AMPLIACIÓN DE RUTA 32 SALDRÁ MÁS CARA POR ATRASO DEL GOBIERNO
Orden de inicio se giró sin importar que existen 1.400 expropiaciones pendientes
La ampliación de la ruta 32 a cuatro carriles podría encarecerse en varios millones de dólares por culpa del Gobierno, que giró la orden de inicio el lunes anterior del proyecto, sin tener listas las expropiaciones y la relocalización de los servicios, entre otras tareas.
Diputados y empresarios limonenses critican a la administración Solís Rivera por lanzar falsas expectativas en cuanto a la culminación de la vía en 34 meses, tal y como lo establece el contrato firmado con la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC).
En estos momentos, es imposible saber cuánto aumentaría la obra — valorada en $451 millones—, sin embargo, una vez que la constructora empiece a tener problemas de atrasos por culpa del gobierno, podría solicitar una indemnización millonaria, tal y como ha sucedido en otros planes viales.
La multa en todo caso aumenta en varios cientos o miles de dólares diarios.
El contrato firmado con CHEC establece una fórmula de compensación en caso de que la compañía no cumpla con lo estipulado, pero al mismo tiempo, hay eventos compensables, reclamaciones y controversias, que podrían sancionar al Estado por no brindar todas las condiciones necesarias para el desarrollo de la obra de infraestructura.
“Como limonense me siento muy contento porque al girarse la orden de inicio, ya no hay vuelta de hoja al proyecto y las dos partes están comprometidas a terminarlo; sin embargo, hay una cantidad de labores pendientes del Estado que podrían no cumplirse en el plazo y eso se traduce en un encarecimiento de la obra”, dijo Randy Gordon, secretario de la Cámara de Comercio y Turismo de Limón.
El Presidente tomó la decisión de arrancar, dejando comprometido al próximo gobierno, cuando “es irreal la pronta ejecución por la falta de concretar importantes detalles”, agregó Ramiro Crawford, director de la Revista Limón Roots.
El problema para el Estado, es que en estos momentos hay unas 1.400 expropiaciones pendientes, así como 700 invasiones al derecho de vía no resueltas, de acuerdo con el MOPT, quien espera que dos reformas planteadas a la ley —en 2014 y 2017— ayuden a hacer más expedito el proyecto.
Sin embargo, abogados en esta materia, señalaron a LA REPÚBLICA la semana pasada, que las modificaciones legales no han tenido un efecto positivo.
“Buena parte del beneficio de los cambios ha sido modesto, ya que existe más que todo en el papel. Los proyectos a menudo se atrasan por la falta de recursos, tanto administrativos como judiciales”, dijo Natiuska Traña, asociada de Pacheco Coto.
Otro aspecto que podría atrasar la obra es la necesidad de realizar un estudio arqueológico para descartar la destrucción de reliquias indígenas.
Por si eso fuera poco, también se deben relocalizar servicios públicos de energía, acueducto, oleoducto y hasta Internet y en estos momentos, no existe claridad sobre esta labor, a pesar de que el Congreso aprobó el contrato desde febrero de 2015.
Los legisladores planean hacer una investigación en la comisión de control y gasto público, ya que la decisión del presidente Luis Guillermo Solís de iniciar el proyecto sin tener las condiciones necesarias, se traducirá en un perjuicio para la hacienda pública.
En ese sentido, sugieren que su intención es “electorera”.
“Se debe realizar un exhaustivo control de los recursos públicos. No es posible que se dé la orden de inicio de una obra de gran envergadura y de vital importancia para el país sin que estén culminados los procesos de expropiación que generarían serios atrasos y un encarecimiento de la misma, como ya ha pasado en la ejecución de otros proyectos”, dijo Rolando González, diputado del PLN.