los recursos de la Junta, que se destinaban a financiar la totalidad de sus operaciones, la Asociación se vio obligada a cerrar en enero el local que utilizaba en Guadalupe, Goicoechea, pues adeudaba la renta de diciembre.
La ADC facilitaba paquetes de prevención y preservativos, pruebas rápidas y la posibilidad de generar referencias a la CCSS para exámenes de VIH y otras enfermedades. Paralelamente, daba acompañamiento a personas portadoras, así como charlas y talleres mensuales de prevención.
“Cada año, el proceso de contratación del proyecto ‘Trabajando juntos en la prevención y atención del VIH’, con la JPS, ha presentado algunas dificultades que se logran subsanar. Sin embargo, este año, las diversas trabas y la falta de voluntad política han vulnerado nuestra organización, llevando a la ADC a un cierre técnico del cual difícilmente logre levantarse.
”Más allá de afectar a una organización, el desinterés institucional por financiar el proyecto deja expuesta y desprotegida a una parte importante de la población. Estamos hablando de un golpe a los derechos humanos de poblaciones clave”, declaró la ADC.
La totalidad del personal fue despedido y, ante el desalojo del local, todo el mobiliario fue donado a otras organizaciones.
El equipo estaba conformado por los encargados de la coordinación del proyecto, tres educadores, dos encargados de Trabajo Social, así como un funcionario de monitoreo y evaluación.
El convenio entre la JPS y la Asociación Demográfica Costarricense fue inicialmente respaldado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y con HIVOS como su principal beneficiario.
Desde hace casi nueve años, este proyecto ha estado en funcionamiento y, en su segunda fase, ha recibido financiamiento a través de fondos nacionales de la JPS. Estos fondos se han canalizado hacia tres organizaciones: Asociación Demográfica Costarricense, Asociación Esperanza Viva (ASEV) y Transvida.
Réplica. Esmeralda Britton, presidenta de la JPS, aseguró que dicha institución no ha generado atrasos en perjuicio de la ADC y atribuyó el retraso a “una serie de cambios” solicitados por la Fundación el pasado mes de diciembre para modificar el destino de algunos recursos, lo cual requiere una nueva revisión de la Directiva de la Junta.
“Ante los ajustes solicitados al proyecto, se debe verificar que cumpla de nuevo los requisitos que se piden para proyectos específicos. Si la Asociación Demográfica no hubiese solicitado este cambio de plan de inversión, ya tendría los recursos en ejecución desde diciembre del 2023, por lo que la situación no obedece a algún atraso de la JPS”, indicó Britton.
Prevención y detección. El proyecto desarrollado por la ADC combinaba la aplicación de estrategias socioeducativas para la prevención, la detección temprana del virus en la población clave y acceso al tratamiento antirretroviral a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según explicó la ONG, durante los últimos dos años, también comenzó a implementarse una nueva iniciativa de grupos de apoyo para hombres con VIH con el fin de generar comunidad, espacios seguros para hablar del diagnóstico, facilitar la adherencia al tratamiento y el autocuidado en la población.
Durante el 2023, la organización desarrolló una campaña de detección realizando pruebas rápidas en diversos cantones del país y espacios universitarios. También, trabajó con el Ministerio de Justicia para llevar las pruebas a centros penitenciarios en San Carlos, Pérez Zeledón, Liberia y Puntarenas.
Según los datos de la Asociación, en el 2023 se atendió a 3.700 personas, a las cuales no podrán darles seguimiento tras el cierre.