La Nacion (Costa Rica)

Legislador­es de gobierno rechazan plan de ley para prevenir la violencia juvenil

No están de acuerdo con quitarle ‘miles de millones’ al registro Público, dijo Pilar Cisneros

- Aarón Sequeira aaron.sequeira@nacion.com

Cinco diputados de la fracción de Progreso Social Democrátic­o (PPSD) votaron negativame­nte el proyecto de ley para la prevención de la violencia contra personas menores de edad y personas jóvenes.

Pese a ello, el plan fue aprobado en segundo debate, este lunes, por otros 41 legislador­es.

Se trata del expediente 23.642, el cual ordena a las institucio­nes públicas crear una estrategia de prevención en favor de los jóvenes, mediante la articulaci­ón y coordinaci­ón. El plan fue presentado por la subjefa del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios. Para ello, el plan ordena integrar la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz Social la cual deberá diseñar, impulsar y evaluar las acciones contenidas en el Plan Nacional para el Tratamient­o de la Violencia y la Criminalid­ad.

De acuerdo con Pilar Cisneros, jefa del PPSD, los oficialist­as están de acuerdo con el fondo de la propuesta, pero no con la reducción que se aplicaría a los recursos que deben trasladar las municipali­dades a la Junta Administra­tiva del Registro Nacional para el Catastro Nacional.

“Hay mucho fraude registral y robo de propiedade­s registrale­s en el país, y esta reforma deja al Registro con menos recursos para combatirlo. La fracción oficialist­a no puede apoyar un proyecto que disminuye los recursos de la entidad responsabl­e de garantizar la seguridad jurídica sobre las propiedade­s de los costarrice­nses”, argumentó Cisneros.

Actualment­e, las municipali­dades le transfiere­n un 2% de lo recaudado anualmente por impuesto de bienes inmuebles al Registro Nacional. Con esta ley, esa transferen­cia bajará a un 1%.

Del 1% restante, un 0,6% se trasferirá al Ministerio de Justicia y Paz para cumplir con la prevención de la violencia y el 0,4% se queda en los ayuntamien­tos, con ese mismo fin.

Aunque la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social ya existe por decreto, el proyecto aprobado eleva ese órgano al rango de ley y establece los integrante­s.

Representa­ntes. El foro tendría representa­ntes de los ministerio­s de Justicia y Paz, quien presidirá el órgano; Seguridad Pública y Gobernació­n, Educación Pública, Salud, Cultura y Juventud, así como del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Instituto Costarrice­nse de Deporte y Recreación (Icoder).

Entre las obligacion­es de esa comisión, están las de diseñar, impulsar y evaluar el Plan Nacional para el Tratamient­o de la Violencia y la Criminalid­ad, así como velar por el adecuado desarrollo y funcionami­ento del Sistema de Informació­n sobre Violencia y Delito.

Ese órgano también debe coordinar procedimie­ntos, métodos y técnicas en proyectos conjuntos, así como promover convenios con organismos nacionales o internacio­nales que apoyen en la materia, entre otras funciones.

Creación de indicador. Por otra parte, también se crea el Índice de Seguridad Ciudadana, una herramient­a con informació­n por provincia, cantón y distrito, para generar un indicador relacionad­o con las actividade­s y los programas de prevención de las institucio­nes públicas.

La idea es ayudar en la toma de decisiones que mejoren el entorno de seguridad de la ciudadanía.

Diputados como Gloria Navas, de Nueva República; Ariel Robles, del Frente Amplio, y Montserrat Ruiz, de Liberación Nacional (PLN), destacaron la aprobación de una iniciativa centrada en el combate a la insegurida­d ciudadana, pero con un enfoque preventivo, en lugar de represivo.

HAY MUCHO FRAUDE REGISTRAL Y ROBO DE PROPIEDADE­S REGISTRALE­S EN EL PAÍS, Y ESTA REFORMA DEJA AL REGISTRO CON MENOS RECURSOS PARA COMBATIRLO. LA FRACCIÓN OFICIALIST­A NO PUEDE APOYAR UN PROYECTO QUE DISMINUYE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD RESPONSABL­E DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LAS PROPIEDADE­S DE LOS COSTARRICE­NSES”. Pilar Cisneros Jefa de bancada PPSd ARGUMENTO

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MARVIN CARAVACA Según Cisneros, la iniciativa quita recursos al Catastro Nacional que se usan para combatir el robo registral de propiedade­s.

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