Directora de UNGL ordenó ver antes ‘toda información’ dirigida a Consejo Directivo
› Envió un oficio en el que advirtió a los trabajadores de sanciones por incumplir orden
La directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras Arguedas, envió un oficio el 6 de noviembre del 2023, para advertir a los funcionarios de la institución que “toda información” que desearan enviar al Consejo Directivo debía pasar antes por su despacho y contar con su firma, según un reglamento autónomo de la entidad.
Esta limitación fue uno de los factores que motivó que el 21 de marzo anterior renunciara a su cargo la encargada de Recursos Humanos, Adriana Salazar, y el 2 de abril hiciera lo mismo el director de Proyectos y Cooperación Internacional, de apellido Vargas. Ambos reclamaron en sus cartas de dimisión que, cuando intentaron acercarse al Consejo Directivo, Porras rechazó las reuniones o les dijo que eran aspectos administrativos que debían ser atendidos por la Dirección Ejecutiva.
El Consejo Directivo es el órgano superior en materia de dirección y conducción de las políticas de la UNGL y está integrado por alcaldes, regidores e intendentes de todo el país, así como representantes de la Federación de Municipalidades. Este órgano puede nombrar o destituir al director ejecutivo, es decir, a Porras.
Según explicó Salazar en su carta, pidió audiencias al Consejo Directivo, pero la directora ejecutiva se las negó sin aportarle una justificación. “¿Cuál es el temor de que hable frente al Consejo?”, cuestionó en el documento.
Por su parte, Vargas dijo que trató de hacer conocer al órgano directivo una serie de hostigamientos laborales, abusos de autoridad y malas prácticas por parte de Porras. Sin embargo, en ese momento, la directora ejecutiva emitió el oficio DE-I-109-11-2023, en el cual advirtió que toda la información debía pasar antes por su despacho.
“La directora ejecutiva nos ‘recordó’ a todos los colaboradores que no podemos enviar ninguna información a ese órgano, si no ha sido de previo conocimiento de la jerarca institucional. Así lo hice, y como respuesta recibí que mi solicitud era de carácter administrativo, por lo tanto, no se iba a escalar al Consejo Directivo”, criticó el director.
Según Vargas, también se le indicó que debía respetar estrictamente el orden jerárquico, así como canalizar con la Dirección Ejecutiva toda solicitud, reclamo o queja que tuviera. “Le recuerdo su obligación de obedecer las órdenes, instrucciones o circulares de sus superiores jerárquicos sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley General de la Administración Pública”, cita el oficio recibido por el director.
Esa ley establece que todo servidor público está obligado a obedecer las órdenes de su superior, excepto cuando esas instrucciones sean arbitrarias o constituyan abuso de autoridad o cualquier otro delito.
No obstante, el oficio DE-I109-11-2023, enviado por Porras a los funcionarios, también les advirtió que a quienes incumplan la orden y se dirijan de forma directa al Consejo Directivo se les aplicarán las sanciones dispuestas en el artículo 166 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la institución.
Ese artículo determina una serie de castigos para los empleados, que van desde amonestaciones verbales o escritas, hasta suspensiones sin goce de salario o el despido sin responsabilidad patronal.
El pasado jueves, durante la actividad de entrega de credenciales a los 84 alcaldes electos, La Nación le consultó a Porras los motivos que la llevaron a enviar el polémico oficio a los funcionarios de la UNGL. Afirmó que esa orden se dio en apego a los estatutos de la institución, ya que ella es la responsable de la parte administrativa.
“Cuando uno administra, tiene que apegarse al marco de legalidad. Nada más estoy recordándole a los funcionarios cómo tiene que ser el proceder; eso no quiere decir en ningún momento que yo esté coartando la libertad de nadie. Estas críticas que se hacen yo esperaré que las lleven a las instancias pertinentes para poder defenderme”, indicó Porras.
La directora dijo que envió el oficio luego de identificar que los funcionarios que no estaban de acuerdo con aspectos administrativos iban directamente al Consejo Directivo.
Desconocía oficio.
El presidente de la UNGL y alcalde de Buenos Aires, José Bernardino Rojas, aseguró a La Nación que no estaba enterado de la existencia del oficio enviado por Porras a los funcionarios. Sin embargo, afirmó que, desde su punto de vista, no debería limitarse a ningún funcionario la posibilidad de hablar con cualquier directivo o con todo el Consejo.
“La Sala Constitucional ha dicho que un funcionario municipal no tiene que tener necesariamente autorización del alcalde para ir al Concejo Municipal. Cualquier empleado que requiera hablar con el Concejo puede hacerlo. Con respecto al Consejo Directivo de la UNGL, podría aplicarse la misma norma, siempre y cuando se haga una consulta sobre el tema”, explicó Rojas, el miércoles 10 de abril.
“Me parece que no debe limitarse a los funcionarios de la UNGL para hablar con cualquier directivo, en el entendido de que tanto la Junta Directiva como la Dirección Ejecutiva trabajan para el fortalecimiento del régimen municipal. Ese es mi criterio personal, no debería haber ninguna limitación, si todos pretendemos lo mismo como equipo”, declaró.
Rojas precisó que, en su opinión, los trabajadores deben comunicarle (no pedirle permiso) a sus respectivas jefaturas cuando vayan a exponer algún tema al Consejo. También señaló que el oficio emitido por Porras se fundamenta en un reglamento interno de la UNGL, pero ningún reglamento está por encima de la Carta Magna.
“En aras de la buena comunicación, voy a conversarlo con doña Karen a ver cuál es su posición. El oficio hace referencia a un artículo de un reglamento interno que no está sobre los derechos que establece la Constitución Política. Yo puedo hacer reglamentos y establecer el ABC, pero que ese reglamento no sobrepase los derechos de cada trabajador, cualquiera que sea”, afirmó. ■