Expresidente Carlos Alvarado declaró ante Fiscalía por caso UPAD
Carlos Alvarado, expresidente de la República (2018-2022), declaró el pasado viernes 19 de abril ante el Ministerio Público por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), en el cual figura como investigado por el presunto delito de violación de datos personales.
Según informó la defensa del exmandatario, Alvarado declaró que, durante su gobierno, no se llevó a cabo ningún acto de espionaje desde la UPAD, oficina que tenía su sede en Casa Presidencial.
El expresidente Alvarado alegó que el único propósito del análisis de datos fue desarrollar una política pública precisa, basada en evidencia e identificación de las necesidades de la sociedad, de acuerdo con las prácticas de gobiernos de países desarrollados.
Asimismo, aseguró que el uso de datos se orientó hacia el interés público, sin comprometer la privacidad de las personas, ya que nunca se actuó de manera clandestina ni se compartió información sensible en foros o con organizaciones.
“Durante mi mandato, nunca se instruyó a ninguna persona para espiar a un costarricense o habitante de la República. No hubo malversación de fondos ni venta de información ni se obtuvo beneficio ilegal alguno derivado de la operación del equipo de análisis de datos”, afirmó el exmandatario.
El expediente bajo el que se investiga al expresidente se encuentra en la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción, órgano al que fue trasladado luego de que Alvarado finalizara su mandato.
Anteriormente, cuando el caso inició, se tramitó bajo la Fiscalía General, única con la facultad de investigar a figuras con investidura especial, como lo es un presidente.
‘Excesos’. Rodolfo Brenes, codefensor de Alvarado y quien estuvo presente durante la diligencia, señaló que, a lo largo del proceso, ha habido una serie de “excesos” por parte de la Fiscalía General, los cuales han retrasado el avance de la investigación.
Brenes también enfatizó que, si la Fiscalía quiere avanzar en el proceso, al menos en lo que respecta al expresidente Alvarado, debe dar seguimiento a la acusación que se presentó hace dos años.
En febrero del 2022, el Ministerio Público acusó a Carlos Alvarado Quesada y al exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, por el presunto delito de prevaricato, en concurso ideal con un delito de fraude de ley y otro más de abuso de autoridad.
Precisamente, esa acusación está relacionada con el decreto de creación de la UPAD, bajo el argumento de que no se ajustó a los procedimientos adecuados, pues no fue remitido al Departamento de Leyes y Decretos, con el fin de analizar su procedencia, cuadro fáctico y legalidad.