Sala IV señala a Casa Presidencial el deber de entregar información pública
› Magistrados reprochan respuesta tardía brindada a un medio de prensa
La Sala IV señaló a Casa Presidencial el deber que tiene la administración de entregar en forma oportuna información pública requerida por los medios de comunicación.
En un reciente fallo, los magistrados cuestionaron la tardía respuesta que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dio a una solicitud planteada por un medio de prensa que pidió acceso a los registros de ingreso de Yafit Ohana Beladel, esposa del empresario Leonel Baruch, a Casa Presidencial entre julio y octubre del 2022.
Tales registros fueron solicitados por Amelia Rueda, el 20 de julio del 2023.
No obstante, el alto tribunal señaló que la información no fue suministrada hasta el 29 de agosto, luego de que Rodríguez fuera notificado de que el órgano constitucional estaba tramitando un recurso de amparo interpuesto por ese medio.
“Para el Tribunal Constitucional, pese a que se dio respuesta tardía al medio, no se puede tener como satisfecho el derecho de acceso a la información. A criterio de la
Sala, la justificación brindada por esa autoridad no resulta aplicable para los puntos solicitados por la parte recurrente”, argumentaron los jueces en su resolución.
El fallo argumenta que, al realizar un desglose de la petición requerida por Amelia Rueda se observa que esta sí es información pública y que no se estaría dando, como alegaron las autoridades recurridas, una obstrucción del proceso judicial abierto con respecto al tema de las visitas de Ohana Beladel a Casa Presidencial.
“Para la Sala Constitucional, es deber de la Administración procurar la documentación pedida y tenerla a disposición de los amparados de modo oportuno, lo que satisface el derecho a la información”, subraya la sentencia dada a conocer este martes.
Debido a lo anterior, los magistrados declararon con lugar el recurso de amparo interpuesto por el medio contra los ministerios de Comunicación y Presidencia.
Los altos jueces también dispusieron que los periodistas reciban la información requerida en un plazo de 10 días.
La causa se tramitó bajo el expediente 23-019665-0007-CO, en el cual se analizó la violación de la libertad de prensa y el acceso a la información de carácter público.
Cuestionamientos. Las visitas de la mujer a Casa Presidencial
fueron objeto de cuestionamientos desde julio del 2023, cuando el empresario Leonel Baruch, accionista del medio de comunicación CRHoy, denunció penalmente al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por intervenir en el proceso de custodia de sus hijos.
Ante la Fiscalía, Baruch argumentó que el gobernante ejerció una presión indebida sobre la expresidenta del Patronato
Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, para que actuara en favor de su esposa, Yafit Ohana, en un caso “que afecta y sigue afectando” a sus hijos.
Baruch y Ohana están separados desde hace más de cinco años y están en un proceso de divorcio, indicó el empresario en un comunicado.
El también accionista del Banco BCT alegó que el mandatario habría incurrido en un segundo tráfico de influencias al ejercer otra presión indebida sobre la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Adilia Caravaca, para que esa entidad coadyuvara en favor de Ohana en un caso de violencia doméstica, el cual Baruch calificó como falso.
A todo esto se suma que la mujer se reunió dos veces con Chaves en Casa Presidencial, los días 20 de julio y 6 de octubre del 2022.
Adicionalmente, ella visitó Zapote los días 12 y 16 de setiembre del 2022, para entrevistarse con el entonces asesor presidencial y actual jefe de despacho del gobernante, Gabriel Aguilar.
El ministro Rodríguez reveló que el presidente delegó a Aguilar la tarea de dar seguimiento a las propuestas planteadas por Ohana durante esas reuniones.
Aguilar es el funcionario que, según López, la llamó en marzo del 2023 para pedirle que procediera “con cuidado” respecto a un caso vinculado con los hijos de Baruch y su proceso de divorcio.
Ohana, por su parte, argumentó que las visitas a Zapote fueron con el fin de hablar sobre cómo mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos y sobre la tasa de VIH en el país.
Afirmó que nunca se abordaron temas relacionados con su divorcio, ni con su situación personal, y negó que haya pedido intervención presidencial en sus procesos “de ningún modo”.
“PARA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PESE A QUE SE DIO RESPUESTA TARDÍA AL MEDIO, NO SE PUEDE TENER COMO SATISFECHO EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. A CRITERIO DE LA SALA, LA JUSTIFICACIÓN BRINDADA POR ESA AUTORIDAD NO RESULTA APLICABLE PARA LOS PUNTOS SOLICITADOS POR LA PARTE RECURRENTE”. “PARA LA SALA CONSTITUCIONAL, ES DEBER DE LA ADMINISTRACIÓN PROCURAR LA DOCUMENTACIÓN PEDIDA Y TENERLA A DISPOSICIÓN DE LOS AMPARADOS DE nd MODO OPORTUNO, LO QUE SATISFACE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN”. Fallo Sala Constitucional