HERVIDERO EN JUNTA DIRECTIVA DEL BCR PARALIZARÍA GRANDES PROYECTOS
Nombramientos no agilizaron toma de decisiones, solo generaron críticas
El nombramiento de una nueva junta directiva del Banco de Costa Rica (BCR) no garantizó la paz a lo interno de esa institución, por el contrario, creó un hervidero que postergaría millonarios proyectos.
El fideicomiso para la ampliación de la carretera San José-San Ramón y el acuerdo firmado con la Caja de Seguro Social para construir 30 áreas de salud y 22 sucursales también se verían afectados.
Asimismo, la investigación política y judicial que salpica al BCR, paralizaría la construcción de la nueva sede de la Asamblea Legislativa y un nuevo edificio para la UCR.
Esas y otras obras requieren la toma de decisiones por parte de los nuevos directivos, los cuales han sido criticados por estar relacionados en casos que podrían minar su autoridad ante la opinión pública.
Los nuevos directivos evitarían tomar decisiones para no aumentar el calor en torno al hervidero en el BCR, sobre todo ahora que existe una excesiva fiscalización de las decisiones del banco, no solo de actores políticos en campaña sino además por parte de la Contraloría y de las autoridades judiciales.
Haydée Mendiola tuvo que renunciar tras darse a conocer que aparecía como accionista de la empresa Bouleaux Consulting Corporation, sociedad creada en un paraíso fiscal, en las Islas Vírgenes Británicas.
Luis Diego Vargas mantiene una deuda por más de ¢10 millones con la Caja, mientras que William Calvo fue vetado anteriormente por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, como eventual miembro de la junta directiva del Banco Central, por no contar con los atestados en materia de banca y finanzas.
Los otros nombramientos de Adriana Céspedes, Shirley González, Abel Salas y Carlos Alberto Hernández no crearon tanta ebullición en el Congreso.
Con todas estas críticas Solís habría fracasado en bajar la intensidad a lo interno del banco.
La entrada y salida de los directivos se dio en momentos en que el Ministerio Público investiga un posible tráfico de influencias en dos préstamos, uno por $30 millones que el BCR hizo al importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños, y otro de $35,3 millones a Coopelesca.