Descuido malintencionado de la Coprocom
La decisión del Ministerio de Hacienda de no asignar el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, conforme a lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia, no solo constituye un incumplimiento legal, sino también una flagrante indiferencia hacia los compromisos internacionales y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La decisión socava la ley y la integridad de la Comisión para Promover y Proteger la Competencia (Coprocom), ente crucial para el desarrollo económico y la justicia competitiva nacional.
La importancia de una autoridad de competencia eficiente y adecuadamente financiada es innegable. Es fundamental para garantizar un mercado justo y equitativo, prevenir prácticas monopolizadoras y proteger los intereses de consumidores y pequeñas empresas.
La experiencia de países miembros de la OCDE demuestra que una autoridad de competencia bien respaldada impulsa el crecimiento económico y protege al consumidor.
Por ejemplo, la Comisión Europea impuso multas significativas a empresas por prácticas anticompetitivas. Con ello se beneficiaron los mercados y se fomentó la innovación y el juego limpio.
En Estados Unidos, la acción antimonopolios de la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia ha sido clave para desmantelar prácticas perjudiciales para la competencia y la innovación.
En Costa Rica, una autoridad de competencia bien financiada tendría un impacto considerable en prácticas anticompetitivas, como en el caso de las licitaciones de obras públicas, en las cuales históricamente unas pocas compañías han dominado el mercado.
La negativa del Ministerio de Hacienda a otorgar el financiamiento necesario a la Coprocom es una decisión cortoplacista, que ignora las implicaciones a largo plazo para la economía.
Esta acción contradice no solo el mandato legal de la Ley 9736, sino también las recomendaciones de la OCDE, cuya condición de miembro fue un logro significativo para Costa Rica.
La falta de financiamiento adecuado para la Coprocom podría resultar en un debilitamiento de la supervisión del mercado y perjudicar el entorno empresarial, pues disuade la inversión extranjera y limita la capacidad del país para competir a escala global.
La decisión se justifica en la situación de la deuda, pero esto es paradójico. Por un lado, las autoridades del Poder Ejecutivo destacan las cifras macroeconómicas positivas, la reducción de la deuda y un supuesto auge económico, mientras, por otro lado, no asignan el presupuesto establecido por ley a una entidad que, de funcionar correctamente, tendría un impacto directo en el PIB. Esta contradicción envía mensajes confusos y cuestiona la coherencia de las políticas económicas del gobierno.
Es crucial que el Poder Ejecutivo, en particular el Ministerio de Hacienda, reconozca la importancia crítica de una autoridad de competencia fuerte y eficaz. Cumplir con las leyes nacionales y los compromisos internacionales asignando el presupuesto adecuado a la Coprocom es una cuestión de legalidad y un paso esencial para asegurar un mercado justo y competitivo, fundamental para el crecimiento económico y la estabilidad.
La falta de financiamiento adecuado a la Coprocom envía una señal preocupante a la comunidad internacional sobre el compromiso de Costa Rica con prácticas de mercado justas y gobernanza económica responsable. Como miembro de la OCDE y participante en la economía global, es imperativo que el país demuestre su dedicación a los principios de competencia.
Un mercado competitivo y justo es un pilar en toda economía vibrante. Es hora de que las autoridades costarricenses actúen con visión y compromiso y aseguren que la Coprocom tenga los recursos necesarios para desempeñar su papel vital en la promoción y protección de la competencia.
Insto al Ministerio de Hacienda y al gobierno a reconsiderar su postura y asignar inmediatamente el presupuesto necesario. Es un paso crucial para asegurar un entorno de mercado dinámico y equitativo, fomentar la innovación y proteger los intereses de los consumidores y las empresas.
Hacienda no girará a la Coprocom el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa