Gloria Navas defiende a contralora general ante ataque de gobierno
La vicepresidenta del Congreso, Gloria Navas, tildó de antiético el actuar del gobierno de Rodrigo Chaves por utilizar discursos de orden político para fundamentar sus diferencias de criterio con la contralora general de la República, Marta Acosta, en vez de basarse en argumentos jurídicos.
Así reaccionó Navas ayer al presenciar un acalorado intercambio en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa entre la contralora y la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, en referencia al proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Contratación Pública, con el fin de construir Ciudad
Gobierno.
La CGR se opone a la iniciativa y recomendó a los legisladores no aprobarla, por considerar que presenta riesgos para la Hacienda Pública, potenciales vicios de constitucionalidad y retrocesos para la regulación de la contratación pública.
Cisneros acusó a la contralora de “mentir descaradamente” y de “engañar a la población”, manifestaciones que molestaron a algunos integrantes de la comisión.
Sin conocimientos. Navas le cuestionó a Cisneros que “pretendiera” manejar aspectos relacionados con el derecho público y el contencioso administrativo sin tener los conocimientos de “un primer semestre de Derecho”.
“Me parece que utilizar el discurso político y dirigirse a la población es totalmente antiético, es engañarla”, añadió.
Ante los señalamientos de
Navas, Cisneros reconoció que no es abogada, pero afirmó que es estudiosa de la materia. “No soy tonta; estudio, leo y trato de entender”, dijo.
“Soy capaz de leerme el artículo 67 y decir, con absoluta seguridad, que no dice lo que la contralora dice, porque lo que dice acá es la palabra de la ley. Lo que la contralora está diciendo es una interpretación de ley, que usted, como buena abogada, sabe que cuando hay 10 abogados, puede haber 10 interpretaciones a la ley”, alegó Cisneros.
Sobre el argumento del gobierno y el oficialismo de que Ciudad Gobierno generaría ahorros al país por los alquileres que se dejarían de pagar, Navas dijo que la CGR ha expresado interés en que se logren más ingresos e inversiones en Costa Rica, pero recordó que, en una democracia, el Estado de derecho es fundamental.
Acosta hizo ver que es muy pronto para estimar montos de posibles ahorros que generaría el proyecto, tal y como lo pretende desarrollar el gobierno, debido a que ni siquiera se ha llegado a la fase de preinversión.
El expediente presentado por el gobierno pretende reformar los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública para permitir al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) levantar Ciudad Gobierno sin un concurso público o aval del Congreso, aunque el financiamiento sea internacional.
La contralora general de la República, Marta Acosta, afirmó que las incongruencias en las manifestaciones sobre Ciudad Gobierno hechas por la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Laura Fernández, los llevan a cuestionar si existe otro expediente con información del proyecto a la cual el órgano contralor no ha tenido acceso.
Así lo dio a conocer este miércoles la jerarca en una participación ante la Comisión legislativa de Asuntos Jurídicos.
El diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), consultó a la contralora sobre las inconsistencias que se han identificado en el expediente del proyecto de Ciudad Gobierno.
Al respecto, Acosta procedió a enumerar cinco incongruencias que han detectado y concluyó que tales divergencias, los hacen “poner en duda si hay otro expediente al que no hemos tenido acceso, porque ella (Fernández) hace afirmaciones de información que es importante, pero que nosotros no conocemos y que no estaba todavía al día de antier (lunes), en el expediente”.
Las incongruencias
➤ 1. Mencionó las diferencias en los montos de los ahorros que, según el gobierno, se generarían por medio del proyecto. Igualmente, aclaró que sería imposible contar en este momento con esa información, de manera precisa, porque Ciudad Gobierno se encuentra en la fase de elaboración del perfil del proyecto y dichos datos se pueden obtener hasta que se llegue a la etapa de preinversión.
➤ 2. De segundo, citó el tema de la transferencia de los bienes al Estado. La contralora reiteró sus dudas de que el complejo inmobiliario regrese al patrimonio del país transcurridos los 25 años de pagos por alquiler a los que se estaría comprometiendo Costa Rica.
Esta preocupación se fundamenta en un memorando que el propio BCIE dirigió, el 1.° de setiembre del 2023, a la comisión interinstitucional del gobierno que coordina el proyecto. Literalmente, el memorando dice que “la transferencia de propiedad, al final del contrato, se determina que no se efectúa, porque es una decisión que no se estaría adoptando desde la suscripción de la contratación”.
“Es decir, es una condición posible, pero depende del contexto que el gobierno de ese momento y el BCIE determinen con respecto al complejo inmobiliario”, continúa.
Empero, para la ministra Fernández, la conclusión de la Contraloría es una “interpretación errónea” del documento.
Según Fernández, lo que indica el memorando es que el gobierno puede decidir si quiere y conviene a los intereses del país seguir contratando la operación y el mantenimiento, “pero nunca seguir pagando lo correspondiente al componente de infraestructura dentro de la cuota de arrendamiento, porque los edificios ya estarán debidamente pagados”.
➤ 3. En tercer lugar, Acosta aseguró que no han sido notificados sobre la realización de un concurso público, como lo indicó la ministra Fernández en un video divulgado por Casa Presidencial el pasado 21 de marzo.
En esa grabación, la jerarca afirmó que la Contraloría está al tanto de que habrá un concurso internacional, conducido por el BCIE, “porque se lo hemos dicho por escrito”. Empero, Acosta asegura que no cuentan con esta información. ➤ 4. La contralora dijo, además, que resulta incongruente que exista ya un proveedor seleccionado cuando no se ha realizado un concurso. Ante una consulta de Nicolás, la jerarca aclaró que se refería a la elección del BCIE como financiador y desarrollador del proyecto.
Para la Contraloría, se trataría de una elección a dedo, debido a que el Ejecutivo optó por la institución financiera sin contar con estudios de mercado ni avalúo que determinara la factibilidad del oferente. ➤ 5. La quinta inconsistencia que mencionó la contralora, tiene que ver con las manifestaciones de la ministra Fernández, en la grabación del 21 de marzo, de que el BCIE asumiría todos los riesgos del proyecto, incluidos los relacionados con los diseños, la construcción, operación y mantenimiento de Ciudad Gobierno.
“Recordemos que en el caso de la propuesta que el BCIE le ha hecho al gobierno de la República, sería ese Banco, ese organismo internacional, el que estará asumiendo absolutamente todos los riesgos adyacentes al proyecto”, aseguró Fernández.
Empero, Acosta manifestó que no cuentan con esa información.
“No podemos ver eso, no sabemos cómo lo determinaron si todavía no está la preinversión”, expresó.
La jerarca también dijo a los legisladores que, de aprobarse los cambios a la Ley de Contratación Pública propuestos por el Ejecutivo, el país estaría retrocediendo en la regulación de estos procesos administrativos.
“Se dieron luchas para cerrar excepciones, por ejemplo, que ahora se reabrirían, de que organismos públicos de derecho internacional puedan ser escogidos sin concurso público para desarrollar obra pública. Eso para nosotros es un retroceso”, advirtió.