Poder Judicial extradita a opositor nicaragüense a pedido de Ortega
› Sala IV cursó ‘habeas corpus’ cuando deportación se había dado
El Poder Judicial extraditó al opositor nicaragüense Douglas Gamaliel Pérez Centeno, conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales, de 44 años, el viernes por la mañana, a solicitud del régimen de Daniel Ortega.
El abogado defensor de Pérez, Daguer Hernández, aseguró que se había advertido del riesgo de tortura que conllevaba la entrega del hombre a las autoridades del régimen.
Las autoridades nicaragüenses acusan a esa persona de ser miembro de una organización criminal que operaba en el departamento de río San Juan, que manejaba armas de fuego propias del Ejército y la Policía Nacional de Nicaragua, y que habría cometido varios delitos.
Se le acusa de participar en un asalto, con víctimas mortales, a empleados de la empresa Agroindustrial del Río S. A.
Según relató vía telefónica el abogado Hernández, el ciudadano nicaragüense fue movilizado por las autoridades judiciales este jueves por la noche y llevado hasta la frontera, donde fue entregado al régimen de Ortega, el viernes a las 8 a. m.
El OIJ confirmó que el operativo de extradición lo llevaron a cabo agentes de la Policía Judicial destacados en la Oficina Central Nacional-Interpol San José.
La entrega a las autoridades nicaragüenses se dio bajo la dirección del Tribunal Penal de Liberia, en el puesto de Peñas Blancas, y en colaboración con la Policía de Migración.
Hernández aseguró que él se enteró tarde de la situación y corrió a presentar un recurso de habeas corpus en la Sala Constitucional, que, según consta en resolución de este viernes a las 3 p. m., fue cursado y se ordenó la suspensión del proceso de extradición, ya cuando este se había ejecutado.
Pérez fue detenido, junto con otros supuestos miembros de la misma organización criminal, en un operativo coordinado entre la Policía de Nicaragua y la Fuerza Pública de Costa Rica, el 18 de octubre del 2022, en el centro de San José.
No obstante, la información oficial del OIJ, indica que Pérez fue detenido el 31 de octubre de ese año, en Los Lagos de Heredia, porque contaba con una alerta internacional de captura, como sospechoso de homicidio, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, así como crimen organizado y secuestro simple.
“El objetivo era que no hubiera ningún proceso, sino enviarlos directamente a Nicaragua”, indicó el abogado, pero aseguró que Pérez tenía en trámite una solicitud de refugio en Costa Rica, que se denegó en el plazo de los 15 días posteriores a su detención.
En ese momento, los familiares de Pérez presentaron un recurso de habeas corpus, sin que ellos supieran dónde estaban él y los demás detenidos, lo que finalmente detuvo la deportación en aquel momento y se modificó el proceso a una extradición, que las autoridades de Nicaragua tuvieron que solicitar formalmente a Costa Rica.
Hernández relató que en ese proceso de extradición no se entra a revisar el fondo de la acusación, relativo a los delitos cometidos por Pérez y los otros individuos.
Según el abogado, en 12 días, el gobierno de Ortega armó el caso contra su defendido, por una serie de delitos comunes, y en abril del 2023, el juez de Quepos que conocía del caso, ordena la extradición, contra lo cual él presentó recurso de apelación y revocatoria, en el Tribunal de San Ramón.
En agosto del 2023 se ratificó la extradición. “Tanto en Quepos como en San Ramón, señalamos el peligro de que él fuera extraditado a Nicaragua y la posibilidad incluso de tortura”, enfatizó.
En la sentencia de extradición dictada en primera instancia por el juez Derick Sebastián Vargas, consta que el requerimiento de los nicaragüenses lo hizo Gloria María Saavedra, jueza que Hernández asegura es un brazo del orteguismo.
“Nosotros tratamos de señalar esto al juez, el riesgo de tortura, pero los jueces de Costa Rica nos dijeron que eso era problema de Nicaragua”, señaló Hernández.
El abogado explicó que los tribunales costarricenses carecían de conocimiento sobre la situación real en el país vecino. Por esta razón, al tratarse de delitos comunes y cumplirse con los requisitos establecidos en el convenio de extradición, se dictaminó el proceso.
Recordó que en octubre del 2023 se ordenó la extradición de todos los detenidos, pero se logró frenar el envío de Pérez y Reinaldo Picado.
“Hicieron un proceso extraño, sacarlos de la cárcel por el OIJ. Fui a preguntar en ese momento y no me decían nada. Al final, esa noche presentamos un habeas corpus a las 10:30 p. m., porque ellos estaban desaparecidos”, dijo.
En aquel momento, la Sala Constitucional ordenó detener el proceso de extradición, cuando Pérez y Picado estaban en la frontera, pero los regresaron. En diciembre se declaró sin lugar el habeas corpus.
En el caso de Picado, el abogado dijo que se presentó una nueva solicitud de refugio por hechos nuevos, que lo mantiene protegido, pero no se pudo hacer en el caso de Pérez.
El abogado relató que la noche del jueves liberaron al individuo, indicándole que sería puesto en libertad. A pesar de haber presentado el recurso de habeas corpus el viernes, las autoridades lo trasladaron a Nicaragua a las 8 a. m. de ese día, y la Sala IV tomó acción a las 3 p. m.