“Los anticonceptivos de emergencia son medicamentos esenciales para las víctimas de violencia sexual”, enfatizó Larissa Arroyo, de Acceder.
Unos 500 embarazos en menores de 15 años se reportan cada año en el país
La asociación Acceder insta al Gobierno para que todas las mujeres, pero principalmente quienes han sido víctimas de violencia sexual (incluyendo las niñas y adolescentes), tengan acceso a anticonceptivos de emergencia.
Estos medicamentos fueron incluidos en la lista modelo de fármacos esenciales que cada dos años actualiza la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se trata de levonorgestrel o la llamada “pastilla del día después”, que servirá como método no solo a quienes han sido víctimas de violencia sexual, sino por un accidente con un método de barrera como el condón o el olvido en la toma de anticonceptivos regulares.
“Esto ha sido una batalla de años, Costa Rica es el único país de la región en no asegurar el acceso a la anticoncepción de emergencia para todas las mujeres. Nicaragua y El Salvador prohíben el aborto, pero en sus farmacias se puede comprar la anticoncepción de emergencia”, advirtió Larissa Arroyo, abogada de la asociación.
Ese medicamento contiene el mismo ingrediente que las pastillas anticonceptivas. De hecho hay un método de emergencia (llamado Yuzpe) que emplea la ingesta de anticonceptivos.
La diferencia es que este medicamento no solo consigue la prevención del embarazo, sino que existan menos efectos secundarios.
Unas 500 menores de 15 años se convierten en madres cada año en el país. Al darle a este medicamento un carácter esencial reduciría esa cifra, ya que el aborto terapéutico es para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre.
En los casos de la comisión de violaciones existe un protocolo del Poder Judicial para la atención de víctimas; sin embargo, solo cubre a mayores de 15 años, por lo que tratándose de niñas embarazadas, quedan vulnerables.
“Dramas terribles de niñas embarazadas se podrían prevenir si tuviéramos personal de salud capacitado y si se les garantizara el acceso a la anticoncepción de emergencia”, comentó Arroyo.
El tema se denunció en un informe sombra a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con el objetivo de recordarle al Estado su deber de ajustar su normativa.
Se solicitó una reacción ante el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, al cierre de esta nota no hubo respuesta.